Los jueces de restitución de tierras, encargados de velar porque las víctimas recuperen las parcelas que les fueron despojadas en medio de la guerra, ahora necesitan ellos mismos alguien que los proteja.
Como muchos de los casos que llevan son tan sensibles y sus actuales ocupantes tan poderosos, que el hecho de tomar una decisión judicial sobre ellos se ha convertido en un factor de riesgo para los 54 jueces y magistrados especializados en tierras que creó la Ley de Víctimas. Y ahora sienten que, pese al nivel de riesgo de su trabajo, el Gobierno no está tomando en serio su seguridad.
Ya dos de ellos le han ganado tutelas a la Unidad Nacional de Protección (que la obligaron a garantizarles esquemas individuales de protección), otro acaba de presentar una nueva tutela y varios más están pensando hacer lo mismo.
Jueces para reversar el despojo
A los despachos de los 39 jueces y 15 magistrados de restitución de tierras llegan todos los casos de despojo en el país, que han llevado ante ellos 54 mil víctimas que perdieron sus predios a causa de la guerra y que los reclaman amparados por la Ley de Víctimas.
Ellos son la etapa final del proceso de restitución de tierras. A sus juzgados y tribunales llegan después de que la Unidad de Restitución que dirige Ricardo Sabogal documenta los casos que presentan las víctimas, identifica los predios y levanta su topografia, acumula las pruebas y prepara las demandas.
Luego comienza la segunda etapa, en la que los jueces y magistrados examinan las pruebas, sopesan los argumentos de las víctimas y de los ocupantes, y toman una decisión aplicando la ley que busca reparar a las víctimas a las que les arrebataron sus tierras desde 1989 (la fecha corte que estableció la Ley de Víctimas). Hasta hoy han fallado 1253 sentencias, que reúnen 2591 casos y han beneficiado a 18.700 personas, en tierras que suman 169 mil hectáreas.
Al igual que las víctimas que reclaman sus parcelas y los funcionarios que documentan los despojos, los jueces de tierras enfrentan muchos riesgos. Sobre todo cuando los despojadores fueron jefes paramilitares como los hermanos Castaño (como en la hacienda Santa Paula y en Las Tangas), cuando los ocupantes son testaferros de armados o cuando las veredas siguen siendo corredores de guerrillas y del narcotráfico.
Es decir, cuando pisan callos, que son muchos en una política cuyo principal palo en la rueda sigue siendo la seguridad.
El problema es que, pese a esos riesgos, la mayoría tiene un esquema colectivo de seguridad. Eso significa que cada grupo de dos o tres jueces o magistrados que comparten despacho -según la ciudad- también comparten el carro blindado, el escolta, el chaleco antibalas y hasta el celular de emergencia.
En la práctica eso ha dificultado su trabajo. “Si yo voy a programar una diligencia, como una inspección ocular de un predio, me toca hablar primero con mis colegas”, cuenta un juez, quien -al igual que las otras personas consultadas por La Silla- prefiere omitir su nombre por razones de seguridad.
Eso significa que, como cuenta un funcionario judicial, si un día un juez tiene que hablar con un reclamante o visitar un predio en Morroa, sus colegas tienen que quedarse en el despacho.
Inicialmente el gobierno Santos creía que los magistrados, que son los que fallan los casos en que hay un opositor, eran los que enfrentarían la mayoría de las amenazas.
Sin embargo, como documentó Verdad Abierta, varios jueces han sido objetos de amenazas. El año pasado, un desconocido llamó al juzgado de Santa Marta y amenazó de muerte a los jueces. A otro, las Farc lo declararon ‘objetivo militar’ en un panfleto hecho con recortes de periódico. Y hace dos meses, dos personas destruyeron la cámara de seguridad del Juzgado Segundo de Restitución de Tierras en Valledupar y se robaron los dos computadores donde estaba la información de los reclamos.
Hace tres meses, Mario José Lozano -juez de restitución en Quibdó- le escribió una carta al Consejo Superior de la Judicatura quejándose de que “me aterra el folclorismo con la que se han adoptado las medidas de protección en mi favor” y contando que lleva tres meses sin carro después de que éste fuera llevado a Medellín para hacerle mantenimiento, que la UNP le ha negado los subsidios de gasolina y que se había visto forzado a ir a pie a sus diligencias.
“El problema es la calidad de los procesos que ahorita tengo. Por ejemplo, tengo el caso de la Larga-Tumaradó, que es de los más complejos, y donde ya soy plenamente identificado por opositores, por todos los intervinientes del proceso”, le dijo Lozano, que ya recibió una vez un panfleto de las Águilas Negras declarándolo objetivo militar, a Verdad Abierta
“Las dos decisiones duras las toman el director territorial de la Unidad [de Restitución] y el juez. Uno porque decide si el caso se lleva al juez y el otro porque decide si se quita o no la tierra. Ahí están los dos puntos donde hay riesgo”, dice un alto funcionario que ha acompañado a los jueces en su trabajo. “Ellos no son jueces de oficina sino de campo, que se la pasan visitando predios y escuchando testimonios”.
Pero mientras los 17 directores de las oficinas regionales de Restitución tienen un esquema de seguridad, los jueces no.
Protección vía tutela
Eso fue lo que llevó a dos de los jueces a presentar una tutela, ya que -como argumentaron en sus demandas- la Unidad Nacional de Protección (UNP) que se encarga de los esquemas de seguridad nunca atendió sus preocupaciones sobre su nivel de riesgo.
