No es una exageración afirmar que uno de los desafíos más grandes que debe enfrentar el Estado colombiano en esta década es la reparación de las víctimas del conflicto armado. Hacerlo permitirá subsanar una deuda histórica, sin duda, pero sobre todo implica levantar un pilar fundamental de una paz estable y duradera.
El país viene de tiempos en los que cualquier esfuerzo por reconocerlas acarreaba el riesgo de terminar convertido en blanco de señalamientos movidos por infames prejuicios, cuando no de balas asesinas. Por eso, el solo hecho de que todos los 9 de abril estén dedicados a rendir homenaje a quienes pueden relatar en primera persona los horrores del conflicto ya es una ganancia que hay que valorar.
Por supuesto, este gesto simbólico, aunque importante y poderoso, no es suficiente. El corte de cuentas que con motivo de esta fecha tiene lugar muestra avances importantes, pero deja claro que apenas se han dado los pasos iniciales de un largo camino.
De ahí que la primera tarea haya sido levantar las bases de todo un andamiaje institucional necesario, si se pretende que la reparación sea efectiva, prolongada y equitativa, que no haya lugar a abusos.
Ya se puede hablar de avances: la aprobación de la ley que le da herramientas a esta política se debe contar entre ellos, pero todavía falta para que la dinámica de la reparación alcance velocidad de crucero. Para esto, es vital, como el mismo Presidente lo ha señalado, que exista tanto coordinación entre las instituciones involucradas como sincera voluntad de los funcionarios que tienen en sus manos tamaña responsabilidad.
En cualquier caso, los desajustes y los tropiezos, que no han faltado, no pueden opacar el que 353.174 colombianos que han vivido en carne propia los rigores del conflicto hayan sido reparados. Ellos han recibido cerca de 2,2 billones de pesos. Son seis millones y, desde luego, falta mucho por hacer, pero lo importante es que ya se comenzó a aplicar una política que tiene la virtud de no limitarse a sanar, hasta donde sea posible, las heridas –sin pretender nunca borrar las cicatrices–, sino que, además, busca darles a los beneficiarios herramientas suficientes para que puedan dar un salto significativo en su calidad de vida.
Así, pues, hoy hay que celebrar el que las víctimas de este largo conflicto ya tengan un lugar en el debate público, que son un actor visible. Pero el trecho ganado no está asegurado. Por eso debe hacerse un contundente llamado a que la reparación sea una política de Estado que no esté sometida a los vaivenes del juego político.
Nada mejor que los resultados para que esto se concrete y para que se disipen, de una vez por todas, las dudas, muchas de ellas alimentadas por los que solo piensan en las próximas elecciones y muy poco en las próximas generaciones.
Es verdad, es audaz, pero justo a la vez, comenzar ya una tarea que suele estar reservada para el posconflicto. Es una manera de aclimatar la paz. No será posible romper la espiral de violencia y venganza sin un consenso amplio y real sobre la necesidad de darles a las víctimas el lugar y el trato que se merecen. Este incluye recuperar la verdad histórica, promover sus derechos políticos y garantizar que nadie ajeno a ellas asuma su vocería.
De la forma como esta sociedad afronte dicho desafío depende el poder pasar definitivamente la página del conflicto. El Estado tiene un reto enorme, pero, en últimas, la tarea es de todos.
