La casa parroquial donde viven dos monjas, es el único lugar donde los habitantes de Riachuelo, corregimiento de Charalá (Santander), se sienten tranquilos para hablar. En el resto de esta zona están vivos los recuerdos de las atrocidades que cometió el frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar de las Auc, imágenes que persiguen a los habitantes de este pequeño poblado desde su entrada: una trocha estrecha, polvorienta, que cuando llueve se convierte en un masa de barro y piedras.
Recuerdan que en el sector de La Cuchilla, los ‘paras’ hacían retenes para vigilar quién entraba y quién salía; dicen que en el parque amarraban de pies y manos a los hombres que no cumplían lo que los comandantes ordenaban. A algunos los ataban desnudos. La tienda era el lugar en el que tomaban licor y escuchaban música mientras decidían quiénes eran sus víctimas. El colegio fue el espacio donde una generación entera soportó, sin poder decir una palabra, los caprichos de los comandantes sin que la máxima autoridad de la institución, la rectora Lucila Inés Gutiérrez, pusiera límites. (Lea también: La directora de escuela / Columna Laura Gil).
Lo dicen quienes, a pesar de sentir temor, se atreven a denunciarlo ahora, pero también lo han dicho ante Justicia y Paz, algunos postulados. Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias ‘Rodrigo’, desmovilizado del Bloque Sur del Bloque Central Bolívar de las Auc, en una versión libre en mayo del 2013, mencionó a la rectora y a su esposo, el exconcejal de Charalá Luis Moreno, como colaboradores de las autodefensas.
Los reinados que se hacían en el colegio, en los que las ganadoras, mujeres que apenas llegaban a la adolescencia y estaban en bachillerato, eran el botín de los ‘paras’. Son recuerdos que muchos jóvenes que vivieron esa época, y que ya están llegando a la adultez, quieren olvidar. “También es duro recordar cuando nos sacaban de las clases para limpiar las armas”, dice un joven, que suplica que no se le tomen fotos y mucho menos se revele su identidad. En Riachuelo hay temor.
Muchos de los paramilitares que se desmovilizaron y se postularon ante la Ley de Justicia y Paz, en el 2006, están por cumplir la pena alternativa de ocho años, lo que podría originar una masiva excarcelación. Esa es la amenaza de algunos. Entre esos del exconcejal Luis Moreno, quien –según varios testimonios– ha dicho que volverán.
La rectora y su esposo, investigados
Sobre el exconcejal Moreno y su esposa, la exrectora, pesan varias investigaciones en la justicia ordinaria. Una de ellas, ya está en etapa de juicio y está relacionada con el homicidio de un hombre, que de acuerdo con declaraciones de ‘paras’ asesinaron por orden de Moreno. La pareja sigue viviendo en la casa más grande del corregimiento, justo en el medio de la tienda, que sirvió de lugar de festejos de los ‘paras’ y del colegio, donde estos tuvieron siempre las puertas abiertas.
“Todo es mentira. Las que se están pasando por violadas fue por su entero gusto (…). Los violados eran los ‘paracos’ no las niñas”, dice sin pena Luis Moreno, sentado en una banca del patio de su casa, junto a su esposa, vestido con botas pantaneras y sombrero. Su esposa, que hasta mitad del año anterior fue la rectora de la única institución educativa con que cuenta la población, también desmiente las acusaciones en su contra. Hablan de un complot de los ‘paras’, de extorsiones, de mentiras. “Yo no entiendo eso que dicen de las puertas abiertas, pues claro, las puertas del colegio siempre están abiertas para todo el mundo”. ¿Hasta para los paramilitares? “Para todo el mundo”, insiste. (Ver declaración).
Luz Marina Avellaneda, fiscal 51 de Justicia y Paz de Bucaramanga, fue la encargada de documentar los hechos que ocurrieron en Riachuelo. «El problema actual es la desconfianza de la comunidad por la presencia, según esta, de terceras partes que hicieron parte o colaboraron con la presencia del frente Comuneros que operó allí”, dice la fiscal, quien agrega que es una zona marcada por el reclutamiento masivo de menores y la violencia de género, sobre todo violencia sexual.
