«Al mencionado ‘marco’ que ya de por sí es un enorme estorbo para la paz, la Corte Constitucional le sumó perturbaciones como esa de que la guerrilla debe entregar secuestrados que no tiene», señalaron las Farc en un comunicado leído por Rodrigo Granda.
«Como si la intención (…) fuera perseverar en llenar de obstáculos el escabroso camino del entendimiento, por otro lado (el presidente) sigue impulsando en el Parlamento la iniciativa unilateral del referendo fuera de lugar», agregó.
Ambas partes prevén hablar con la prensa este jueves una vez que cierren este ciclo, que ha estado marcado por los desencuentros en la discusión del tema de participación política, el segundo de los cinco puntos de la agenda que se han fijado.
Granda dijo que «desde su gestación, el llamado marco jurídico para la paz no ha tenido en cuenta criterios de la insurgencia ni de sector político o social alguno vinculado o interesado en el tratamiento del asunto. Sencillamente ha sido una imposición».
El marco jurídico es una reforma legal lanzada por Santos, aprobada por el Congreso y validada el 28 de agosto por la Corte Constitucional, que abre las puertas a la participación en política de exguerrilleros desmovilizados.
El plan del referendo, que causó una «pausa» unilateral del diálogo de tres días por parte de la guerrilla en agosto, también ha sido muy criticado por las Farc, que proponen que sea una «asamblea nacional constituyente» la que valide un eventual acuerdo de paz.