En ambas tutelas los jueces les dieron la razón y le ordenaron la UNP iniciar en un plazo de 48 horas los trámites para asignarles un esquema individual.
“Resulta más que evidente que [el juez] está impartiendo justicia en favor de las víctimas y en contra de una pluralidad de grupos al margen de la ley (…) Y resulta más que evidente la perturbación de que está siendo objeto el demandante en sus derechos fundamentales [a la vida y la integridad], lo cual impacta en la siquis del funcionario judicial al momento de desarrollar debidamente su cargo”, dice la tutela fallada hace tres semanas.
“¿Cómo hace dicho esquema, compuesto por un vehículo y un hombre, para cumplir su finalidad, cuando los funcionarios a quienes está dirigido tengan que realizar diligencias en diferentes lugares y a la misma fecha y hora? ¿A quién debe acompañar para prestarle protección?”, pregunta el juez en el otro fallo de septiembre del año pasado, añadiendo que las amenazas “revestidas de toda la seriedad del caso” han causado un “miedo insuperable” en el juez y conminando a la UNP a no seguir usando los esquemas colectivos.
Esa preocupación es la que, según un juez y una persona que trabaja en la Rama Judicial, tiene a varios más pensando en interponer tutelas similares. Un tercer juez ya lo hizo hace algunos días.
“Yo veo con buenos ojos que se estén ganando esas tutelas, porque desde hace tres años hemos venido dando esta discusión sin éxito. La Unidad de Protección debe reconsiderar los esquemas colectivos y pasar a unos individuales, en los casos que lo ameriten”, dice Néstor Raúl Correa, el magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que lideró el programa de formación de los jueces de tierras y ha sido su mayor defensor dentro de la Rama Judicial.
En la Unidad de Protección, en cambio, sienten que los jueces están aprovechando su condición de funcionarios de la Rama Judicial para sacar tutelas a su favor.
E insisten en que hay dos problemas: uno de plata y otro de niveles de riesgo.
De plata porque, según el decreto que regula el trabajo de la UNP, ellos proveen los esquemas de seguridad pero las entidades del Estado deben financiarlos con su presupuesto. Los de los 17 directores territoriales de la Unidad de Restitución, así como de sus directivos en Bogotá, los paga esa misma entidad mediante un convenio con la UNP.
Y, según la UNP, el Consejo Superior de la Judicatura no ha querido hacerlo desde hace un año y a ellos les ha tocado asumir esa carga.
“Las medidas [de seguridad] deben ser financiadas por la Rama. Tienen presupuesto, pero tienen que destinarlo a la protección de sus funcionarios”, dice su director Diego Fernando Mora, añadiendo que los esquemas colectivos fueron una solución a la que llegaron hace un año cuando la Judicatura les dijo que no tenía plata.
“El deber ser de la UNP es que su presupuesto se use, en la mayor parte, para proteger a la población más vulnerable, como las víctimas, los reclamantes o los defensores de derechos humanos. Y que las entidades se encarguen de sus funcionarios”, añade. (Aunque desde que se descubrió hace un año el hueco en el presupuesto de la UNP producto de un desfalco, muchos líderes de víctimas han denunciado -como contó La Silla- que les han desmontado sus esquemas).
Sin embargo, propone que pueden implementar con los jueces de tierras unos esquemas temporales para las visitas de campo, como hacen con los funcionarios del Ministerio de Minas que viajan a inspeccionar temas de minería ilegal y que no tienen riesgo cuando están en sus ciudades.
Según Mora, aunque casi todos los jueces y magistrados tienen un nivel de riesgo extraordinario, dentro de esa categoría hay una matriz de puntaje de la que depende qué tipo de esquema se le asigna a cada persona. Dentro de ese orden de ideas, muchos no han recibido amenazas y, por lo tanto, no requieren carro y escolta.
Las entidades que trabajan con los reclamantes tienen una visión distinta del problema. “Así no haya una amenaza explícita, hay zonas donde están pisando callos muy sensibles -Magdalena, Cesar, el Urabá, el Magdalena Medio, el sur del Tolima- y eso hay que tenerlo en cuenta como parte de su diagnóstico de riesgo”, dice una abogada que los ha asesorado en algunos casos.
Más allá de quién tiene que poner la plata, cuatro personas que trabajan cerca de los jueces coinciden en que sus niveles de seguridad son bajos y que esa debería ser una prioridad del Gobierno.
Igual que otros temas que afectan su rendimiento, como la carga excesiva de trabajo. En este momento esperan entrar a los 54 despachos judiciales de tierras 8.523 casos que ya terminaron su proceso administrativo a la Unidad de Restitución. Eso equivale a 154 por cada uno de ellos.
Detrás de esa sobrecarga subyace otro problema: por falta de presupuesto en la Rama Judicial y dado que se priorizaron otros tipos de juzgados con mayor demanda, no se ha abierto ningún concurso para crecer el número de jueces desde 2013. De ahí que el número de jueces sea casi cuatro veces menor que el proyectado al arrancar la Ley de Víctimas, cuando se calculaba que para 2015 habría 134 jueces y 60 magistrados.
“[Esta situación] es un riesgo para el proceso entero de restitución. Si no sienten que se protege su vida y su integridad, van a tener miedo de fallar los casos más duros”, dice una persona que trabaja con ellos. “Su seguridad es un requisito básico para que administren justicia”.
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