Aunque persisten problemas que impiden el efectivo goce del Estado de Derecho, es indudable que un eventual acuerdo con las FARC sería –para bien o para mal- la noticia decisiva en materia de derechos humanos en Colombia.
Esperanzas y temores
Elaborar un diagnóstico de los desafíos que Colombia enfrentará en materia de derechos humanos en el año 2015 no es tarea fácil, teniendo en cuenta la gran variedad de asuntos pendientes que tiene un país como el nuestro: polarizado, en conflicto, con altos índices de corrupción, pobreza y desigualdad.
Y más aún cuando las autoridades públicas, titulares naturales de las obligaciones relacionadas con el respeto, protección y satisfacción de las garantías fundamentales de la población, se muestran incapaces de hacer presencia efectiva en todo el territorio nacional.
Esto ha quedado plasmado en diversos informes recientemente producidos por instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y coaliciones representativas de la sociedad civil. Aunque estos reportes reconocen los esfuerzos que ha hecho el gobierno para mejorar la situación de los derechos humanos, también señalan que mientras no se adopten soluciones efectivas y duraderas, la tarea seguirá sin concluir.
En noviembre de 2014 se cumplió el segundo aniversario de la instalación de la mesa de negociaciones entre el gobierno y las FARC. Pese a los varios hechos que hicieron tambalear el proceso, como el aumento aparente de las acciones militares subversivas o el presunto secuestro del general Alzate, también es cierto que se ha avanzado en varios puntos neurálgicos en la agenda (modelo de desarrollo rural, participación política y drogas ilícitas) y que Colombia recibió 2015 con la promesa de una tregua unilateral e indefinida por parte del movimiento guerrillero.
Aunque persisten muchas dudas, el comienzo del fin del conflicto parece más cercano que nunca. Resulta claro entonces que el escenario de la paz será el principal (si no el único) foco de debates en materia de derechos humanos durante este nuevo año. En este sentido, se vislumbran dos ejes sobre los cuales podría desarrollarse el tema:
De un lado, la paz podría convertirse en un punto de discordia, ya que ciertas violaciones de derechos humanos quedarían impunes o indebidamente sancionadas tras la firma de los acuerdos entre el gobierno y los grupos insurgentes.
De otro lado, la paz puede ser un punto de partida para que cese un gran número de violaciones de derechos humanos, como consecuencia del fin de las hostilidades armadas y de las reformas o mejorías que acompañen al posconflicto.
unto de discordia: ¿impunidad para la paz?
Con la aprobación del Marco Jurídico para la Paz en 2012 y su refrendación por pare de la Corte Constitucional en 2013, se abrió la puerta para adoptar leyes estatutarias que de manera transitoria modifiquen el ordenamiento jurídico vigente para imponer sanciones penales alternativas o incluso para otorgar indultos o amnistías.
Lo anterior, que para algunos es una peligrosa maniobra que llevaría a la impunidad y a la violación de los derechos de las víctimas, para otros es una acción justificada por la necesidad de alcanzar un acuerdo definitivo con la insurgencia.
Al respecto, el presidente Santos ha dicho que el país deberá “tragarse algunos sapos” para concretar un acuerdo con las FARC. Sin embargo, y como en su momento se lo manifestó la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, al fiscal Montealegre, esta entidad tiene los ojos puestos en Colombia y no permanecerá en silencio en caso de que se acuerden amnistías, indultos o se impongan penas desproporcionadamente bajas a combatientes que hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Fue tan categórico este mensaje, que el presidente Santos no ha perdido ocasión para pedirle a la comunidad internacional que mantenga cierta neutralidad respecto del contenido y el alcance de las acciones que realice Colombia en materia de justicia transicional, aun si en principio estas parecen contrarias a los estándares internacionales.
Sin embargo, el juez final de todo el proceso será la ciudadanía, que deberá aprobar o descartar cualquier acuerdo alcanzado a través de un referendo o algún otro mecanismo. Por supuesto, la sombra de la CPI se hará más pronunciada a medida que se tomen decisiones concretas.
La paz como punto de partida
La mayoría de las violaciones de derechos humanos en Colombia está directamente relacionada con el conflicto armado por más de 50 años ha determinado el destino del país.
Por eso el eventual “desescalamiento” de las confrontaciones o el fin definitivo de las hostilidades sería un hecho crucial (un punto de partida) para la resolución definitiva de múltiples problemas relacionados con violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos.
La razón más evidente para valorar la paz como punto de partida radica en que el fin de las acciones militares implicaría una reducción sustancial de la acciones gravemente violatorias de los derechos humanos, especialmente aquellas asociadas con la vida e integridad de la población civil localizada en las zonas de mayor incidencia de los grupos armados.
Aún más, la paz sería un punto de partida para mejorar la situación de derechos humanos en Colombia, porque con ella se podría avanzar de forma definitiva hacia la reparación integral de las víctimas del conflicto.
En este momento, y gracias a la Ley 1448, o Ley de Víctimas, alrededor de seis millones de colombianos directa o indirectamente afectados se encuentran en proceso de reconocimiento o de amparo de sus derechos, incluyendo en muchos casos delicados procesos de retorno y restitución de tierras. Y es indudable que – no obstante el acierto de acudir a la justicia transicional antes del cese de hostilidades- el intento de reparar a las víctimas en medio del conflicto implica grandes riesgos.
El solo hecho de adelantar procesos de retorno o restitución de tierras cuando aún hay actores armados activos puede producir hechos de re-victimización, y por ende nuevas violaciones de derechos humanos. Es evidente que las medidas de justicia transicional afectarán intereses privados y actores poderosos que tratarán de entorpecer la consecución de los objetivos del posconflicto.
Finalmente, no hay que olvidar que ciertos hechos asociados con la paz o sus consecuencias tendrán gran importancia en el año 2015:
La refrendación de los acuerdos eventualmente alcanzados con las FARC (o incluso el ELN) no son otra cosa que la concreción de los derechos políticos de los colombianos, por lo que se espera que aquellos sean debidamente ejercidos en las elecciones de gobernadores, alcaldes y demás autoridades regionales en octubre.
La protección y el acompañamiento a los proceso de desmovilización y reintegración a la vida civil de la insurgencia son fundamentales ya que – como muestra la historia con los casos del M-19 o de la Unión Patriótica- las cosas pueden terminar muy mal, hasta el punto de que el conflicto se reactive o recrudezca, con las fatales consecuencias del caso.
Si suponemos que la paz no es solo la ausencia de violencia física, sino de la llamada violencia “estructural” (aquella relacionada con inequidad social y pobreza), el proyecto de posconflicto colombiano debe basarse en el disfrute integral de los derechos humanos, tanto los políticos como socioeconómicos por parte de todas las personas, así sea en niveles de satisfacción mínima.
Otros pendientes
Tampoco hay que perder de vista los siguientes asuntos, que seguramente tendrán incidencia sobre el panorama de los derechos humanos en Colombia:
-El cumplimiento de la sentencia sobre el Palacio de Justicia emitida por la Corte Interamericana de Derechos humanos, así como las nuevas decisiones de este tribunal respecto de la responsabilidad del Estado en violaciones de derechos humanos.
-El manejo por parte del gobierno del derecho a la salud y otras garantías sociales, cuando existen evidentes limitaciones fiscales del Estado.
-La protección del medio ambiente frente a procesos de explotación de recursos naturales, que seguirá siendo un punto clave en la agenda de derechos humanos de país, debido a su directa relación con la vida e integridad de las personas que podrían verse afectadas por los daños ecológicos.
