Los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso, preso en Estados Unidos, y Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, actualmente detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, quieren estar en la mesa de negociaciones de paz de La Habana entre el Gobierno y las Farc, según dicen, para aportar las experiencias acumuladas como líderes del proceso de desmovilización de más de 32 mil combatientes de las autodefensas, de los avances en la aplicación de una justicia transicional y reparación de víctimas, de la erradicación de miles de hectáreas de cultivos ilícitos, del desarrollo de proyectos productivos y de la reconstrucción histórica de la verdad del conflicto.
Es lo que le piden directamente al presidente Juan Manuel Santos, en una carta en la que además se declaran «víctimas y victimarios» y aseguran que fueron reclutados, entrenados e hicieron parte de una política de Estado para enfrentar y combatir a la guerrilla. «Hicimos mucho daño a la sociedad civil, a nuestros hermanos, en esa lucha armada sin sentido, hombres bajo nuestro mando, dejaron viudas, huérfanos, a familias sin nada, cometiendo entonces el ominoso pecado de tomar la vida de nuestros prójimos en mano, creyendo equivocadamente por quienes nos alentaban, que empuñábamos las armas de la patria y la libertad», dicen en la misiva.
Y agregan: «Qué equivocados estábamos. En el fragor de la guerra ejecutamos muchísimas e injustificables acciones bélicas por orden no solo de nuestros máximos comandantes, sino también, por orden o petición de personas pertenecientes a los diferentes estamentos del Estado colombiano y de sus instituciones, y lo insólito fue que en medio de esa guerra terminamos perdiendo a aquellos que supuestamente estábamos defendiendo. Por eso somos víctimas de una nefasta política del Estado colombiano, somos la prueba viviente del paramilitarismo de Estado y también somos victimarios».
En este sentido, Mancuso y Téllez le solicitan al jefe de Estado –en nombre propio y en el de miles de desmovilizados y postulados que en el pasado los acompañaron en la guerra– ser «escogidos» entre las personas que se sentarán en la mesa de negociación en calidad de víctimas y se les permita hacerlo además, en calidad de ex actores del conflicto armado.
«Estamos completamente seguros que por la doble calidad victimas-victimarios que ostentamos, aunado a la experiencia de lo vivido y construido con nuestro proceso de paz y la ley de justicia transicional, nos permitirán aportar de manera decisiva en la construcción del camino de la reconciliación», señalan.
En concreto, los exjefes paramilitares piden ser aceptados en la mesa de diálogos como «constructores de paz», es decir, que se les abra un espacio con el único fin de dar a conocer sus experiencias en el proceso de desmovilización de las autodefensas, contar los aciertos, las fortalezas, las inseguridades, los vacíos y los errores, y hacer sugerencias para alcanzar el logro de la paz. Siempre, según dicen en la carta, teniendo como perspectiva a las víctimas.
«Ustedes representantes del Gobierno y miembros de las Farc, no se van a enfrentar a las víctimas, como lo anuncian los medios de comunicación. No, se van a encontrar con las víctimas, eso es muy diferente, es un momento indescriptible, tal vez ha sido lo más difícil de nuestro proceso, es parte de la redención, hace parte del camino para la reconciliación y es más duro cuando escuchamos de parte de algunas víctimas que no nos perdonan, eso es inenarrable», escriben.
Incluso, en la carta cuentan una historia de amor y perdón entre un desmovilizado del Bloque Catatumbo, Gustavo Estévez Rodríguez, alias ‘Zapato Fino’, actualmente recluido en la cárcel de Cúcuta, quien el 31 de agosto de 2002 fue resultó herido en un atentado con explosivos realizado por parte las Farc, en el que resultó herida su esposa y murieron dos de sus hijos. La orden del ataque había sido dada por Félix María Quintero, guerrillero de las Farc, quien el año pasado fue recluido en el mismo penal.
«La verdad, nos cuentan los postulados de las autodefensas, detenidos en dicho patio, que los sentimientos fueron confusos y cualquier cosa podía pasar, pero pudo más el amor y apoyo de su esposa, de su familia, de sus excompañeros de combate, de sus amigos, apareció la misericordia de Dios y la firme decisión de todos los postulados de no volverse a equivocar, tomaron la decisión de no confrontar a esas personas, exguerrilleras desmovilizadas, por el contrario, se les protegió y fueron atendidos como un colombiano más que había tomado la decisión de corregir el camino, fueron tratados como uno más de la nueva familia (…) ‘Zapato Fino’, quien estuvo al borde de la locura al ver al hombre que había matado a sus dos hijos, a sus dos niñitos, abrió en su corazón la puerta del perdón y la reconciliación», cuentan los jefes paramilitares.
Finalmente, Salvatore Mancuso y Edwar Cobos Téllez, le «imploran» al presidente Santos dejarlos aportar para construir un país mejor: «Imploramos nos permitan un espacio en la mesa de negociación de la Habana, para pedir una vez más perdón a todos los colombianos, a las víctimas de las AUC, y dada esa ocasión, participar presencialmente de ese gran encuentro de perdón y reconciliación mutuo entre guerrilleros y ex autodefensas, con quienes en el pasado también nos hicimos daño y les causamos tanto dolor a nuestras familias». Y terminan pidiéndole tanto a Gobierno como a las Farc que no se levanten de la mesa sin haber firmado un acuerdo de paz.
La carta va con copia a Sergio Jaramillo, comisionado de Paz; Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de conversación; Eduardo Montealegre, fiscal general; Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, jefe de las Farc; Alejandro Ordoñez, procurador general; Navanethem Pillay, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos; Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia; Roberto Osvaldo Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA y monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana; y los magistrados de la Sala de Justicia y Paz de varios tribunales en el país, entre otros.
