Los gobernadores de la Amazonía: los reyes de la selva

Un sacerdote, un rector, un recién graduado de Los Andes, un arquitecto, un enfermero y un líder cristiano tienen en sus manos a la mitad de Colombia, la que casi nadie conoce. Ellos son los gobernadores de Vaupés, Amazonas, Guainía, Putumayo, Guaviare y Caquetá, seis departamentos que apenas se registran en las clases de sociales. Pocos saben que juntos componen más del 50 por ciento del territorio del país, la mayoría una selva virgen y agreste que es considerada el pulmón del mundo. Sin embargo, gobernar ese paraíso olvidado no es una tarea para los débiles. Todo es lejos, todo es caro y todo es difícil. Los mandatarios se enfrentan a muchas necesidades y a unas arcas casi vacías. El gobernador de Putumayo, Jimmy Harold Díaz, lo resume así: “Aquí reunimos todo: los paras, la guerrilla, las fumigaciones, la pobreza extrema, la minería ilegal, la deforestación. No nos dejó en paz ni DMG”.

Lo que siente Jimmy Harold no es muy diferente a lo que cuentan los demás. La vida les dio la vuelta cuando entraron a la política, casi todos directamente al cargo de gobernador. Así le sucedió a Carlos Rodríguez en el Amazonas. Su vida siempre había sido la selva. Fue profesor, por nueve años, de La Chorrera, un corregimiento indígena, y rector por otros 20 en un colegio de Leticia. El año pasado se lanzó al ruedo por el Partido Verde y, para sorpresa de todos, ganó. “Nadie creía que un humilde maestro pudiera llegar al poder”, dice hoy. Otro que pasó de un salón de clases al despacho de su región es Óscar Rodríguez, quien con 28 años es el segundo gobernador más joven del país. Creció en Puerto Inírida y por ser el mejor bachiller se ganó una beca de Ecopetrol para estudiar en la Universidad de los Andes. Apenas terminó la carrera y una maestría en Economía se postuló para el cargo y salió elegido por el Partido Liberal.

Octaviano Rivera, de Guaviare, hijo de unos campesinos, logró a pulso graduarse como enfermero de la Universidad de los Llanos. Llegó al poder por cuenta de una tragedia, pues trabajaba con el exgobernador Dagoberto Suárez Melo, y cuando este falleció en un accidente se vio obligado a recoger sus banderas. Víctor Ramírez, de Caquetá, nació en el municipio de Puerto Rico, pero por cuenta de las Farc vivió toda su infancia de pueblo en pueblo, víctima del desplazamiento forzado. De joven fue a estudiar a Bogotá y para mantenerse en la capital se convirtió en un ‘todero’. Fue cajero, auxiliar contable y hasta revisor de cuentas. Se devolvió a Florencia a montar un negocio de litografía, pero conoció el movimiento cristiano Mira y por este se lanzó a laGobernación. Y la historia del gobernador del Vaupés es como de película. Roberto Jaramillo es un indígena que se ordenó como sacerdote católico y lleva más de 20 años trabajando con las comunidades, tanto es así que conoce la selva y sus habitantes como la palma de su mano. Hace un año pidió una licencia a la Curia y se lanzó a la Gobernación. 

A pesar de que todos trabajan en la Amazonia, los separan unas distancias inmensas. Y es estar casi en el más allá lo que hace tan difícil su trabajo. Eso le quedó muy claro a Óscar Rodríguez cuando recibió a un capitán indígena de la comunidad Punta Tigre (en Guainía). “Venía a recoger las transferencias, pero de los últimos seis años. Porque para llegar a la comunidad hay que hacer un viaje de 25 días en lancha”, cuenta, aterrado. El hombre se llevó la plata y pidió una bandera de Colombia porque los indígenas de Brasil que vivían junto a ellos sí tenían bandera y ellos no querían quedarse atrás. “Si sucede un problema en una comunidad y logro que el Ejército me monte en un avión, me demoro cinco días en llegar en lancha desde donde aterriza”, se queja Carlos Rodríguez, del Amazonas. Todo queda tan distante que incluso los pobladores han encontrado una forma de burlarse de su realidad: a Puerto Leguízamo, en Putumayo, le dicen Puerto Lejísimo.

