Lo que va de los campesinos a los diálogos de La Habana

Para los pasajeros del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, la escena era un chiste. Para los protagonistas, campesinos del Guaviare que correteaban a 14 lechones (cerdos pequeños) en un intento por doparlos para embarcarlos en dos avionetas, era otra evidencia de lo difícil que resultaba cambiar la hoja de coca por la cría de animales.
 

Un kilo del polvo blanco se llevaba al mercado bajo el brazo, pero a los esquivos y ruidosos lechones ya les habían pagado dos horas de carro desde Guamal (Meta). Y cuando aterrizaran en el Guaviare, en el municipio de Calamar, debían embarcarlos en otro vehículo, que viajaría varias horas por una trocha hasta la vereda La Gaitana.
 

Con los animales probarían un cruce de razas con el que obtendrían una carne menos grasosa para la planta de cárnicos con la que intentaban olvidarse de los cultivos de hoja de coca, sobre los que otra vez había llovido veneno desde las avionetas que inesperadamente aparecían en el cielo del Guaviare.

Este recuerdo, de Arcángel Cadena, llegó la semana pasada a la casa de la cultura de San José del Guaviare, en el foro sobre cultivos ilícitos que el Gobierno y las Farc pidieron organizar allí a la ONU y la Universidad Nacional.
 

“Eso fue en el 2001, cuando tocaba montar en avioneta a los lechones porque no había una carretera buena entre Villavicencio y San José. Y hasta hoy, casi nada ha sido sostenible para los campesinos por falta de vías y de apoyo”, remató Arcángel.
 

De los foros asociados a la mesa de paz de La Habana –los otros fueron sobre tierras y participación política–, era el primero en una zona marcada por la historia de las Farc.
 

Al Guaviare, durante muchos años tierra cocalera de esta guerrilla, llegaron también campesinos del Meta y el Caquetá: cocaleros y excocaleros en penurias.

Todos traían el peso de las fumigaciones y las erradicaciones forzosas. Y los de Guaviare y Meta, también la carga de las balas de las Farc y de las bandas residuales, que antes respondían a los narcotraficantes Miguel Arroyave, ‘Cuchillo’ y el ‘Loco Barrera’.

Los siguen matando porque venden al otro bando lo poco que ahora sacan del polvo blanco. Si antes un campesino tenía hasta 10 hectáreas sembradas de hoja de coca, hoy tiene una. Si antes sacaba dos kilos de polvo cada dos meses, hoy saca 300 gramos. En el Guaviare, las hectáreas cultivadas de coca en el 2012 eran poco más de 2.800, cuando hace 10 años llegó a tener 27.000.
 

Pero no se acaba
 

La mayoría de los campesinos se dicen decepcionados del Estado.
 

El pasado martes, en el auditorio de San José, escuchaban en silencio a los expositores mientras los truenos de un aguacero repentino provocaban apagones intermitentes. Pero los cocaleros parecían despertar, y aplaudían con frenesí, cuando alguien hablaba del Estado indiferente, que solo hace presencia en sus zonas “con militares y radares”.
 

“Por qué si vacían y vacían glifosato, por qué si erradican a la brava, no se ha acabado la coca? Porque no hay vías, no hay mercado para la guanábana, el sorgo, el maíz que producimos”, se preguntaba y se respondía enseguida Pedro Antonio Delgado, un campesino del Meta.
 

“Por eso me chocan los foros. Nosotros hemos quebrado tres veces con la leche por falta de vías. Sacar un litro de una vereda cerquita de San José vale 200 pesos, mientras que sacarlo desde aquí hasta Villavicencio, ahora que hay vía buena, vale 80. Nos vale dos veces traerlo desde la finca”, se quejaba otro campesino del Guaviare.
 

Con ejemplos como este explicaron por qué la fumigación y la erradicación forzada fracasaron. “Si a uno le fumigan acá, se corre pa’ otro lado. Ya es muy poco el que tiene más de una hectárea de coca, pero como no hay alternativa, uno la mantiene al lado de lo que siembra para comer”, contaba alguno.

En lo más profundo, a dos horas y media de San José, hay veredas que todavía dependen en el ciento por ciento de la coca, según ratificó el alcalde de esta capital, Geovanny Gómez.
 

Y a solo cinco kilómetros, en Agua Bonita, se parquean los hombres de las Farc y de las bandas para comprarla. Dos millones por kilo es el precio estándar.

“No sé para qué esos muérganos de la guerrilla piden estos foros, si ellos son unos de los grandes compradores. Se reparten la compra con las bandas”, se quejaba un campesino que ya no siembre hoja de coca.
 

Otro mundo
 

Apenas a media hora de San José, en la vía a Villavicencio, desde Puerto Concordia (Guaviare) hasta Puerto Rico (Meta), crecen inmensos, a lado y lado, los cultivos de palma de aceite.
 

Ahí, lejos de los veredas inaccesibles, la vida es otra. Los cultivos agroindustriales, por los que el Gobierno y las Farc han sostenido un pulso en la mesa de negociaciones, están bordeados por una autopista impecable.
 

Inevitablemente, los campesinos cocaleros comparan. Ahora que han vuelto a ser tema para el país, por el proceso de paz en La Habana, reclaman que el Estado les haga vías, les construya puentes y les dé ayuda y tiempo para hacer la transición de la coca a una economía legal.

Hasta ahora, dicen, los ha matado de hambre porque solo llega a contar las hectáreas destruidas por el glifosato y los erradicadores. Su nueva esperanza es el proceso de paz.
 

Su propuesta es que el Gobierno les compre, a precio de Bogotá, lo que produzcan para reemplazar la coca. “Que él se las arregle para sacar los productos desde la vereda hasta la capital”, dicen.
 

La propiedad de la tierra está siendo otro lío para migrar a la economía lícita. En el Guaviare, por ejemplo, solo el 18 por ciento es titulada o puede titularse.

El otro 82 por ciento es reserva forestal. “Todo proyecto que presentamos para sustituir la coca se nos cae por eso”, afirman.
 

El martes pasado, primero de octubre, los campesinos se lamentaban de sentirse repitiendo lo que habían dicho 12 y más años atrás. Las primeras lluvias de veneno sobre la hoja de coca cayeron en 1986, y, 27 años después, muy poco ha cambiado para ellos.
 

Extorsionados por las Farc y las bandas
 

La salida del foro sobre cultivos ilícitos en San José del Guaviare sirvió para que algunos campesinos denunciaran que están entre las extorsiones de las Farc y de las bandas criminales. Incluso, un frente de la guerrilla, el ‘Carlos Saavedra’, reunió a los labriegos para decirles que se apartaba del proceso de paz, que necesitaba dinero y que por eso todos estaban obligados a pagar ‘vacuna’. Cada campesino paga hasta un millón de pesos, dependiendo de las hectáreas y del ganado que tenga. Las Farc, también, han vuelto a reclutar. El año pasado, según cifras oficiales, se llevó a 24 muchachos entre los 14 y los 16 años. Este año las denuncias ya van en 25.
 

MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de EL TIEMPO
En Twitter: @margogir