Al Gobierno le corresponde enviar un mensaje contundente y no premiar a quienes por las vías de hecho quieren alcanzar o asegurar posiciones privilegiadas.
No cesa el clima de agitación que en los últimos días ha experimentado el país. Pese a que un sector del gremio cafetero ha dado por terminada su protesta, luego de los acuerdos alcanzados el pasado sábado con el Gobierno y que, entre otros, permitieron un aumento de 115.000 pesos en el subsidio de cada carga para propietarios de menos de 20 hectáreas y de 95.000 para aquellos cuyos predios superan esta extensión, algunos decidieron no acatar lo firmado y han optado por continuar con los bloqueos de varias de las principales vías. La situación es especialmente crítica en el Valle y en Nariño y Cauca, donde se han causado graves perjuicios a otras actividades económicas, además de generar un creciente desabastecimiento en los centros urbanos.
Al mismo tiempo, otra facción, esta vez de los transportadores, se ha hecho sentir a través del bloqueo de la vía de acceso a Buenaventura, tras retirar las llantas de al menos cinco tractomulas. Se dice que esta manifestación puede ampliarse y los bloqueos extenderse a otras carreteras, entre ellas las que unen a la región caribe con el centro del país.
Han emprendido dichas acciones como forma de presionar al Gobierno para que atienda una lista de peticiones, algunas ciertamente desatinadas, como la del no pago de varios peajes y una desproporcionada rebaja de dos mil pesos en el galón de combustible. En total, según la ministra del ramo, Cecilia Álvarez, sus pretensiones alcanzan los siete billones de pesos.
A estos dos frentes, sin duda los más activos, se suman otros conflictos laborales, como el del Cerrejón y el del sector cacaotero, ambos en vías de solución, así como el protagonizado por los empleados de la Universidad Nacional, que ayer volvió a agudizarse.
La respuesta a los ánimos caldeados no puede ser la de estigmatizar la protesta social, señal de una democracia fuerte, en la que un mayor acceso a la educación, junto con la posibilidad de contar con recursos tecnológicos, ha dado pie a ciudadanos más conscientes de sus derechos y con mayor capacidad tanto de movilización como de difusión de sus reivindicaciones.
Pero hay que ser claros en que el respaldo a los reclamos debe terminar donde comienzan la búsqueda de rentas individuales y la caza de privilegios que minan la igualdad, más cuando con tal fin se opta por las vías de hecho y no por las del diálogo.
Ante tal estado de cosas, al Gobierno le corresponde enviar un mensaje contundente y no premiar a quienes por este camino han querido alcanzar o asegurar posiciones privilegiadas. Urge dejar claro que es mediante el diálogo y no el chantaje como se pueden alcanzar consensos, cuando son justos.
Lo último resulta tan importante como dar muestras rotundas de que a los diferentes frentes se les está dando un manejo coordinado, que evite que las acciones de unas minorías pongan en jaque a la mayoría, algo que por momentos no es del todo claro. Y es que lo que menos le conviene al país es que estos episodios dejen como herencia el precedente de que el pataleo con tintes violentos da réditos, que hace falta espabilarse para poder alcanzar mejores tajadas de un pastel que pagan todos los contribuyentes.
Ceder en tal sentido abriría las puertas a una cadena de concesiones que bien podría terminar por asfixiar la competitividad del país, además de plantear un terreno fértil para nuevas expresiones de clientelismo. Al contrario, deben generarse incentivos para la innovación, la optimización de la producción y una investigación constante. De esta forma se garantizará que los intereses gremiales estén al servicio del bienestar general. No al revés.
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/los-limites-de-la-protesta-editorial-el-tiempo_12636384-4
