La manera como quedó planteada la reforma para ajustar los acuerdos de paz al ordenamiento legal deja claro que el Gobierno quiere asegurarse un trámite sin contratiempos en el Legislativo.
En el discurso de posesión para su primer mandato en 2010, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo que la puerta del diálogo no estaba cerrada y que la llave estaba en sus manos. Muestra de que se mantiene esta visión es el acto legislativo para la paz radicado el pasado martes en el Congreso, una iniciativa que, con complejo calado jurídico, le otorga al mandatario la última palabra sobre los acuerdos que surjan del proceso de paz con las guerrillas.
Una propuesta con varios cerrojos que evitan que se puedan hacer cambios en los textos de los acuerdos y que permitirán al gobierno un trámite tranquilo de la iniciativa, orientada a sentar las bases jurídicas de un acuerdo de paz con las Farc.
Iniciativa exclusiva
En el artículo primero, en el que se definen el procedimiento legislativo especial y la comisión encargada del trámite, se deja claro que los proyectos de ley y de acto legislativo serán de iniciativa exclusiva del Gobierno. Es decir, el Congreso no podrá incluir propuestas. Para ser más claros, en el punto F dice que “los proyectos sólo podrán tener modificaciones en el primer debate, siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y cuenten con el aval previo del Gobierno”.
Oposición incluida
Aunque el Centro Democrático manifestó su rechazo a esta reforma y afirmó que no participará en el debate, la iniciativa obliga a los congresistas del uribismo a formar parte de la discusión. En concreto, el parágrafo b de la reforma plantea: “la Comisión Legislativa para la Paz estará integrada por los miembros de las comisiones primeras de Senado y Cámara y doce congresistas adicionales designados por las mesas directivas de ambas cámaras en conjunto, preservando la representación proporcional de los partidos”. En las comisiones primeras tienen asiento nueve miembros del Centro Democrático que, en consecuencia, estarían obligados a asistir o violarían el reglamento. Este tema es asunto de estudio en el partido de oposición.
Los tiempos
El Gobierno tiene claro que el primer año después de la firma de la paz es clave para honrar los acuerdos. Por eso, la comisión especial tendrá la facultad de tramitar leyes y reformas constitucionales exprés. Además, el control de constitucionalidad de los actos legislativos, que solo se hace en la Corte Constitucional por vicios de forma, tendrá reducción en los términos a una tercera parte respecto al trámite ordinario.
También será más breve el tiempo para la revisión de los decretos con fuerza de ley emitidos por el presidente Santos. La norma señala: “el procedimiento de revisión de constitucionalidad de estas disposiciones deberá surtirse por parte de la Corte Constitucional dentro de los dos meses siguientes a su aprobación”.
Mayorías
Teniendo asegurada la participación de la oposición, lo importante es consolidar los votos para que la reforma tenga trámite más sencillo. La comisión legislativa especial tendrá 66 curules. De estas, 54 serán para los integrantes de las comisiones primeras de Senado y Cámara. En ellas, hoy el uribismo solo tiene nueve asientos. Los restantes 12 miembros de la comisión especial serán designados por las mesas directivas. En estas circunstancias, salta a la vista que el Gobierno tiene aseguradas las mayorías para el trámite de la reforma.
En otras palabras, el presidente Juan Manuel Santos, quien se juega su capital político en la negociación de paz de La Habana, en la forma como quedó planteada la reforma demuestra que no quiere mayores dificultades en el trámite legislativo de los acuerdos. Si se mantienen los términos de la Unidad Nacional, su aprobación parece de antemano asegurada. El camino de la oposición apunta a buscar fórmulas para no quedar como un convidado de piedra.
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