Tras año y medio de intensos debates, el Gobierno y las Farc alcanzaron un acuerdo definitivo en el punto quinto de la agenda de negociación.
Desde que se inició el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, hace más de tres años, las partes sostuvieron que las víctimas serían el eje de la negociación. Hoy, tras más de año y medio de intensas discusiones en la mesa de diálogos, se dará a conocer la totalidad del acuerdo sobre el quinto punto de la agenda: la satisfacción de los derechos de las víctimas. Y para cumplir y honrar ese postulado, diez de ellas, que participaron en las audiencias de la mesa, serán protagonistas de la ceremonia que se realizará en el Palacio de Convenciones de La Habana.
El acto está planeado para las 10:00 de la mañana. “Será una ceremonia solemne, muy en el sentido de honrar a quienes han sido víctimas del conflicto. No habrá asistencia de grandes dignatarios de Estado ni de figuras públicas. Participarán las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc, el grupo de víctimas y los representantes de los países garantes y acompañantes del proceso de paz”, explicó una alta fuente.
El grupo de víctimas está integrado por el general (r) Luis Herlindo Mendieta, la exsenadora Piedad Córdoba, Jineth Bedoya, Alan Jara, Luz Marina Bernal, Yaneth Bautista, María Soledad Garzón, Wilfredo Landa, Alfonso Mora y Licinia Collazos. Una muestra significativa del dolor que ha causado la guerra en Colombia, sin distinción por quienes hayan sido sus victimarios.
El evento, una vez más, fue organizado en completo secreto y poco es lo que se ha conocido de los términos en que se firmó el acuerdo. Sin embargo, en entrevista con Blu Radio, uno de los asesores jurídicos de las Farc, el español Enrique Santiago, detalló que el texto acordado deja claro que “la restricción efectiva de la libertad hasta por ocho años será tanto para guerrilleros como para miembros de las Fuerzas Militares y auspiciadores del paramilitarismo”, es decir, todos los implicados en el conflicto armado.
Según Santiago, también se acordó que la restricción será en territorio colombiano y que, por ejemplo, en el caso en que los guerrilleros, como medida restaurativa, tengan que construir un puente, serán recluidos en la zona de la obra. El jurista fue enfático en que en el acuerdo esta muy claro en que no habrá extradición “para ninguna persona que tenga oportunidad de comparecer ante el sistema de justicia a ofrecer verdad”.
Otro aspecto, revelado por el abogado español, se refiere a los agentes del Estado. “El acuerdo reconoce un tratamiento equivalente para los que no han realizado delitos políticos sino delitos de otra índole, como crímenes internacionales o delitos comunes, y evidentemente se dará un tratamiento diferente pero equilibrado”, refirió. Y sobre la conexidad de conductas al delicto político, Santiago señaló: “No se van a amnistiar los delitos que constituyan crímenes de lesa humanidad, genocidio y graves crímenes de guerra”.
En octubre pasado, El Espectador reveló que la Jurisdicción Especial para la Paz que se plantea crear, y que hoy se ratificará, estará integrada por 25 magistrados, cinco de los cuales podrán ser internacionales. En ese entonces se habló de que estos jueces serían elegidos con un mecanismo similar al de la Comisión de la Verdad, la cual primero establece un comité seleccionador integrado por un número impar de personas y que los nominados deberán tener la aprobación de las dos terceras partes del comité.
También trascendió en ese momento que el Tribunal Especial para la Paz tendrá cuatro salas: una de verdad y reconocimiento de responsabilidad, en donde se evaluarán los testimonios entregados por los postulados; una segunda que definirá la situación jurídica de los procesados, a fin de valorar si perpetraron crímenes internacionales de competencia de esta jurisdicción; una tercera encargada de acusar formalmente a estos actores de la guerra, tal cual como hoy lo hace la Fiscalía; y una cuarta dedicada a estudiar amnistías e indultos y que valorará casos de guerrilleros o agentes de la Fuerza Pública ya condenados, los delitos conexos a la rebelión, y la facultad de archivar expedientes que todavía no han sido fallados por la justicia ordinaria.
Y aunque no se conoce a ciencia cierta cómo saldrá el acuerdo de víctimas, lo cierto es que desde ya se empiezan a conocer reacciones. “El tema de las víctimas es el que más ha despertado polarización. Superar esto a través de un acuerdo sería algo muy grande. Una señal determinante para mostrar que hemos llegado a la etapa final de las conversaciones”, expresó, por ejemplo, Fabrizio Hochschild, coordinador residente de las Naciones Unidas en Colombia.
Más allá de las interpretaciones que muchos puedan tener de los detalles del acuerdo, lo cierto es que este paso acerca el país al fin definitivo del conflicto armado con las Farc. Ya lo habían dicho desde el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko: la paz es irreversible. Prueba de ello es que el punto más difícil de la negociación, que correspondía a los aspectos de justicia y reparación a las víctimas, ha sido superado.
Ahora, las delegaciones de paz tendrán un breve receso y volverán a sesionar a principios de enero, cuando la contrarreloj del acuerdo final ya se cierna sobre La Habana. El objetivo será entonces abordar el punto sobre el fin del conflicto, que implica la dejación de las armas, reincorporación de las Farc a la vida civil y cese del fuego bilateral y definitivo. Aunque, sobre este último punto, se habla de la posibilidad de que se dé a comienzos del nuevo año.
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