Los ‘paras’ que saldrán en 2014

Para el Gobierno, especialmente por el contexto de los diálogos de paz en La Habana, es clave depurar la lista de los exparamilitares que podrían recuperar su libertad el próximo año. Por esa razón la semana pasada tuvo lugar una sesión extraordinaria de un comité interinstitucional, conformado por delegados de los ministerios de Justicia y Defensa, la Fiscalía, el Inpec, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad de Víctimas, la Unidad de Protección, el Centro de Memoria Histórica y la Policía.
 

“El Gobierno, en su función preventiva, quiere estar al tanto de esta situación”, le dijo a este diario Ruth Stella Correa, ministra de Justicia. “Si salen no quiere decir que fueron absueltos, los procesos continúan, pero tienen que seguir cumpliendo con la verdad, justicia, reparación y no repetición”. Y por eso, buscando prever qué personas podrían solicitar su libertad el año que viene, el Inpec entregó una lista de 65 personas que están postuladas a Justicia y Paz, detenidas desde 2006, listado que incluye a varios excomandantes de alto nivel (ver listado). 
 

En esa lista se incluyeron también nombres que no se habían contemplado hasta ahora, como el de Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche; Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio y Jorge Iván Laverde Zapata, El Iguano. Está en manos de magistrados de garantías decidir quiénes podrán salir en libertad condicional. Según Catalina Díaz, funcionaria del Ministerio de Justicia, el Gobierno está estudiando los perfiles de todos los posibles candidatos para poder alertar a las entidades correspondientes y, sobre todo, evitar impactos negativos sobre los procesos de restitución de tierras, de memoria histórica, las víctimas o, incluso, sobre la propia seguridad de los exparamilitares.
 

Testificó que Silvia Gette, exrectora de la Universidad del Caribe hoy detenida por la muerte del ganadero Fernando Cepeda, fue la determinadora de ese crimen. Fue la mano derecha del comandante Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, en la expansión del paramilitarismo en la Costa Caribe. Fue oficial del Ejército antes de ingresar a las Auc y salió destituido por un allanamiento ilegal. Entre los crímenes en que habría participado está el de Alfredo Correa de Andreis, sociólogo y profesor universitario de Barranquilla; así como homicidios de líderes de desplazados, sindicalistas y defensores de derechos humanos, y un computador suyo, decomisado en 2005, fue clave para encontrar evidencias al respecto. En diciembre de 2011 el Tribunal Superior de Cundinamarca lo condenó a 8 años (el máximo de la pena alternativa que se otorga en Justicia y Paz) por 170 hechos, de ellos 129 homicidios cometidos por sus hombres. Fierro también admitió responsabilidad en delitos como desplazamiento, tortura, secuestro y abuso sexual.
 

Después de abril de 2004, del jefe paramilitar Carlos Castaño nunca se supo más nada hasta que Pérez Roldán confesó el destino que había corrido: su hermano Vicente Castaño, del que ‘Monoleche’ era jefe de seguridad, había ordenado su ejecución y ‘Monoleche’ fue quien planeó y ejecutó el asesinato. Incluso le indicó a las autoridades en qué fosa yacían los restos. Fue inicialmente jefe de seguridad de Vicente, Fidel y Carlos Castaño y, por estar vinculado a estos fundadores del paramilitarismo desde siempre, la Fiscalía señala que él tiene buen conocimiento de masacres, desapariciones y de los despojos de miles de hectáreas en el Urabá. ‘Monoleche’, sin embargo, ha repetido una y otra vez en las versiones libres: “No sé nada sobre ese hecho”. ‘Monoleche’, además, aseguró en un Tribunal de Justicia y Paz de Medellín que funcionarios del gobierno Uribe estaban detrás del asesinato de Vicente Castaño, pero hasta el momento la justicia. 
 

Fue el asesor político que, junto con Carlos Castaño, estableció la ‘confederación’ de grupos de autodefensa en todo el país (más conocidos como Autodefensas Unidas de Colombia) para tener vocería  y poder sentarse a negociar con el gobierno.  En Justicia y Paz siempre ha negado responsabilidad alguna en los crímenes de su bloque (masacres, desapariciones, desplazamientos), y por esa “falta de cooperación con las víctimas” la Fiscalía solicitó en 2010 su expulsión de Justicia ante el Tribunal Superior de Bogotá. El Tribunal lo expulsó, pero la Corte Suprema reversó la decisión un año más tarde a cambio del compromiso de ‘Báez’ de ahondar más en la historia de la creación de las autodefensas, grupos con los que tuvo primer contacto en los años 80, cuando era asesor de  la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam). Tiene de igual forma procesos abiertos por el secuestro de Piedad Córdoba, homicidios de sindicalistas e indígenas y funcionarios judiciales.
 

Es el fundador del grupo más antiguo de autodefensas del que se tenga registro en el país y, asimismo, promotor de la violencia paramilitar del Magdalena Medio. No en vano Puerto Boyacá tenía una valla a su entrada en la que se proclamaba como la “capital antisubversiva de Colombia”. A su bloque se le adjudican unas .1200 muertes pero, en 2007, durante su primera versión de Justicia y Paz,  para sorpresa de las víctimas expuso que no podía relatar su historial de violencia porque sufría de alzheimer. Isaza ha aceptado algunos cargos en Justicia y Paz sobre hechos que han dejado más de 400 víctimas, entre las que se encuentran siete personas que en 2001 intentaban buscar a dos familiares suyos desaparecidos cuando fueron ejecutados por los ‘paras’ cerca de Fresno (Tolima). En 2010 la Fiscalía le imputó 517 hechos a él y a sus lugartenientes, que incluían delitos como desaparición forzada y tortura. Su hijo, Ovidio Isaza, también hizo parte de las autodefensas comandadas por su padre y fue detenido en septiembre de 2012. Tiene 73 años.
 

