El dictamen de los médicos hirió su alma, así como la explosión de la mina dejó cicatrices en su cuerpo y en su pequeña hija. Angie, que nació pobre pero sana en una alejada vereda de Guaviare, vivirá ciega por el resto de su vida y enfrentada a una dura discapacidad.
La niña tiene tres años y dice que solo ve sombras e imágenes difusas por un solo ojo. Nada más. En diciembre pasado, tras un esfuerzo para viajar desde su vereda del municipio de El Retorno a Bogotá, para una revisión, los doctores le dieron una mala noticia a la madre.
«Me dijeron que por ahora no hay nada que puedan hacer, la última esperanza es una operación cuando sea más grande pero que mejor no ilusionarse… las esquirlas de la mina le dañaron un ojo y es casi seguro que pierda la poca visión del otro de a poco», relata afligida Luz Yaneth Angarita.
A pesar de su tragedia, la niña parece feliz, ríe mucho y juega. Tal vez, como dice su madre con resignación, porque no recuerda ni es consciente de lo que le ocurrió el 28 de enero de 2011, cuando su madre caminaba a su parcela a ordeñar unas vacas junto a sus hijos.
En sus brazos cargaba a la niña de 15 meses de nacida, cuando la mina antipersonal instalada por la guerrilla explotó a su paso. La pequeña sobrevivió, como ocurrió con otros 783 menores de edad desde 1990. No tuvieron esa suerte los 269 que perdieron la vida. Los casos de nueve menores que este año murieron o resultaron heridos en Antioquia, Cauca y Putumayo sumaron para superar las mil víctimas menores de edad.
Antes, se había alcanzado el deshonroso récord de 10 mil víctimas. Van acumuladas 10.253 hasta febrero de 2013: 3.895 son civiles y 6.358 miembros de la Fuerza Pública. Estas cifras ubican a Colombia como el segundo país del mundo con más población afectada. Solo lo supera Afganistán, un país azotado por un conflicto internacional.
Por esta realidad cobra importancia la conmemoración hoy del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, establecido por la ONU para rechazar estos artefactos explosivos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario. El objetivo es visibilizar el problema, buscar soluciones y la solidaridad con las víctimas.
Según el director del Programa Presidencial contra Minas Antipersonal (Paicma), Daniel Ávila Camacho, las campañas preventivas con poblaciones vulnerables disminuyeron los accidentes en los últimos años.
Caen más niños víctimas
El alto riesgo se mantiene porque las guerrillas usan estas armas no convencionales para atentar contra las tropas, proteger campamentos y evitar la erradicación de cultivos ilícitos.
A la instalación indiscriminada de minas y el uso de explosivos por las Farc y el Eln en caminos veredales, zonas habitadas sembradas con coca, incluso, cerca de escuelas, es la causa de un aumento de la afectación a niños y jóvenes.
«La cifra es escalofriante. Han sido más de mil vidas, mil sueños truncados por estas armas inhumanas. Los que sobrevivieron no solo quedaron mutilados, ciegos o sordos, sino que se enfrentan a un mundo que nunca pensaron vivir, la discapacidad», se lamenta Ávila.
Esa fue la tragedia que se vivió el pasado 8 de marzo en la vereda las Cabañitas de Puerto Asís (Putumayo). Ese día una niña de tres meses murió y otra menor de 14 años perdió las piernas por la explosión de una mina, mientras que la madre sufrió trauma auditivo y visual.
La atención y rehabilitación de estas víctimas es un reto con muchas tareas pendientes, según estudiosos del tema como Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana Contra Minas, Ong que trabaja en la atención de esta población.
Su análisis indica que «Colombia ha logrado fortalecer la red de atención en la emergencia médica para salvar vidas, hay avances en prevención, pero hay falencias en la rehabilitación y la reincorporación de los sobrevivientes a la sociedad».
Ese es el drama que hoy enfrentan miles de víctimas como la niña ciega de aquella vereda de Guaviare. Para Luz Yaneth Angarita se complica costearse el viaje desde su remoto hogar a Cali o Bogotá con su hija de tres años para asistir a citas médicas y terapias físicas y sicológicas.
«A veces la familia no puede reunir el dinero para la alimentación y alojamiento nuestro varios días en la ciudad, o me queda difícil dejar a mis otros tres hijos pequeños porque no hay quién los cuide», cuenta la madre de la niña discapacitada.
