El gasto militar en el país no da tregua. Aunque es mayúsculo el hermetismo —por aquello del secretismo escudado en el argumento de la seguridad nacional—, lo poco que sale a la superficie irrita.
Más si se le mira a la luz de un proceso de paz que ya se aprecia como prácticamente irreversible, y de la insistencia del presidente Santos en presentarlo, sobre todo internacionalmente, como si le faltara solo el último hervor.
El año comenzó con la incorporación en el discurso oficial del “postconflicto”, el vago pero sugestivo “desescalamiento del conflicto” —que en ocasiones parece ser un eufemismo de un cese bilateral del fuego—, sembrando esperanzas y confusiones que se mantienen por ausencia de información. Simultáneamente el ministro de Defensa que no solo no abandona su lenguaje guerrerista sino que le presenta a un país “al punto de firmar la paz” los nuevos juguetes bélicos del Estado: 32 vehículos blindados tipo Gladiador producidos, obviamente, en Israel, con un costo de 84 millones de dólares. Todo pareciera formar parte del mismo libreto.
Este millonario gasto se suma al de finales del año cuando llegó al país la flamante aeronave ejecutiva para 9 pasajeros, con autonomía de vuelo de 6 horas, por la que la FAC pagó 5 millones de dólares. Esta será destinada exclusivamente para el “traslado de altos funcionarios del Gobierno y las Fuerzas Militares’’ según descripción técnica y fue incorporada a la flota ya existente para ese fin con sede Catam.
La llegada del equipo terrestre marca el nacimiento de la la Fuerza de tarea de armas combinada medianas —Futam— adscrita al Cantón Buenavista (Guajira) una nueva unidad táctica para actuar en las regiones donde se desarrollan proyectos de infraestructura minera, principalmente de empresas multinacionales, tanto en el Norte del país como en el Oriente y Sur: Meta, Caquetá, Putumayo y Vichada. Se trata de vehículos equipados con ametralladoras que se pueden operar directamente o a control remoto, diseñados para combates diferentes a los del conflicto colombiano, igual que los aviones Kafir algunos de los cuales también serán renovados.
En sana lógica, un país que avanza hacia el cese del conflicto armado, debería empezar a reorientar sus prioridades y presupuesto hacia inversiones que permitan iniciar el cierre de la creciente brecha social y territorial para finalmente dejar atrás el triste récord de ser el tercer país más desigual en un continente que es el campeón mundial en desigualdad, especialmente atendiendo y acompañando aquellas regiones que han sido el verdadero escenario del conflicto y que, por lo tanto, deberán serlo del cacareado postconflicto. Pero no, seguimos atrapados en la herencia de 50 años de conflicto que lleva a aceptar sin cuestionamiento alguno, la compra incesante de armamento que deciden a puerta cerrada, cubiertos por el manto de la seguridad nacional, generales y ministros de Defensa dejando muchos signos de interrogación abiertos. Algún día se sabrá la verdadera historia de los contratos y nombres propios de vendedores de armas nacionales e internacionales que se han enriquecido a expensa de la sangre de miles de colombianos. A quienes todo les interesa menos la paz.
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