Su hijo estuvo 13 años en poder de las Farc. Por cuestiones de ley, no tiene derecho a pensión.
Foto: ETCE. Magdalena Rivas sigue luchando por conseguir la que ella considera una ‘merecida’ pensión.
Magdalena Rivas (64 años) está enferma. De todo, dice. “Mejor le digo qué es lo que no me duele”, advierte. Sus malestares no son nuevos. Ella tiene la fecha exacta en la que empezaron. Fue en 1998, cuando las Farc secuestraron a su único hijo varón: Elkin Hernández Rivas.
Su esposo, Silvio Hernández (65 años) y sus tres hijas fueron su compañía durante esos años de dolor. Junto a ellos, batalló para lograr la liberación de Elkin. Una batalla perdida, dice.
«Nunca estuvimos de acuerdo con un rescate (…) pero lo hicieron y acabaron con la vida de mi hijo», cuenta desde la sala de su casa, en medio de decenas de retratos de su hijo. Pequeño, joven y con uniforme, Elkin aparece en cada rincón del hogar, del que solo salió para hacer lo que siempre quiso: ser Policía.
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El 14 de octubre de 1998 Elkin, en ese momento comandante de la Estación de Policía de El Paujil (Caquetá) y de 22 años de edad, cayó en un falso retén de las Farc. Estuvo en manos de ese grupo guerrillero hasta noviembre del 2011, cuando él, junto a tres uniformados más, fueron fusilados.
Los cuerpos del sargento mayor José Libio Martínez, del coronel de la Policía Édgar Yesid Duarte y del intendente de la Policía Álvaro Moreno fueron encontrados en la selva. Habían sido asesinados con tiros de gracia por las Farc.
Magdalena se enteró de la muerte de su hijo por las noticias. «Desde entonces los sábados son siempre grises, el recuerdo está vivo», cuenta la mujer, cuyo negocio de zapatos, del que vivió por más de 40 años, se fue al piso desde que secuestraron a su hijo. Ahora, su lucha es por lograr que se le reconozca el derecho a acceder a la pensión que dejó Elkin. “Lo necesitamos. Somos sus papás y lo merecemos”, señala.
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A los 16 años Elkin decidió prestar servicio militar, pese a la oposición de su papá. “Nunca me gustó eso. Y tenía razón en que no me gustara”, cuenta Silvio Hernández, un hombre serio, de pocas palabras y que nunca ha dejado de ser el apoyo incondicional de Magdalena, quien reconoce que sí apoyó a su hijo con la idea de dedicar su vida a la Policía. “Yo solo quería que él fuera feliz haciendo lo que quería”, dice ella.
Dar detalles de lo que fue la vida mientras su hijo estuvo secuestrado no es fácil. “¿Qué sucedió? Que no solo lo retuvieron a él. Que la vida de todos estuvo paralizada por 13 años, un mes y 12 días”, responde la mamá de Elkin.
La cuenta es exacta. Ni un día más, ni un día menos. El tiempo fue pasando, ellos fueron envejeciendo, enfermando y el negocio de zapatos fracasando.
Después de tantos años de trabajo lograron una pensión de vejez del Instituto de Seguro Social en el año 2007. “No es mucho”, dicen ellos. Pero sí lo es para evitar que por una cuestión de ley, puedan recibir la pensión que les correspondería tras la muerte de su hijo.
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Elkin no se casó, no tuvo hijos. Lo único que tenía era a su familia. Su papá, su mamá, sus hermanas. Después llegaron los sobrinos, pero él por estar en cautiverio no los conoció. “Fue muy noviero, pero de ahí no pasó”, cuenta Magdalena, cuando intenta explicar por qué luchan por lo que consideran que tienen derecho a reclamar.
“Él no estaba casado. Tampoco tenía hijos, por eso a nosotros como papás nos tocaba la pensión. Él obtuvo el grado póstumo de teniente coronel. Sin embargo, nos quitaron la seguridad social, las prestaciones sociales (…) todo”, dice Magdalena.
A la familia Hernández-Rivas le tocó contratar abogado. Aunque confían en que pueden salir victoriosos de esa segunda batalla que libran, la ley, según fuentes de la Policía consultadas por este diario, es clara en ese sentido.
“La pensión de sobrevivencia se negó porque se pudo establecer que los padres gozan de ingresos que los perfilan en la actitud de bastarse a sí mismos para subvenir las necesidades (…) razón por la cual no tienen la calidad de beneficiarios de pensión de sobrevivencia de conformidad con el artículo 11 del Decreto 4433/2004”, reza el expediente del caso, que reposa en la Policía.
Palabras más, palabras menos, al tener ya una pensión, los padres de Elkin no pueden recibir la que reclaman. “Somos un caso excepcional. Único en el país. De todas las familias de secuestrados uniformados muertos en cautiverio, la de nosotros es la única que no puede recibir la pensión”, señala la mamá de Elkin.
La respuesta que ha encontrado la familia, tanto del exdirector de la Policía, general Óscar Naranjo como del actual, general Roberto León Riaño, ha sido tan clara, como contundente. “La ley lo dice todo. Nada podemos hacer”, dicen los padres del joven, que les manifestaron los generales.
“Esto es el dolor, detrás del dolor. Esto, está acabando con nosotros”, aseguran. No es para menos. Después de vivir la tortura del secuestro, ahora viven la de los asuntos jurídicos.
Aunque la Policía, según informó a este diario, les reconoció algunas prestaciones, cuya suma supera los 200 millones de pesos, para la familia hay un derecho al que seguirán buscando acceder.
“No es solo por el dinero. Es también cuestión de dignidad”, subraya Magdalena, quien junto con su esposo y la asesoría de un abogado busca mecanismos para ganar esta pelea.
Sally Palomino
Redacción ELTIEMPO.COM
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