La condena del general (r) Mauricio Santoyo en Estados Unidos, por colaborar con grupos narcoparamilitares, puso los reflectores de la opinión pública sobre la manera como son aprobados los ascensos de miembros de la Fuerza Pública en el Congreso de la República. La controversia llegó a tal punto que en el Capitolio se radicaron dos proyectos para modificar el sistema de aprobación de éstos. Los proyectos fueron acumulados y a Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, le fue asignada la responsabilidad de rendir ponencia.
Motoa explica que lo novedoso del proyecto consiste en reglamentar los ascensos vía ley, ya que hoy en día se ha venido trabajando mediante decreto. “Lo segundo es que se crea un procedimiento para que cada una de las hojas de vida de los aspirantes sean analizadas en cada detalle y por cada legislador. Con este proyecto desarrollamos el artículo de la Carta Política que le entregó la competencia al Senado de la República en la materia”.
Para el senador de Cambio Radical, otro de los avances incluidos en la iniciativa es reglamentar los tiempos de estudio de las hojas de vida. “Antes nos llegaban las ponencias para rendir informes una semana antes. Con el proyecto se trata de corregir lo que pasó con el caso del general Santoyo”, explicó el legislador.
El documento contiene 11 artículos que, consignados bajo el título “Por el cual se expide el trámite para la aprobación o no aprobación de los ascensos militares y de Policía Nacional, en desarrollo del artículo 173 inciso 2° de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones”, reorientan el procedimiento para que el Congreso avale los ascensos de miembros de la Fuerza Pública propuestos por el presidente de la República.
De entrada, el proyecto dispone que el presidente tiene facultad discrecional “para decretar de manera autónoma los ascensos de los oficiales generales, de insignia de la Fuerza Pública, hasta el más alto grado, para luego someterlos a la aprobación o improbación del honorable Senado de la República”. También establece que la única corporación competente para estudiar el tema y tomar decisiones sobre la pertinencia de los candidatos es la Comisión Segunda del Senado.
Entre los requisitos que se exigen para estudiar las calidades de los aspirantes a ascensos están: el certificado judicial expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad o quien haga sus veces, el certificado original y vigente de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República, el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, una copia de la declaración de bienes y rentas de los dos últimos años, y certificado de ingresos y retenciones de los dos últimos años. También el concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, un informe que contenga las razones y argumentos que determinaron que la Junta Asesora de Generales de cada Fuerza y del Gobierno Nacional, aceptara la elección para el ascenso y, finalmente, una entrevista privada con el senador ponente.
El texto propuesto para primer debate sostiene que el trámite de los ascensos será sorteado en dos debates: el primero en la Comisión Segunda del Senado y el segundo en la Plenaria del Senado. El lapso entre un debate y otro será de ocho días. Y en las sesiones el candidato deberá presentar un resumen de su hoja de vida, los argumentos por los cuales considera que es merecedor al ascenso y los objetivos a alcanzar, de llegar a ser ascendido. La Comisión Segunda tendrá la potestad, según la propuesta, de solicitar el aplazamiento de un ascenso cuando existan investigaciones disciplinarias o de cualquier tipo en curso.
Finalmente, el articulado propone que el trámite de los ascensos se realice en sesión reservada. El proyecto, que aún está a la espera de ser agendado en el Congreso, se presenta unos días después de que una de sus autoras, la senadora Alexandra Moreno Piraquive, denunciara una serie de irregularidades en la elección de los candidatos a ascensos de la Policía Nacional para este año. En esa ocasión la parlamentaría advirtió que se había elegido a candidatos de una manera irregular y violando lo dispuesto en la ley. Incluso, ilustró el caso del coronel Jorge Luis Vargas Valencia, quien, para la legisladora, es juez y parte en el proceso, ya que es candidato al ascenso a la vez que funge como director de Inteligencia de la Policía, estamento encargado de presentar el informe sobre los antecedentes y las aptitudes del aspirante.
Esta propuesta de modificación del proceso de ascensos también se empieza a discutir en momentos en que la vergüenza nacional por el caso Santoyo aún se encuentra vigente y varios oficiales de los que aparecen en la lista de elegibles a generales empiezan a ser cuestionados. Incluso, el próximo 13 de noviembre , en la Comisión Segunda de la Cámara, el representante Iván Cepeda prometió ventilar varias de las sombras de quienes aspiran a ser los nuevos generales de la República.
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