El concepto que aparece con más frecuencia a lo largo de los acuerdos alcanzados hasta ahora en La Habana es el de la participación ciudadana. Esto significa que la reforma rural integral acordada en el primer punto de la agenda, los programas de sustitución de cultivos ilícitos o las medidas que se adopten para reparar a las víctimas, entre otros temas, requerirán que la ciudadanía se movilice para decidir la forma en que se pondrá en marcha la implementación de estas políticas. Tal movilización deberá involucrar a la población que vive en las zonas más golpeadas por el conflicto, al igual que a muchos otros sectores de la sociedad, sobre todo si se entiende la construcción de la paz como una oportunidad para llevar a cabo grandes cambios.
Sin embargo, en un contexto de desconfianza y de múltiples conflictos como el que tiene el país y que se traduce en obstáculos importantes para la participación, esta no siempre logra los niveles y calidad que se requieren para desarrollar los procesos de deliberación como los que precisa la construcción de la paz. Por tanto, será necesario recurrir a acciones innovadoras que permitan superar estos obstáculos, cambiar las formas de relacionamiento de la ciudadanía y generar una mayor inclusión ciudadana en las diferentes fases de la gestión pública. Durante los últimos años, las tecnologías de la información y las comunicaciones han mostrado su capacidad de contribuir al logro de tales objetivos.
Estas tecnologías se han posicionado como un eje fundamental en los procesos de movilización ciudadana a lo largo del mundo. Su impacto fue fundamental en crisis políticas como las de Irán, Túnez y Egipto a partir de su contribución a coordinar a diferentes actores en torno a los espacios físicos de reunión, la difusión de videos y audios de los acontecimientos diarios, o los foros de discusión en blogs y redes sociales que terminaron motivando a muchos otros ciudadanos a unirse a la movilización. En Islandia, de forma similar, luego de la crisis financiera de 2008 se abrieron múltiples espacios virtuales para la deliberación ciudadana a los que se vincularon cientos de miles de personas, y que culminaron en reformas legales.
Pero no solo en momentos de turbulencia política y económica se usan estas herramientas. También han contribuido a recoger información de forma rápida para atender víctimas de desastres naturales en el sureste asiático y georeferenciar datos sobre deforestación en el Amazonas, como lo hizo la comunidad indígena Surui en una alianza con Google, con lo que han facilitado la acción por parte de las autoridades. De igual forma, cada vez son más utilizadas para apoyar con asistencia técnica e información a los campesinos en sus procesos productivos, o para agilizar la toma de decisiones colectivas en escenarios de planeación del desarrollo local y en los que se discute la asignación de rubros del presupuesto público. Casos como el de los presupuestos participativos digitales en la ciudad brasilera de Belo Horizonte son de los más destacados.
Ejemplos como estos muestran que las tecnologías de la información y las comunicaciones no solo facilitan la tarea de informar a la ciudadanía acerca de las decisiones de política, sino que también la hacen partícipe, permiten el desarrollo de proyectos de colaboración entre ciudadanía y autoridades y, finalmente, empoderan al ciudadano acerca de la construcción de lo público.
Es en ese ámbito donde cobran importancia las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para la construcción de la paz. La participación ciudadana, como está establecida en los acuerdos de La Habana, implica retos enormes. Uno de los más importantes es lograr una participación verdaderamente incluyente; que todos los ciudadanos sientan que existe una oportunidad real de vincularse a espacios de participación y que esta les permite incidir en la forma como se construye la política pública en el país; es decir, cambiar la idea de que la participación privilegia solo a algunos actores.
Otro reto importante es lograr que la ciudadanía participe en el control a la gestión pública. Una de las preocupaciones con la llegada de grandes cantidades de recursos como las que se requerirán para las transformaciones territoriales asociadas a la construcción de la paz, es la corrupción. Sin embargo, se ha mostrado que en la medida en que los ciudadanos participen de forma más activa en la toma de decisiones y en el seguimiento a los planes y programas que se llevan a cabo sobre sus comunidades, es menor el riesgo de que haya un uso indebido de los recursos públicos o de que estos se terminen perdiendo. Algunas experiencias recientes de nuevas tecnologías diseñadas para el seguimiento a la implementación de políticas muestran su aporte en empoderar a la ciudadanía, mejorar los indicadores de ejecución y, por ese camino, reducir la corrupción.
Hacer que la ciudadanía no sea una simple receptora de decisiones que se toman en otros niveles, sino que realmente participa en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas obliga a enfrentar estos retos. De esta forma, una apuesta por las nuevas tecnologías, orientadas hacia una mayor y mejor participación ciudadana, contribuye a los cambios que requiere el país de cara a la construcción de la paz.
En un futuro escenario de construcción de paz, la ciudadanía debería recibir información sobre espacios de participación a través de mensajes de texto, poder priorizar proyectos desde sus teléfonos celulares, o ver los avances de la implementación de los acuerdos en pantallas de fácil acceso para todos. Igualmente, a partir de nuevas aplicaciones para dispositivos móviles, deberá ser posible recolectar información de forma masiva sobre presencia de cultivos ilícitos, o sobre la situación de los desmovilizados. Más aún, estas tecnologías tienen potencial para contribuir al trabajo que vienen desarrollando los medios convencionales, como es el caso de las emisoras comunitarias.
Así, los espacios que crean las nuevas tecnologías para la participación son hoy un complemento esencial a los espacios presenciales y herramientas físicas con los que históricamente se ha desarrollado la participación ciudadana.
Sus instrumentos permiten ir mucho más allá de las fórmulas que han impedido una mayor inclusión e incidencia ciudadana en las políticas, y crean innumerables posibilidades para empoderar a la ciudadanía y llevar a cabo una gestión pública que refleje fielmente los intereses ciudadanos. En el contexto actual del país, por tanto, una apuesta por las nuevas tecnologías para la participación ciudadana es una apuesta por una democracia más amplia y por la construcción de la paz; justamente lo que se persigue con la futura implementación de los acuerdos de La Habana.