Tiene 40 años, más de 3.000 crímenes confesados y fue quien se inventó los llamados “hornos de la muerte”, donde se incineraron cientos de cadáveres de la barbarie paramilitar. ¿La razón? Que sus aliados en la Fuerza Pública les pedían desaparecer los cuerpos para evitar que se incrementaran las estadísticas de muertos en el Catatumbo. ‘El Iguano’ se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004 y entregó 1.114 armas. . Confesó, entre otros, que tiró 15 muertos al río Pamplona y que realizó 35 masacres en su zona. También que ordenó el asesinato del candidato a la gobernación de Norte de Santander Tirso Vélez. Su bloque tiene registradas cerca de 8.000 víctimas.
 

 

Junto a su hermano Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, fue uno de los hombres claves en fortalecer el paramilitarismo en la zona del sur de Bolívar y en tomarse a Barrancabermeja como fortín de las autodefensas. Hizo parte también de la mesa de negociación en Ralito con el gobierno Uribe. Entre los más de 100 hechos de los que la Fiscalía lo señala como responsable figuran 20 masacres perpetradas en Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander). En sus versiones libres ha revelado que robaba gasolina de oleoductos de Ecopetrol con la complicidad de funcionarios corruptos de esa entidad y ha admitido el asesinato de por lo menos 12 sindicalistas del sur de Bolívar, Barrancabermeja y Bucaramanga. ‘Bolívar’, como tantos otros exjefes paramilitares, se ha referido en varias audiencias a sus víctimas como “auxiliadoras de la guerrilla”.
 

Nació en 1964 en Yacopí (Cundinamarca). En 1988 entró a las autodefensas de Henry Pérez en Puerto Boyacá y para 1994 ya era el comandante de la zona. En 1997 se integró a las autodefensas de Carlos Castaño Gil. Su área de influencia se desarrolló en Boyacá y Santander. Se le atribuye la masacre de 14 campesinos de la vereda Número Siete del municipio de Cimitarra (Santander), cometida en abril de 1987, así como el crimen de varios oficiales de la Sijín que investigaban el llamado cartel de la gasolina que comandaba ‘Botalón’. Se desmovilizó el 28 de enero de 2006. Es muy poco lo que se conoce de sus confesiones a Justicia y Paz.
 

Cobos Téllez tiene 45 años e ingresó al mundo de las autodefensas a mediados de los 90 cuando llegó a Sucre como administrador de la finca ‘Las Melenas’ desde donde se planearon varias incursiones paramilitares, según se ha confesado. Tiene procesos por narcotráfico y fue piedra angular de la parapolítica en Sucre y Bolívar. ‘Juancho Dique’, por su parte, ha sido condenado por varios homicidios agravados. Casi 6.700 personas se acreditaron en Justicia y Paz como víctimas de este bloque. Ambos fueron ya condenados, con ratificación de la Corte Suprema en 2011, por la masacre de Mampuján, en Sucre. También se les relaciona con las masacres de Macayepo, Chengue, Chinulito, Pigiguay y El Salado. Se calcula que más de 50 mil personas fueron desplazadas por sus fusiles. 
 

Aunque perteneció a las Juventudes Comunistas, en 1986 comenzó su relación con el paramilitarismo en Yacopí. Fue clave para desarrollar operaciones conjuntas con el Batallón Bárbula del Ejército. Formalmente el bloque que comandaba, el de Cundinamarca, se anexa a la federalización de paramilitares aglutinados bajo la figura de Carlos Castaño en 1997. Se sabe que pactó con las Farc un acuerdo de no agresión en la zona, pero éste se rompió en 2003 y como consecuencia murieron casi un centenar de víctimas. Apenas ha entregado $120 millones para reparar a sus víctimas (se calcula que más de 500). Sin embargo, en sus versiones no ha reconocido más allá de una veintena de homicidios. El Sistema de Información de Justicia y Paz tiene alrededor de 600 personas que se han registrado como víctimas de este bloque.
 

Con 20 años ingresó a las autodefensas del Magdalena Medio bajo el alias de ‘Ómar Gutiérrez’. Su alias de ‘Pirata’ se debe a que le tocó utilizar un parche en un ojo durante mucho tiempo por cuenta de una enfermedad. En 1991, tras la muerte de Henry Pérez, fue trasladado a San Martín (Meta). Comenzó a financiarse a través de cuotas a ganaderos y eliminó cualquier rastro de la Unión Patriótica en los Llanos. Fue protagonista de masacres como Caño Sibao o Puerto Alvira (Meta).  Su bloque tiene más de 6.000 víctimas acreditadas. Además libró una guerra con las Autodefensas de Casanare de ‘Martín Llanos’. Se calcula que unas 2.000 personas perdieron la vida en esa confrontación. Ha entregado decenas de fosas en el Llano y ha dado información sobre 250 crímenes y desapariciones. Se desmovilizó el 6 de abril de 2006.
 

Hizo primero, hacia 1994, parte de la guerrilla en Meta, pero no tomó mucho tiempo para que conformara las autodefensas del Meta y Vichada, a las cuales se les atribuye el exterminio de decenas de miembros de la Unión Patriótica en los Llanos Orientales. ‘Torres’ ha sido señalado por exintegrantes de las Auc como el enclave del fallecido zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, con el paramilitarismo, pero Carranza siempre negó tal vínculo y lo propio ha hecho ‘Guillermo Torres’, quien ha aceptado su participación en crímenes como la masacre de Mapiripán (1997) o los asesinatos de decenas de personas  que él y sus hombres relacionaban con los frentes 16 y 39 de las Farc.