Tratamiento a civiles en conflicto y uso de fuerza en acciones ofensivas, entre los temas de debate.
Un duro debate se desató el martes en el Congreso por varios puntos incluidos en la reglamentación del fuero militar, que por su contenido generan varias dudas, especialmente los relacionados con el tratamiento a civiles en el conflicto, el uso de la fuerza en acciones ofensivas y la responsabilidad que podrían tener mandos superiores sobre actos delictivos.
La reglamentación del fuero, que el martes comenzó a ser discutido en comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado, establece en el artículo 10 que “se entiende por blanco legítimo la o las personas que forman parte de los grupos armados”, y agrega que “también lo son los civiles que participan directamente en las hostilidades”.
Aunque se especifica que la “participación directa de las hostilidades” que le da la posibilidad a la Fuerza Pública de combatir civiles está relacionada a que causen “daño directamente a la población o bienes civiles o a la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado”, la duda que varios expresan hace referencia a la forma en que se determinará cuándo una sola persona cumple con estas condiciones.
Y la preocupación aumenta, según varias voces en el Congreso, porque a reglón seguido se aclara que “la participación directa en las hostilidades por personas civiles conlleva para estas la pérdida de la protección contra los ataques de la Fuerza Pública”, lo cual los dejaría expuestos a las acciones ofensivas que se ordenen.
Otro aspecto que generó debate está relacionado con la definición de “objetivo militar”, ya que el artículo 13 establece que éste “se entiende (como) todo bien que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuya eficazmente a la acción violenta de un grupo armado”, a lo que se le suma que “el criterio de naturaleza del bien comprende todos los utilizados directamente por los grupos armados”.
La duda que despertó está en el detalle, ya que es de público conocimiento que los grupos ilegales a veces se atrincheran en propiedades civiles, para, desde allí, atacar a la Fuerza Pública. A esto, de acuerdo con los críticos, no le ayuda que se precise que “el criterio de ubicación comprende todos los bienes que por su naturaleza no tienen una función militar, pero por el lugar donde están ubicados contribuyen eficazmente a la acción violenta”.
Estos y otros apartes del texto, que debería ser votado hoy miércoles para evitar su hundimiento, llevaron al senador Luis Carlos Avellaneda a calificarlo como una “norma absolutamente inoportuna y por fuera de la coyuntura política”, que está concebida “para la guerra y no para la paz”. El Gobierno, en cabeza del Ministerio de Defensa, aseguró que estas objeciones son infundadas, porque el mismo articulado establece límites sobre los actores del conflicto, la forma en que se aplicará el Derecho Internacional Humanitario precisa que “el principio de trato humanitario será respetado en todo momento”.
El liberal Guillermo Rivera advirtió que de acuerdo con el artículo 33 podrían quedar “en inmediata libertad” oficiales condenados por diferentes actos, como el coronel (r) Alfonso Plazas Vega (procesado por el caso del Palacio de Justicia), o el general (r) Rito Alejo del Río (llevado a la justicia por vínculos con ‘paras’). Dijo que ese inciso “rompe de tajo con la teoría de los aparatos organizados de poder o la teoría del hombre detrás”.
Lo que en concreto establece ese artículo y despierta suspicacias es que se indica que “no se podrá suponer, sin elementos probatorios específicos, que unidades de la Fuerza Pública o sus miembros conforman estructuras jerárquicas que operan al margen del derecho”. Según Rivera, eso “blinda” a la Fuerza Pública de ser juzgados como cadena de mando.
El otro aspecto que despertó duda es el uso de la fuerza. Aunque se aclara en el articulado que los uniformados pueden ir a la ofensiva y no esperar a ser atacados, usando “tácticas de sorpresa y las estratagemas contra los blancos legítimos y objetivos militares”, precaviendo reducir el daño a la población civil, se viabiliza la superioridad para lograr vencer al objetivo.
“No se entenderá como desproporcionado un ataque por el simple hecho de contar con superioridad numérica o de armas, o una posición táctica ventajosa, frente a un blanco legítimo o un objetivo militar”, precisa el artículo 19. «La intención de este proyecto es debatirlo, pero no se puede desconocer que el país lo necesita con urgencia», dijo el senador liberal Juan Manuel Galán.
Jesús Ignacio García (liberal) y Juan Carlos Vélez (uribista), entre otros, ratificaron la necesidad de aprobar el fuero y coincidieron en que de ser necesario se puede mejorar el texto. De todas maneras, el Gobierno anunció que hoy les explicará a los congresistas los alcances de la iniciativa y les absolverá las dudas que les han surgido.
El debate apenas inició y el Gobierno espera, tras subsanar las dudas que se han despertado, que hoy sea votado el articulado en el Congreso, porque, de lo contrario, puede correr el riesgo de hundirse.
REDACCIÓN POLÍTICA
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