No sería lógico gastar más de un año de diálogos en La Habana para llegar a acuerdos que solo signifiquen que hay que comenzar a dialogar de nuevo.
El argumento es contundente. Una constituyente, observó Humberto de la Calle –jefe de la delegación gubernamental en La Habana–, “más que un mecanismo de refrendación” sería “un escenario de nueva deliberación” (Semana, 15-6-13). Si se llegase a un acuerdo en La Habana, la constituyente significaría comenzar a dialogar de nuevo. Y abriría las puertas para que se revisase todo lo pactado.
Estas son razones eminentemente prácticas y políticas.
De cumplirse con los tiempos trazados por el Gobierno, habrá pasado más de un año en esta nueva ronda de negociaciones con la guerrilla. No nos encontramos en estado de suspensión, pues la agenda pactada para los diálogos en Cuba es bastante acotada. Pero si su meta fuese embarcarnos en otro revolcón, la nación quedaría inmersa en una ruta peligrosa de incertidumbre, de limbo institucional, con nefastas consecuencias de corto plazo, sociales, económicas y políticas.
Son razones que presuponen, además, un principio fundamental: lo pactado en los encuentros del 2012 entre los delegados del Gobierno y de las Farc fue con el objetivo de “alcanzar un Acuerdo Final para la terminación del conflicto”. Y “pronto”, “en el menor tiempo posible”.
Una constituyente dejaría sin sentido los diálogos en La Habana.
Importa, pues, no desviar la atención hacia otros argumentos que solo sirven para confundir la ruta ya trazada por los acuerdos iniciales.
He leído varias veces el texto acordado el año pasado por los delegados del Gobierno y de las Farc, con representantes de los gobiernos de Cuba y Noruega como testigos, y no encuentro allí que la naturaleza de la Constitución de 1991 esté en discusión. Pero en su respuesta a De la Calle (en semana.com), es allí donde las Farc centran buena parte de su razonamiento.
Quizás era de esperarse. Claro. Es parte integral del discurso justificatorio de la existencia de la lucha armada. Sin embargo, los diálogos en La Habana no deben convertirse en un debate sobre la Constitución de 1991. Este es sí el marco constitucional de las conversaciones en Cuba. Hay que saber defenderlo, por supuesto. Y es preciso recordar siempre las sabias advertencias de Jesús Antonio Bejarano contra el falso juego de las ilegitimidades equiparadas.
Todas las constituciones son reformables. Todas tienen defectos, aquí y en la Patagonia. Pero el orden constitucional no está incluido en la agenda acordada para las negociaciones en La Habana. Estas no deben desbordarlo, que es lo que ocurriría con la tal constituyente.
Me parece así mismo débil argumentar contra la constituyente porque dizque esta se convertiría en el escenario de una contrarreforma orquestada por la extrema derecha. Aceptado el mecanismo, ¿cómo objetar de antemano la eventual decisión de quienes logren tal vez conquistar las mayorías?
Lo objetable aquí es el mecanismo de la constituyente por profundas razones prácticas y políticas, que parten de la legitimidad de lo existente. El razonamiento inicial del artículo de De la Calle en Semana es, insisto, contundente. El Gobierno debe elaborar más este argumento y evitar recaer en discusiones interminables sobre las bondades de la Constitución de 1991.
No sería lógico gastar más de un año de diálogos en La Habana para llegar a acuerdos que solo signifiquen que hay que comenzar a dialogar de nuevo. Notables analistas han observado la necesidad de refrendar los acuerdos. Ello, efectivamente, está contemplado en el punto 6 de la agenda acordada por las Farc y por el Gobierno. Y, como el mismo De la Calle advirtió, la constituyente no equivaldría a una “refrendación”, sino a otro nuevo escenario de deliberación.
