Entre $1,8 y $2,7 billones costará desarmar, desmovilizar y reintegrar a las Farc. A esa conclusión llegó la Contraloría en su Estudio Sectorial sobre la Política Pública de Desarme, Desmovilización y Reintegración en Colombia (2006-2014), en el que tomó como referencia los costos de reintegrar a los 34.281 excombatientes que durante ese período han participado en los programas de reincorporación a la vida civil diseñados por el Estado.
Sin embargo, el ente de control fue enfático en señalar que esa cifra podría ser muy superior, toda vez que no contempla los beneficios adicionales a los que tendrán derecho los desmovilizados de las Farc en virtud de los posibles acuerdos a los que lleguen el Gobierno y la guerrilla en La Habana, además de «otros aspectos del posconflicto».
En el informe, además, se señala que el costo por concepto de reparaciones a las víctimas podría incrementar esa cifra, teniendo en cuenta que el valor de los bienes que hasta ahora han entregado los postulados al Fondo de Reparación «resulta menor en comparación con el monto de las indemnizaciones giradas» por cuenta de los fallos proferidos en Justicia y Paz. En ese sentido, el ente de control señaló que el valor de las sentencias «se ha financiado con recursos del presupuesto nacional y no con los bienes entregados por los condenados», lo que ha significado una carga enorme para el erario. Y pese a que aún no se conoce cuál será el modelo de justicia transicional al que serán sometidas las Farc, lo cierto es que el Gobierno y la guerrilla han asegurado que las víctimas serán reparadas integralmente, por lo que tendrán que destinarse nuevos recursos.
Además, la Contraloría llamó la atención porque la mayor parte del presupuesto que ha ejecutado la Agencia Colombiana para la Reintegración se han dirigido a entregar apoyos económicos a los desmovilizados, y no tanto a componentes como «la formulación e implementación de proyectos productivos y las actividades de reintegración comunitaria y de servicio social en las comunidades receptoras», lo cual es vital para garantizar una reincorporación exitosa. Igualmente, recordó que «resulta fundamental la atención integral por parte del Estado a los niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado, por ser una población con mayor grado de vulnerabilidad que requiere el restablecimiento de sus derechos, su inserción familiar y social, así como su ingreso y permanencia en el sistema educativo, acceso a servicios de salud y formación para el trabajo».
En cuanto a las tareas adelantadas por la Fiscalía, el ente de control fiscal resaltó que se «ha llevado a cabo un gran número de diligencias de versión libre, en donde las confesiones de los desmovilizados han permitido conocer más a fondo episodios del conflicto armado, como los graves hechos de violencia cometidos sistemáticamente contra la población civil». No obstante, señaló que «se encuentran menores resultados en materia de sentencias condenatorias e incidentes de reparación integral, en comparación con el número de postulados y de hechos delictivos confesados», lo cual puede obedecer «al volumen de los procesos y la complejidad de los mismos». Se espera que estas y otras reflexiones sirvan para implementar los futuros programas que, de firmarse la paz con las Farc, involucrarían a los cerca de 8.000 combatientes que, según el gobierno, tiene hoy la guerrila en sus filas.
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