El proceso de restitución de tierras comienza a coger ritmo y en algunas zonas como Cesar ya se están viendo las primeras sentencias que ordenan devolver predios despojados. Pero las amenazas contra ocho periodistas de la región -las primeras que firma el Ejército Anti Restitución contra reporteros- ya los han llevado a reducir al mínimo su cubrimiento de las historias de las víctimas. Y esa autocensura se está manifestando también en otras zonas clave para la puesta en marcha de Ley de Víctimas como Sucre, Córdoba, La Guajira, Tolima y el Bajo Cauca antioqueño.
“Apenas está comenzando la restitución y las fuerzas oscuras se están moviendo ya para que la prensa, que es uno de los veedores más importantes en este proceso, se calle. Nosotros somos las voces de las víctimas y de los reclamantes. Nos quieren amedrentar para que nos autocensuremos y, de una u otra manera, lo han logrado”, le dijo a La Silla uno de los ocho periodistas amenazados del Cesar.
“La autocensura es el gran problema de la libertad de prensa en Colombia hoy. En muchas regiones ya ni siquiera hay ambiente para hablar de temas delicados como la Ley de Víctimas o el proceso de paz, ni para hablar de la criminalidad que se está moviendo”, dice Jonathan Bock de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), quien monitorea los niveles de riesgo en todo el país.
Es el caso de municipios del Golfo de Morrosquillo como San Onofre, que sigue siendo un corredor muy importante para el narcotráfico. “Los medios se limitan a informar que hubo una reunión por aquí y una visita de la Unidad de Víctimas por allá. Seguramente por eso no hemos visto todavía ninguna amenaza, porque ya desde antes se está evitando tocar esos temas”, explica una periodista sucreña.
Y sucede también en el Bajo Cauca antioqueño, donde las bandas criminales tienen una presencia significativa. «Los temas judiciales acá sólo los tocan los medios amarillistas. Nos encontramos con frecuencia diciendo ‘vale la pena mirar esto pero mejor lo dejamos ahí’, porque puede traer consecuencias», dice un periodista que conoce bien a región.
La prensa vallenata amordazada
El caso del Cesar ilustra lo que podría estar por venir en otras regiones cuando finalmente despegue el proceso de restitución.
Allí, como fue denunciado ampliamente en los medios, a comienzos de mayo llegaron
dos cartas a las redacciones del periódico El Pilón y la emisora Maravilla Stereo, firmadas por el Ejército Anti-Restitución. Debajo de la imagen de una ametralladora corta, aparecían los nombres de ocho conocidos periodistas de Cesar que trabajan para noticieros de radio, televisión y periódicos, tanto a a nivel nacional como regional.
Lo único que tienen en común es que viven en Valledupar y que todos han escrito en los últimos meses alguna nota sobre temas relacionados con la Ley de Víctimas. “Simplemente le dimos cabida a las víctimas en nuestros medios”, dice uno de ellos.
“Tienen 24 horas para salir de la ciudad y debe quedar claro que si siguen metiendo sus narices en los casos de restitución de tierras, serán ustedes las próximas. Es el único y último llamado que se les hace”, decía la carta.
Tres semanas después, la incertidumbre y la falta de información sobre quienes los declararon “objetivos militares” los ha llevado a la conclusión de que es mejor
bajarle el tono al cubrimiento mientras las autoridades producen resultados.
«Ya yo no me siento a escribir con la misma convicción periodística de siempre. Empieza uno a ser cuidadoso, a pensar dos veces en las palabras que utilizamos, en ver cuál ángulo resulta menos sonoro», dice otro.
Su mayor temor es que se repita lo que sucedió en Cesar a finales de los años noventa, cuando fueron asesinados dos periodistas reconocidos de la región. Amparo Jiménez, una reportera de QAP especializada en temas de orden público, fue
acribillada en 1998 después de dejar a su hijo en el colegio. Un año después, Guzmán Quintero fue
asesinado tras salir del diario El Pilón, donde era jefe de redacción.
Casi todos coinciden en que el nivel de información que publicaban sobre víctimas y tierras apenas rozaba la superficie, porque no existen condiciones para trabajarlos en mayor profundidad. “Nosotros veníamos registrando los hechos puntuales que sucedían, pero no estábamos haciendo investigación como tal”, dice otro.
