Quieren respaldo a las reformas al fuero militar y a la justicia penal militar, así como inclusión en los beneficios del Marco para la Paz.
No reducir en ningún aspecto las capacidades de las Fuerzas Armadas, continuar impulsando el acto legislativo sobre el fuero militar, el proyecto de armonización del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el proyecto de ley que reforma la justicia penal militar, y buscar que en el Marco Jurídico para la Paz —cuyas leyes reglamentarias deberá tramitar el Congreso— se garantice el acceso a los mecanismos de la justicia transicional de los miembros de la Fuerza Pública que hoy en día se encuentren en problemas jurídicos por motivo de sus actuaciones en el marco del conflicto armado.
Son, en concreto, las peticiones que les hizo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, a los directivos de las partidos de la Unidad Nacional —la U, Liberal y Cambio Radical— y el Conservador, con quienes se reunió ayer, acompañado de la cúpula militar y cerca de 50 altos oficiales que, sorpresivamente, se hicieron presentes. Según conoció El Espectador, ministro y generales insistieron en la necesidad de crear las condiciones para que la justicia penal militar y la justicia penal ordinaria, dentro de sus respectivas competencias, apliquen de manera eficaz y consistente ese nuevo marco jurídico inspirado en el DIH, con el fin de evitar que haya impunidad y sin entorpecer la acción legítima de la Fuerza Pública.
Y es que según Pinzón, el rol de las Fuerzas Armadas será esencial en la conservación de las condiciones de seguridad en las regiones del país, para así garantizar la efectiva ejecución de los acuerdos a los que se llegue en el proceso de paz que adelantan Gobierno y Farc en La Habana. “Por esto no es posible reducir en ningún aspecto las capacidades de nuestras fuerzas”, les dijo el mindefensa. Una reunión en la que, además, se ratificó el respaldo al general Javier Flórez, líder de la subcomisión técnica encargada de discutir y definir con la guerrilla los términos del fin del conflicto, que implica cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, desarme y desmovilización.
Pinzón les pidió avanzar en la consolidación de una legislación encaminada a entregarle a la Fuerza Pública un marco jurídico claro para acometer su misión constitucional y reglas para la investigación y el juzgamiento de las conductas de sus miembros, con garantías para las partes y las víctimas. Asimismo, les agradeció el apoyo a las iniciativas legislativas impulsadas por el sector defensa, lo cual, según su criterio, debe seguir manteniéndose en el inmediato futuro, pues “sólo así se garantiza que las Fuerzas Armadas gocen de la misma legitimidad en el reto de alcanzar la paz estable y duradera”.
Por su parte, el representante a la Cámara Bérner Zambrano, codirector del Partido de la U, manifestó que, por un lado, el objetivo de la reunión fue agradecerles a los militares su contribución al proceso de paz, ya que gracias a su accionar fue posible que las Farc se sentaran a dialogar. Y por otro, ofrecerles la garantía de que van a tener la seguridad jurídica que requiere un país que lleva más de 50 años en conflicto. “Ratificamos el respaldo a la agenda legislativa para que tengan la tranquilidad de que con el avance de la paz tendrán seguridad jurídica. Nosotros asumimos ese compromiso”, enfatizó.
Para el ministro Juan Carlos Pinzón, las iniciativas legislativas presentadas les permitirán a los uniformados “cumplir su misión constitucional de preservar y proteger los derechos de todos los colombianos y a tener claridad sobre los alcances y las limitaciones en el marco del conflicto armado y seguramente en un escenario de posconflicto”. Palabras que, por cierto, aplican como respuesta a las críticas que vienen haciendo organizaciones como Human Rights Watch, en el sentido de que las reformas al fuero militar y a la justicia penal militar generarán impunidad.
Lo claro es que el encuentro entre la Unidad Nacional, el mindefensa y la cúpula militar se enmarca dentro de la posición que desde un principio expuso el presidente Juan Manuel Santos: que cualquier beneficio de la justicia transicional que cobije a la guerrilla de las Farc, si se firma la paz, se extenderá a los miembros de las Fuerzas Armadas. Incluso, el jefe de Estado ha puesto ejemplos directos: “No voy a permitir que se repita ese ejemplo de la toma del Palacio de Justicia, donde una de las personas que se tomó el Palacio resultó de alcalde y el que lo defendió resultó preso 40 años, eso no se va a volver a repetir”, dijo en un discurso, en noviembre del año pasado.
Pero al mismo tiempo, una reunión que para el máximo comandante de las Farc, alias Timochenko, manda el mensaje de que habrá “dos justicias transicionales completamente diferentes”, una para la insurgencia y otra para los integrantes de las Fuerzas Armadas. Y cuyo objetivo —según señaló en un comunicado de finales de enero— es “callar las voces que dentro de las Fuerzas Militares han manifestado disimuladamente su inconformidad con los desarrollos del proceso de paz que se adelanta en La Habana”. Lo claro es que las Fuerzas Armadas tienen ganado el respaldo legislativo y ahora falta ver la reacción de la guerrilla a sus peticiones.
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