Que las órdenes de captura de 29 guerrilleros —todos reconocidos ante el Gobierno como negociadores— hayan sido suspendidas temporalmente, no significa que los procesos en su contra también estén suspendidos: esa fue la advertencia que el fiscal general, Eduardo Montealegre, hizo y reiteró al anunciar que los miembros de las Farc que estarán en las mesas de diálogo de Oslo o La Habana, mientras ostenten su calidad de representantes del grupo insurgente en estos diálogos, tendrán una libertad limitada para moverse.
Limitada porque, en primer lugar, sólo podrán estar en la capital de Noruega o en la capital cubana. Cualquier traslado por fuera de esas zonas deberá contar con el aval del comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, el único funcionario autorizado igualmente para dar su visto bueno a las entradas o salidas del país de estos negociadores. “Si alguien de las Farc acudiera a un sitio no permitido, allí se haría efectiva la orden de captura”, señaló el fiscal Montealegre, al tiempo que explicó que esta decisión fue tomada porque así lo delegó el presidente Juan Manuel Santos, a través de un decreto expedido en septiembre.
Fueron 191 órdenes de captura las suspendidas en contra de los negociadores que, se supo ayer, son 29 en total. Además de los 10 nombres ya conocidos, se sabe que a esa lista también pertenecen alias Patricia, la viuda de Alfonso Cano; alias Shirley, la viuda del Mono Jojoy, alias Verónica, alias Carmenza y el hermano del Mono Jojoy, Noé Suárez Ríos, más conocido como Grannobles. Este último es uno de los guerrilleros más radicales, militarmente hablando. Todos, con excepción de la holandesa Tanja Nijmeijer, ya se encuentran en Cuba. El trámite de la subversiva europea demoró un poco más debido a la súbita inclusión de su nombre en el equipo de negociadores de las Farc.
Quien más tiene órdenes de detención en su contra es Luciano Marín Arango o Iván Márquez: 132, de las cuales 30 corresponden a condenas ya proferidas por episodios como la toma de Miraflores (40 años de prisión), la toma de Gigante, Huila (34 años), la toma de Mitú (40 años) o la masacre de Tierralta, Córdoba, en la que las Farc asesinaron a 22 campesinos por considerarlos auxiliadores de los paramilitares (40 años). En general, los negociadores de las Farc tienen órdenes de arresto por delitos como rebelión, terrorismo, toma de rehenes, homicidio en persona protegida, extorsión y reclutamiento forzado.
En el caso de Nijmeijer hay dos solicitudes: una por rebelión y otra con fines de extradición. Esta última está relacionada con el secuestro de los contratistas Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, cometido en febrero de 2003, cuando la avioneta en la que viajaban fue derribada por la guerrilla en plena selva en Caquetá. Su pedido de extradición, conocido en 2010, la cubre a ella y a 17 guerrilleros más, entre ellos el negociador plenipotenciario Andrés París , y los cargos imputados por la Fiscalía estadounidense se refieren a torturas, amenazas de muerte y que los ciudadanos de ese país fueron usados para presionar la desmilitarización de algunas zonas.
Todas estas decisiones se tomaron con base en el Decreto 1980 de 2012, con el cual el presidente Santos facultó al fiscal general para suspender “de plano las órdenes de captura que se hayan dictado o que se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz”. Montealegre aseveró también que el organismo investigativo prepara un plan de contingencia para priorizar ciertos expedientes —los más graves, los más emblemáticos, los de mayor impacto, los que involucren a los máximos jefes de las Farc—: son 2.156 casos que relacionan delitos como terrorismo, homicidios en persona protegida o toma de rehenes.
La mesa de negociación con las Farc fue instalada en Oslo el jueves pasado. Tres días antes, las Farc habían activado unos explosivos en zona rural de Tame (Arauca), lo cual provocó la muerte de un campesino y su hijo de 3 años de edad y dejó nueve personas heridas. Un día después, en zona rural de Puerto Asís (Putumayo), cinco militares fallecieron en un ataque guerrillero. “Las Farc deben aprovechar este momento y dar prueba de su sinceridad poniendo fin a los ataques y las violaciones del Derecho Internacional Humanitario”, expresó ayer la jefa de la diplomacia de la Unión Europa, Catherine Ashton.
Paralelo a los diálogos, la propuesta de regularizar la guerra hecha por el máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, sigue siendo objeto de debate. Desde Cuba, el expresidente Ernesto Samper —miembro del Consejo Nacional de Paz— señaló que los actos violentos de las Farc durante los diálogos “no deben llevar a decepcionarnos sobre la posibilidad de conseguir la paz (sino que) deben estimularnos para sacar a gente inocente en medio del conflicto”.
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