Por ejemplo, algunos -aunque no todos- cubrieron la entrega de las
primeras sentencias en el departamento, que fueron simbólicas porque las dos familias aún no han podido regresar a los predios en San Diego de donde salieron en 1997 amenazados por el Bloque Norte de las AUC.
“Con frecuencia muchas víctimas acudían primero a nosotros y luego hacían las denuncias ante las autoridades competentes porque creen que, al enterarse la ciudadanía, las autoridades se sentirán más presionadas a producir resultados en su caso”, dice otro periodista amenazado.
Aunque su identidad sigue siendo un misterio, el autodenominado Ejército Anti Restitución ya ha
amenazado a líderes de víctimas en varias regiones y a figuras de la izquierda como Iván Cepeda o Gloria Cuartas. Hasta ahora el Gobierno
ha evitado referirse a éste como un grupo y se ha limitado a señalar que hay personas intentando obstaculizar el proceso.
Un clima difícil para restituir
Silenciar a los periodistas en las zonas de restitución puede tener efectos nefastos sobre todo el proceso porque los periódicos y las emisoras locales son las principales fuentes de información de las personas centrales en la Ley de Víctimas. Es decir, las víctimas mismas.
Por ejemplo en el Cesar, casi todos, tanto víctimas como periodistas, coinciden en que la situación se ha venido deteriorando este año. Y advierten con preocupación que las amenazas y atentados contra líderes de víctimas, tierras y de comunidades indígenas se han multiplicado con creces, como
también ha ocurrido en otras zonas piloto para la restitución.
Desde marzo al menos 20 líderes de víctimas han denunciado amenazas en Cesar. A una decena de líderes de desplazados les enviaron coronas fúnebres. A uno de los campesinos que se vieron beneficiados por las primeras sentencias de restitución en la vereda de El Toco, en San Diego, le tocó esconderse cuando varios desconocidos intentaron entrar de noche en su casa en Codazzi.
La sensación de desamparo de muchos es tal que hace tres semanas, tres líderes de desplazados se
encadenaron en la plazoleta frente a la Gobernación en Valledupar para pedirle protección al Estado frente a las constantes amenazas de bandas criminales como Los Rastrojos. A pesar de su visibilidad pública, pocos medios lo
cubrieron.
La situación es similar, como
contó La Silla, para los líderes indígenas. Hace una semana, dos desconocidos lanzaron una granada frente a la casa -en pleno casco urbano de Valledupar- de Pedro Loperena, uno de los líderes wiwa más reconocidos de la región y miembro del consejo territorial de cabildos de la Sierra Nevada que participa en las consultas previas. Esa amenaza se puede considerar doble, porque su esposa Elvia Cuadro es la defensora de las comunidades indígenas en la Sierra Nevada de la Defensoría del Pueblo. Esta noticia ya no llegó a
casi ninguno de los medios regionales.
Todavía no han salido sino cuatro fallos de restitución en Cesar, pero la magnitud del despojo en el departamento permite anticipar que las cosas se pondrán más difíciles. A la Unidad de Restitución han llegado 2.841 solicitudes en 25 municipios del departamento, que equivalen a unas 195 mil hectáreas de tierras.
Ya hay 130 casos en manos de los jueces agrarios, que podrían traducirse en nuevas sentencias en las próximas semanas en Codazzi, San Alberto, El Copey, Valledupar y de nuevo San Diego. Estos fallos podrían, de nuevo, traer problemas a sus beneficiarios y ser pasados por alto por una prensa que ha sido amordazada.
“Apenas vamos para la segunda entrega y fíjate los problemas que ya está trayendo”, dice otro de los periodistas. “En el momento en que avancen los casos en las zonas donde comenzó la violencia, como la Hacienda Bella Cruz en el sur del departamento, la cosa va a ser más aguda”.
Lo más grave es que si se agudiza la violencia posiblemente nadie -salvo las víctimas- se enterarán pues los periodistas ya asumieron que su mejor protección es no decir nada.
http://www.lasillavacia.com/historia/los-periodistas-se-autocensuran-en-zonas-de-restituci%C3%B3n-44897