Las distancias hacen que todo sea más costoso. Y uno de los problemas más apremiantes es la falta de servicios de salud. Para sacar un enfermo hay que contratar un avión ambulancia que cuesta 26 millones de pesos el trayecto. En muchos lugares no hay ni puesto de salud y en donde existe, no hay médicos. En Guaviare no hay ni un anestesiólogo y Guainía tiene solo dos médicos de planta para todo el departamento. Y de las cuatro EPS que deberían operar allí, tres están intervenidas. No en vano, el gobernador del Putumayo dice que su experiencia más dura fue cuando en la comunidad de San Miguel un campesino se le acercó con su bebé vomitando sangre. Le prestó su camioneta, pero prefirió salir hacia Lago Agrario, Ecuador, porque para llegar al hospital más cercano del país había que completar un trayecto casi interminable.

Y algo similar ocurre con la educación. Como era tan difícil para el Estado tener escuelas en cada punto de la selva, se creó la figura de los ‘internados’, donde los niños se quedan a dormir para evitar largos trayectos. Pero las condiciones de estos son precarias. Los de Putumayo dan grima. Tienen piso de barro y paredes de lona y la escasez es tal que tres niños deben compartir un colchón. Para Octaviano Rivera, del Guaviare, el sistema educativo es su peor dolor de cabeza. Cuando llegó, había un déficit de 100 maestros y hoy todavía faltan 20. “Buscar un docente me toma un mes y para llegar a la escuela deben viajar en lancha durante dos días”, se queja. Y Rodríguez, quien había vivido nueve años en el corregimiento de La Chorrera, se sorprendió cuando descubrió lo que costaba la alimentación de los niños: casi 3.000 millones de pesos al año. Como allí no hay carne, no hay pollo y no hay pescado por las fuertes corrientes, tienen que traerlo todo desde Bogotá. 

Otra plaga con la que conviven estos mandatarios es la corrupción. El gobernador de Guainía confiesa, acomplejado, que su departamento ha ocupado el primer lugar de ese penoso ranking, seguido por Guaviare. En Putumayo los dos últimos gobernadores han sido destituidos, lo mismo que en Vaupés, y en Amazonas uno fue condenado a seis años de prisión. “La Amazonia no tiene dolientes y nos tratan como si fuéramos lo peor del país”, dice Rodríguez. Por eso, ahora que anunciaron que a estos departamentos van a entrarles por primera vez recursos de regalías –Guaviare, por ejemplo, recibirá 51 millones de pesos– muchos han prendido las alarmas. Planeación Nacional se ha encargado de crear y supervisar comités para la inversión en grandes proyectos regionales y la iniciativa Amazonas 2030 ha convocado a la sociedad civil a participar en los planes de desarrollo. Sin embargo, tal vez el último empujón que les falta a estos departamentos es, de una vez por todas, colarse en la agenda nacional no como los ‘territorios olvidados’, sino como un nuevo motor de desarrollo que puede pasar de representar apenas el 1 por ciento del PIB nacional a ser los que jalonan el turismo, la minería y la conservación del medio ambiente. 

Cada uno de ellos tiene que gobernar un pedazo de la selva amazónica en un momento en que sobre ella están todos los reflectores. Los del conflicto, porque es un corredor estratégico de la lucha armada y el narcotráfico donde tradicionalmente han sembrado coca, han escondido a los secuestrados y se han dado duro combates. Los de las multinacionales mineras y de hidrocarburos, porque bajo sus tierras se encuentran yacimientos de petróleo y de metales preciosos. Y de los ambientalistas porque consideran que la Amazonia es el ecosistema más grande y más valioso que le queda al mundo. Los gobernadores esperan que también pose aquí su atención el país entero, pues a veces lo más difícil es que la cooperación internacional llegue a la región, que los empresarios les cuenten de frente sus verdaderas intenciones y que los ministros les pasen al teléfono.