La estructura legal de la paz debe levantarse junto a la oposición y condicionarse a la refrendación
No obstante la distancia que por lo pronto han marcado las Farc frente al proyecto para darle facultades especiales al Presidente y crear una comisión legislativa que tramite las reformas que sean necesarias para la implementación de lo que se acuerde en Cuba, es innegable que el saber que se ha llegado a este punto del camino genera expectativa e ilusión.
Como si, tras meses en los que los colombianos vieron remover duros escollos y en los que se llevaron a cabo delicadas y esmeradas labores de ingeniería para garantizar que el terreno sea firme y estable, comenzaran por fin a ver cómo llega la maquinaria a cargo de la pavimentación. Desde luego, y siguiendo con la metáfora, siempre conscientes de que para alcanzar el anhelado destino aún falta construir uno o tal vez más puentes.
Pese a lo que todavía resta, es claro que superados ya varios obstáculos que en su momento lucían insalvables, la esperanza va en aumento. Sentimientos positivos que se alimentan también del hecho de que tal iniciativa cuenta con un respaldo mayoritario de los partidos, con la sensible excepción del Centro Democrático, que lidera el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez.
Y la calificamos de sensible en tanto tenemos la certeza de que su participación es muy importante para que el barco de la paz llegue a buen puerto. En este sentido, han trascendido los acercamientos que, a instancias del Gobierno de Estados Unidos, se han producido entre el mismo Uribe y el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle. Pero al tiempo, también han circulado declaraciones de miembros de dicha colectividad que moderan el eventual entusiasmo; insisten en que, dicho coloquialmente, se les muestra la tarea ya hecha.
El llamado aquí es a encontrar la manera para que se produzca una búsqueda conjunta de consensos, que sin duda los hay, entre el partido uribista y el Gobierno respecto a los temas que se discuten en la mesa. Esto, en aras de otorgarles un rol más activo que dentro de su postura crítica les permita aportar lo suyo en la construcción del andamiaje legal de la paz, aspecto fundamental, pues, hoy por hoy, como lo han señalado distintas voces, la más reciente la del presidente del BID, Luis Alberto Moreno, la mesa de la paz para sostenerse necesitará también de la pata que corresponde a este sector de la sociedad, la segunda fuerza electoral del país, de acuerdo con los resultados de las pasadas elecciones presidenciales.
Dicho esto, hay que hacer otro llamado. Y es a que las facultades especiales de las que gozará el Presidente se mantengan dentro del estricto marco del proceso de implementación de los acuerdos que deben ser de dominio público. Sobra decir que el paso que va a darse es necesario, pero demanda especial cautela y que, en esa medida, para evitar que resulte en falso hay que jugársela toda por la transparencia. La posibilidad de ponerle fin a un conflicto de más de medio siglo justifica poner a disposición del Ejecutivo este tipo de herramientas y se puede decir que las condiciones para su uso dan tranquilidad.
En esta dirección, es preciso que la vigencia de estas disposiciones no deje de estar condicionada a la refrendación. Que la última palabra la tenga la gente.