«La mayoría de los sobrevivientes son amputados, ciegos o sordos que pierden sus trabajos. Si es campesino no puede volver a trabajar el campo y debe sobrevivir en una ciudad donde están las instituciones de rehabilitación, casi siempre sin recursos. Los planes de salud actuales no cubren todas las necesidades», explica Luz Stella Navas, coordinadora de la Campaña Colombiana Contra Minas.
Como si la tragedia de estas víctimas fuera poca, «hay obstáculos para acceder a estudio y hasta a créditos para empezar proyectos productivos», narra Reinel Barbosa, mutilado de una pierna hace cinco años.
Una amenaza nacional
Las minas antipersonal representan una amenaza si se tiene en cuenta que en el 65 por ciento de los municipios del país se han presentado accidentes. A eso se suma que en promedio estas armas prohibidas matan o mutilan a más de una persona por día, en promedio. Lo prueba que en 2012 fueron 479 víctimas (221 civiles y 258 militares).
En la actualidad presentan riesgos Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander y Tolima. El Gobierno prioriza en esas regiones las campañas preventivas en escuelas, con campesinos e indígenas en sus resguardos.
El problema genera tal preocupación, que ayer en un debate en la Cámara de Representantes sobre la situación crítica en Putumayo, donde en el último año van 38 víctimas, se reiteró el llamado para que se discuta en la mesa de negociación en Cuba el fin del uso de las minas.
«A pesar de las acciones para mitigar el problema, mientras haya conflicto habrá víctimas. Se propuso buscar acuerdos con las Farc mientras se concreta un acuerdo de paz para hacer desminado humanitario en el país, que revelen dónde están estos artefactos y que no se instalen cerca a la población civil», aseguró Álvaro Jiménez tras asistir al debate en el Congreso.
Hasta ahora, el rechazo y el clamor del país para que abandonen las minas no ha sido escuchado por la guerrilla. En entrevista con este diario en febrero, Rodrigo Granda, negociador de las Farc en el proceso de paz reconoció su uso a pesar de su prohibición. «Utilizamos el armamento popular y una cuestión fundamental para detener la tropa son los minados. Ahí se han presentado verdaderos accidentes dolorosos, estamos cuidándonos de no ponerlos en partes donde se ponga en riesgo a la población civil».
Pero hasta ahora, eso no remedia nada. Las trampas explosivas siguen enterradas a la espera de matar o mutilar un soldado, un campesino o un niño.
Entrevista
Hay logros y avances, pero el mal no da tregua
DANIEL ÁVILA CAMACHO
Director Programa Presidencial contra Minas Antipersonal
¿Disminuyeron las accidentes, pero aumentaron casos de niños y jóvenes víctimas?
“Las minas continúan afectando a la población civil. En los últimos años advertimos una mayor afectación a la población indígena y afrodescendiente. El caso de los menores es lamentable y estamos trabajando en prevención con Bienestar Familiar. Se destinaron 1.700 millones pesos para un programa de prevención del riesgo y comportamientos seguros con el Ministerio de Educación en 94 municipios con alto grado de amenaza”.
¿Qué tanto afecta el problema la meta de restitución de tierras?
“Es indudable que la presencia de estos artefactos son un obstáculo en varias regiones para permitir el retorno de población desplazada y a partir de este proceso recuperar productivamente esas zonas rurales. El desminado humanitario ayuda a recuperar esos territorios, pero solo se puede hacer en zonas seguras, por eso urge un acuerdo de paz para avanzar en la erradicación de las minas y que no se instalen más”.
¿Cómo va el desminado humanitario?
“Hay solicitudes desde muchas regiones muy afectadas para iniciar el desminado humanitario como Antioquia, Meta, Nariño, Cauca, Córdoba, Caquetá, Bolívar y Putumayo. Se requieren condiciones de seguridad. Ahora se ejecuta esta intervención en Granada, San Francisco (Antioquia); El Carmen, San Jacinto y Zambrano (Bolívar); Samaná (Caldas); El Dorado, Vistahermosa (Meta) y El Carmen de Chucurí (Santander) y otro en Tolima”.
Este año se esperaba la llegada de organizaciones internacionales de desminado…
“Estamos en un proceso de acreditación de la capacidad de esas organizaciones no gubernamentales que nos pueden ayudar mucho a avanzar en el tema”.
EN DEFINITIVA
Las minas antipersonal instaladas por guerrillas amenazan la vida de los niños en las zonas rurales de Colombia. Desde el año pasado se presenta un incremento de víctimas menores de edad.
