El vertimiento de crudo afectó un río, nueve humedales de la región y un nacedero de agua que surtía a varios pobladores. En total, el hecho perjudicó a 170 familias campesinas e indígenas.
El lunes, luego de que se supiera que 200.000 galones de petróleo habían sido derramados en Putumayo, un grupo de funcionarios de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) sobrevoló la región para observar la dimensión del desastre. Aunque era difícil precisar la extensión de la zona perjudicada y los efectos que el derrame tendrá en el ecosistema, lo que vieron no era nada alentador. Los 200.000 galones de crudo que presuntamente fueron vertidos por las Farc ya empezaban a esparcirse por el río Cohembí, un afluente que desemboca en el río Putumayo y del que se surte el resguardo indígena Santa Rosa, perteneciente a la comunidad nasa.
Ante el hecho, que ocurrió exactamente en el corredor Puerto Vega-Teteyé, en la vereda La Cabaña, las reacciones oficiales no se hicieron esperar. “Eso no es voluntad de paz, sólo perjudica a Colombia”, dijo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. “Esa forma de mostrarles a los colombianos que quieren la paz, a través de ataques como los de ayer en el Putumayo, no tiene ningún sentido”, advirtió el presidente Santos.
Incluso Gabriel Vallejo, ministro del Medio Ambiente, viajó ayer al lugar para reunirse de forma extraordinaria con el gobernador del departamento, el director de Corpoamazonia y demás autoridades. Luego de varias horas lograron hacer un reporte preliminar de la cantidad de personas afectadas: 70 familias de la vereda La Cabaña, 100 familias más del Cabildo Alto Lorenzo (comunidad nasa) y 50 estudiantes de una escuela cercana a la que llegó el petróleo.
Sin duda, el hecho de que la guerrilla haya detenido 24 tractomulas y las haya obligado a verter el equivalente a 3.120 barriles de crudo, ha sido visto como un acto opuesto a las intenciones de paz. Pero un incidente de estas magnitudes tiene también consecuencias nefastas para el medio ambiente. En palabras de Luz Marina Mantilla, directora del Instituto de Investigación Científica para la Amazonia (Sinchi), lo que sucedió en Putumayo puede considerarse un “crimen ambiental”.
“La afectación es directamente sobre la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. El petróleo se pegará a las agallas de los peces, por lo que muchos morirán al tener dificultades para respirar. No sólo el comercio se verá afectado, sino también la seguridad alimentaria de familias que se abastecen de estos ríos”, asegura
La preocupación, claro, no es menor. Como cuenta William Mauricio Rengifo, director de Corpoamazonia, el crudo también afectó a nueve humedales que equivalen a 3,5 hectáreas y además contaminó a tres estanques piscícolas y un nacedero de agua. Otros cuatro aún se encuentran en peligro.
Pero uno de los puntos que más inquieta es justamente el río Cohembí, por ser un afluente del río Putumayo, que a su vez lo es del Amazonas. “Este afluente, además de tener graves problemas de mercurio y minería ilegal, es frontera con Ecuador y Perú. Es urgente tomar rápidas medidas para controlar los impactos”, explica Mantilla.
Técnicamente, cuando cae crudo a un cuerpo de agua hay una afectación directa de las aguas superficiales y las aguas subterráneas. En el caso de estas últimas, como lo dijo en Blu Radio Ómar Vargas, subdirector de hidrología del Ideam, la recuperación es muy complicada, pues “puede tardar años y requiere de unas tecnologías muy complejas y de unos tratamientos que son muy costosos”.
Con él concuerda el biólogo Gonzalo Andrade, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Según explica, el petróleo no se diluye de una forma fácil sobre el agua y queda flotando en la superficie. Eso genera una contaminación que puede expandirse de forma rápida y que afecta toda forma de vida del lugar.
“En este momento cualquier microorganismo que haya tenido contacto con el crudo debe estar muerto. El daño en humedales y el resto de cuerpos de agua es enorme. Los animales, la vegetación y los humanos que dependen de ese afluente pueden resultar afectados. Una recuperación total puede tardar mucho tiempo. Además, es posible que se transporte hacia afluentes mayores si no se toman acciones inmediatas como poner barreras que impidan su circulación”, afirma Andrade.
Eso, precisamente, es lo que ayer prometió hacer el Minambiente, al tiempo que anunció la disposición de carro tanques con agua potable y la implementación de un plan a mediano plazo para recuperar los suelos y el ecosistema. Y aunque aún no se conoce en detalle esa estrategia, los expertos concuerdan en que debe ejecutarse lo más pronto posible antes de que los daños resulten irreparables. La pregunta que queda en el aire es qué entidades se encargarán de llevarla a cabo porque las compañías petroleras no están obligadas a restaurar los daños cuando con ocasionados por terceros.
Petroleras, las otras damnificadas
Además de todos los perjuicios para la salud y el ambiente, un evento como el del Putumayo tiene un impacto directo en las finanzas del gremio petrolero, que es aún mayor cuando los bajos precios del crudo tienen en jaque al sector. Fueron varias las compañías que mostraron su indignación ante un hecho que no es nuevo en las veredas de Puerto Asís.
Por ejemplo, Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía criticó duramente la acción de las Farc: “Por cada 10.000 barriles que se dejan de producir, el Estado deja de recibir $320.000 millones. El problema de que atenten contra un oleoducto es que no se puede seguir bombeando el crudo y la capacidad de almacena- miento es limitada. Esto obliga a parar la producción. El daño es irreparable”.
De hecho, si se mira de forma mucho más amplia, la pérdida es enorme. Afecta toda una cadena de valor que, como asevera la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, perjudica desde los ecosistemas, la generación de desarrollo y el empleo de la industria, hasta el bienestar de las comunidades y la inversión extranjera y local. Es decir, las consecuencias se reflejan en todo el aparato económico nacional.
“Los ataques le ponen presión a la producción, pero el sector ha demostrado que es capaz de producir un millón de barriles en diferentes situaciones de seguridad. Esperamos que con el trabajo conjunto con la Fuerza Pública se mantengan las metas de producción”, aseguró el ministro de Minas, Tomás González.
Y el daño resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta, como dice Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, que en los últimos cuatro años el Eln y las Farc han sido los causantes del 90% de los derrames, es decir, 340.000 barriles. “No es la primera vez que ocurren este tipo de atentados en el corredor Puerto Vega-Teteyé. Es sorprendente que no se haya evitado. Lo que está haciendo la guerrilla es una insensatez”.
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