Persiste el debate entre defensores y detractores del Marco Jurídico. Nueva demanda contra el acto legislativo cursa en la Corte Constitucional.
Se trata de un asunto tan complejo que puso en la misma orilla a actores distantes como los líderes del Centro Democrático, de Álvaro Uribe, y a la Comisión Colombiana de Juristas y Human Rights Watch. Todos críticos del proyecto.
Entre los ciudadanos también hay divisiones: quienes ven que el acto legislativo, que espera aprobación de la Corte Constitucional, se debe aplicar para acabar el conflicto armado y, activos en las redes sociales, los detractores, que advierten que fomentará la impunidad y ofende a las víctimas.
El acto legislativo es vital para el Gobierno, que lo impulsa y defiende, desde el presidente Juan Manuel Santos, sus negociadores en el proceso de paz y el Fiscal General. La razón es simple: el marco jurídico sustenta el actual proceso con las Farc y es el que, según sus promotores, dará garantías legales para negociar con las guerrillas su eventual desmovilización y reinserción a la vida civil.
Y en el caso de las Farc, «la transición de grupos subversivo a fuerza política», de acuerdo con el exvicepresidente Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Estado.
Pero los críticos del Marco no están de brazos cruzados esperando el trámite legislativo de la Ley aprobada por el Congreso, firmada por el presidente y que solo espera la revisión de constitucionalidad.
Así lo confirman las dos demandas en curso por parte del exviceministro de Defensa, Rafael Guarín, y del jurista Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas.
En ese sentido ha reiterado que para una salida negociada a la confrontación se requiere un marco jurídico que permita la transición del conflicto a la paz. «No se trata entonces de sacrificar la justicia ni de impunidad para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia».
Esa postura la reafirma la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, al sostener que «no podemos hablar de Marco Jurídico para la Paz en el contexto de un Estado en condiciones de normalidad y de paz. Si estuviéramos en un Estado de normalidad, no hubiéramos necesitado el Marco».
Tal como ha reconocido el jefe negociador, Humberto de la Calle, este marco legal permitiría «la transición de la guerrilla de grupo ilegal armado a fuerza política y que se «inserten en la democracia al cambiar sus armas por ideas».
El exguerrillero del M-19, Antonio Navarro Wolf, asegura que la participación política de los grupos armados es el «corazón de un acuerdo de paz y una causa del conflicto».
Ante el debate de si los jefes guerrilleros deben ir a la cárcel antes que participar en política, el expresidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, considera que serán «los jueces quienes, con base en lo que se apruebe, decidirán condenas y si los insurgentes tienen inhabilidades».
Plantea que se requieren mecanismos especiales de justicia transicional y la priorización de los delitos graves y de lesa humanidad, que contiene el Marco Legal, que «establece el enfoque de selectividad para concentrar la acción penal en los máximos responsables».
María Victoria Llorente, directora de Fundación Ideas para la Paz, respalda la iniciativa: «Debemos aprovechar este momento histórico para cerrar el conflicto».
El demandante también argumenta que «las masacres y los crímenes de lesa humanidad no se hacen por altruismo ni por idealismo», por lo que se debe mantener la regla que excluye de la política a perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos.
Otro impedimento expuesto por el hoy precandidato presidencial es que la Ley debió ser sometida a un referendo» para que la ciudadanía validara, o no, la reforma constitucional que incorporará los mecanismos de justicia transicional, penas alternativas y hasta la suspensión de condenas. Para Todd Howland, representante de la Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, «la justicia transicional y restaurativa es una herramienta útil para buscar reparaciones colectivas de víctimas, memoria histórica y reconciliación. Pero no proceden indultos ni amnistías».
Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, instauró una demanda contra el Marco Legal porque «seleccionar o priorizar algunos delitos permite que otros graves casos de crímenes de guerra y lesa humanidad queden en el limbo, impunes, así como sus responsables». Renunciar a investigar y juzgar es una afrenta a las víctimas, hablamos de delitos graves, no de robo de gallinas», reclama.
Según la Fiscalía de la CPI, «aunque se reconocen esfuerzos para mejorar estrategias de investigación y enjuiciamiento, vería con preocupación toda medida que pareciera diseñada para proteger u obstaculizar el establecimiento de la responsabilidad penal de personas por crímenes de competencia de la Corte. Incluso, cuando se tratara de infractores de rango aparentemente menor».
