Los alcaldes de estas localidades deberán adelantar acciones administrativas tendientes a garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado en la región o exponerse a un eventual proceso disciplinario.
El llamado de atención de la Procuraduría se hizo para los mandatarios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Sucre, Bolívar, Simacota y Chima.
La instrucción es el resultado de la ejecución del Plan de Acción definido por la Comisión Regional del Ministerio Público para la Justicia Transicional creada por el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, con el fin de ejercer control y vigilancia de la efectividad a la ley 1448 de 2011, que dictó medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.
En qué se falla
En desarrollo del Plan de Trabajo de la Procuraduría, la comisión encontró que hay ausencia de caracterización de la población víctima del conflicto armado, falta de elaboración o implementación del Plan de Acción, omisión en la creación y puesta en marcha de los comités municipales de justicia transicional.
Además, que no se ha garantizado a las personerías los medios y recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones relacionadas con la implementación de la Ley de Víctimas.
Igualmente se detectó omisión en la asignación de presupuesto para la atención de víctimas del conflicto armado y su debida ejecución a partir del mes de enero y dentro de la vigencia correspondiente. Otra omisión ocurrió en la expedición del acto administrativo mediante el cual se implementen los mecanismos reparativos a los pasivos de las víctimas, al tiempo que tampoco se han implementado los mecanismos de seguridad y protección para las víctimas del conflicto.
El Ministerio Público recordó que el incumplimiento de los aspectos normativos precisados en la ley, podrá dar lugar a la activación de la función disciplinaria.
El anuncio fue dado a conocer en desarrollo de reunión de la comisión cumplida en la Procuraduría Regional Santander, a la que asistieron el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, y los alcaldes de Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca, Barrancabermeja, Lebrija, Sucre, Bolívar, Chima, Girón y Simacota.