“Había mucho temor para hablar, pero la Fiscalía logró ubicar a varios menores víctimas de reclutamiento, hombres y mujeres que fueron además víctimas de abusos sexuales, para que dieran su testimonio y permitieran ayudar a armar la historia”, cuenta. Reitera que en el proceso de versiones libres, los ‘paras’ han señalado a la rectora y a su esposo. “Como Justicia y Paz solo tiene competencia ante los desmovilizados postulados, lo que tiene que ver con terceros, nos limitamos a escuchar. Ellos relatan para efectos de la verdad y nosotros compulsamos copias para que la Fiscalía competente adelante la investigación”.
La fiscal Avellaneda explica que por orden de la Fiscalía General de la Nación se ordenó que todos los procesos que se encontraban relacionados con el tema de Riachuelo, que hasta ahora manejaba la seccional de San Gil, los retomara una unidad especial en Bogotá. “La Fiscalía sacó de la zona el proceso de donde estaba investigándose porque había quejas por su poco avance”, cuenta la fiscal, quien reitera que en Riachuelo, el tema de violencia de género y sexual fue recurrente. Pero no fue lo único, las desapariciones y las muertes también dejaron una marca de dolor.
El salto del ángel, que antes de la incursión de los paramilitares era el lugar de encuentro de la comunidad en los días de descanso por las cascadas de agua cristalina y por el verde que rodea el espacio, se convirtió en una de las bases de operaciones de los paramilitares. Hasta allí llegaron los máximos comandantes de las Auc, allí levantaron en piedra unas celdas donde metían a los “castigados”, desde allí tiraban al vacío a los que no cumplieran con sus órdenes.
“Desde ese lugar lanzaron a muchas personas. Allí tenían una especia de base, allí se reunían”, cuenta la fiscal Avellaneda. También hacían fiestas, llevaban mujeres, cantantes, poco a poco fueron desdibujando lo que significó ese espacio. Ahora es difícil que alguien quiera ir allí, los recuerdos siguen vivos y aunque en ruinas, aún se ven las celdas de ladrillo que los ‘paras’ levantaron es ese lugar, en medio de la naturaleza imponente de Santander.
Reinados y tardes dedicadas a limpiar armas
“Hubo una generación perdida”, dice un hombre, que prefirió irse de Riachuelo antes que vivir con el difícil recuerdo. Perdida porque –advierte– los jóvenes que estaban en plena época de colegio tuvieron que ver cómo su institución no tenía autoridad que impidiera la entrada de hombres que imponían su ley.
Cuenta que mientras a las niñas, las más bonitas de cada curso, las ponían a desfilar en reinados que –de acuerdo con investigaciones que lleva la Fiscalía– contaban con el apoyo de las Auc, quienes eran jurado y terminaban llevándose a las ganadoras a pasar noches con ellos; los niños debían ayudar a limpiar armas. El que no lo hiciera recibía un castigo: barrer el cementerio o el parque, era lo más simple comparado con las golpizas que se llevaron algunos por desobedecer.
“No importaba si estábamos en clase, si ellos querían nos sacaban del colegio y nos llevaban a una casa donde durábamos tarde enteras limpiando pistolas. El que no hacía caso le iba mal. Entonces uno prefería obedecer”, dice un exestudiante de la escuela, quien también relata cómo tuvo que soportar los castigos de los que fue víctima su papá.
“A él lo pusieron a hacer fosas para enterrar a los que ellos (los ‘paras’) mataban y cuando se negaba lo amarraban y le pegaban frente a la familia. Han pasado muchos años, pero lo tengo presente”, dice.
Avellaneda también habla de las fosas comunes que en ese sector se encontraron. Dice que hubo muchas víctimas y que con el paso del tiempo y en la medida en que la gente ha decidido denunciar, se ha visto la magnitud de lo que ocurrió allí. Fue tan grave que por eso la Unidad de Víctimas, en cabeza de Paula Gaviria, inició un proceso de reparación colectiva con los habitantes de Riachuelo.
