Comunidad indígena decide si las sindicadas pasan a manos de justicia blanca o de sus autoridades.
Las autoridades de los cabildos u’wa de Bócota y Rotarbaría, en Cubará (Boyacá), esperan definir a más tardar este viernes si dejan en manos de la justicia indígena o de la Fiscalía a las presuntas responsables de la tortura y asesinato a garrote de una niña de seis años y su tía.
Los hechos se registraron al filo de la medianoche del pasado lunes 4 de febrero, cuando dos hermanas, de acuerdo con los mismos nativos, llegaron a la casa en la que se encontraba Paisuná Bócota, de unos 60 años, y su sobrina.
Al amanecer del martes, familiares de las víctimas encontraron en la vivienda el cuerpo sin vida de la mujer. A su lado, tendida, llorando y con la cara desfigurada y quemaduras en las piernas, estaba la menor. La niña alcanzó a ser llevada al hospital de Saravena (a más de cuatro horas a pie), donde fue dejada por unos indígenas.
«Ella solo contó que le pegaron con un garrote. Dijo que no ‘sapeaba’ porque la mataban», relató una de las personas que tuvo acceso a ese diálogo. Al amanecer del miércoles, la niña falleció.
Según un líder u’wa, el doble crimen habría sido cometido «por un lío de tierras, más un poco de celos y chismes».
Este crimen generó el repudio de la comunidad u’wa, de más de 5.000 indígenas, y llevaron a sus autoridades a designar una comisión para que buscara a los responsables.
Después de que las sindicadas sean escuchadas, las autoridades de los dos cabildos y los werjayas (sabios), acompañadas por el Cabildo Mayor, deberán decidir si asumen el caso o se lo dejan a la Fiscalía.
El líder u’wa no descartó que «las responsables sean condenadas por la justicia indígena, pero que paguen la pena en una cárcel de los blancos».
Gabriel Muyuy, director del Programa Presidencial para los Pueblos Indígenas, les recomendó a los u’wa que, por la gravedad de los hechos y por estar una menor entre las víctimas, analicen la posibilidad de que la investigación sea asumida también por la jurisdicción ordinaria.
Pero según el viceministro de Justicia, Farid Benavides, la jurisprudencia de la Corte Constitucional señala que cuando el delito es cometido por indígenas, contra indígenas y en territorio indígena, la competencia es de la justicia indígena.
REDACCIÓN JUSTICIA
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