En el proceso, la comunidad pide un puesto de salud y seguridad. En el corregimiento no hay un solo policía y si alguien se enferma debe ir hasta Charalá a una hora en carro, si las condiciones son buenas.
El exconcejal y la rectora insisten en decir que las acusaciones de los exparas y de algunos habitantes de Riachuelo son parte de un complot porque él no dejó extorsionar de un paramilitar, que –dice– le exigía 100 millones de pesos. “Y como yo no quise pagarle me están haciendo esto”, asegura. La profesora, entre tanto, cuestiona que no se haya puesto en duda a los otros docentes de la institución. “Si eso es verdad y yo dejé entrar a esa gente, por qué no le dicen nada a los otros profesores, yo no era la única en ese lugar”, cuestiona. Entre tanto, la comunidad está dividida. Mientras unos callan y dicen que es mejor esperar a que la justicia actúe antes de poner en duda las acciones de la pareja señalada, otros dicen sentir temor de tenerlos por vecinos. La Fiscalía sigue investigando y las organizaciones de derechos humanos y de mujeres acompañan a la comunidad y las siguen alentando para que no se queden calladas.
El proceso de reparación
Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, cuenta que el impacto que dejó la ocupación de las Auc en el pueblo aún se siente. “Aún hay mucha desconfianza, prevención, dudas, estigmatización. Por eso es necesario que se dé un compromiso desde todas las instancias para lograr el fortalecimiento del tejido social”, dice Gaviria, quien señala que el proceso en Riachuelo empezó en febrero del año pasado y se ha logrado un acercamiento con la comunidad.
En el registro de la entidad que lidera Paula Gaviria hay 340 víctimas, pero según sus propias palabras se cree que hay un subregistro. “La cifra puede ser mayor porque hubo una ocupación prolongada de las Auc en esta zona”, señala Gaviria, quien cuenta que la prioridad en el proceso de Riachuelo son los niños y las mujeres que se vieron afectadas por las acciones de los paramilitares que invadieron la zona.
“Vemos una comunidad fraccionada y eso es un rasgo recurrente en estos tipos de procesos, pero con el trabajo en conjunto con la Fiscalía, Policía, Naciones Unidas y algunas ONG se está dinamizando el proceso, ya se tiene un diagnóstico, un comité de impulso y un plan de medidas de reparación”, cuenta Gaviria, quien anuncia que el próximo tres de mayo se llevará a cabo una reunión en el pueblo con varias entidades para socializar aspectos del proceso de reparación.
Acompañamiento de la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz
Esta ONG defensora de derechos humanos ha acompañado los procesos de varios municipios en temas de litigio y fortalecimiento de tejido social. Entre el 2012 y el 2013, la organización asumió la representación de un total de 36 casos de violencia sexual, los cuales 26 están siendo judicializados en Justicia y Paz, mientras uno se tramita ante la justicia ordinaria y 9 se judicializan paralelamente en Justicia y Paz y en la justicia ordinaria. Entre los casos que llevan, están los de Riachuelo, donde el acompañamiento psicojurídico y psicosocial ha sido clave para que mujeres y jóvenes se atrevan a denunciar.
La columna que generó amenazas
‘La directora de la escuela’, una columna publicada en este diario, el 29 de octubre del 2013, por Laura Gil en la que denunció hechos relacionados con el temor que viven varios habitantes de Riachuelo a causa de la presencia de personas que habrían permitido la entrada de ‘paras’ a la zona, causó reacciones en el pueblo. Fuentes que pidieron no ser reveladas le contaron a este diario que después de la publicación hubo intimidaciones hacia algunos pobladores de Riachuelo por parte de personas mencionadas en la columna.
www.eltiempo.com/justicia/los-paras-todava-asustan-a-riachuelo_13787600-4
