“Aquí siempre es lo mismo: miles de niños comienzan a estudiar en mayo, o después de mayo, y pierden varios meses de clases. En esta región pareciera que hubiera estudiantes de primera y segunda clase”, expresó con indignación monseñor Héctor Salah Zuleta, obispo de la Diócesis de Riohacha, al denunciar que más de 12.000 niños no podrán iniciar a tiempo el año escolar, según él por la negligencia de la Gobernación de La Guajira.
El prelado explicó que se trata de colegios públicos cuyas sedes les pertenecen a la Iglesia. Para que empiecen labores, los entes territoriales deben firmar un contrato en el que destinan los recursos para su funcionamiento. “Sin ese contrato, yo no puedo llamar a nadie a trabajar, pues sería ilegal. Además, las condiciones de los establecimientos son inapropiadas”, afirmó monseñor Salah Zuleta, quien calificó de “injusta, violatoria y discriminatoria” esta situación.
El máximo representante de la Iglesia en esta región del país les hizo un llamado a los alcaldes para que cumplan con su deber de garantizar el derecho constitucional a la educación que tienen todos los menores de edad. Según él, no se trata de una situación nueva ni aislada: esta problemática se viene presentando desde hace aproximadamente 11 años.
“He hablado ya con cuatro gobernadores en todo este tiempo, y la respuesta es siempre la misma: no están listos los recursos económicos”, añade.
Está problemática afecta a más de 12.000 estudiantes de establecimientos de Riohacha y municipios vecinos, donde estudian principalmente niños y jóvenes de la comunidad indígena wayú.
Se trata del Internado Indígena de San José, en el municipio de Uribia; el Internado de Aremashain, en Manaure, y la Institución Educativa Divina Pastora, con sus cinco sedes en Riohacha.
En otras ocasiones, añade, la Iglesia ha asumido el sostenimiento, la alimentación de los estudiantes y otros gastos de los planteles. Pero en esta oportunidad no está en condiciones de hacerlo.
Monseñor Salah Zuleta, un jerarca de la Iglesia a quien no le ha temblado la voz para denunciar la corrupción y otros problemas sociales que afectan al departamento de La Guajira, considera que esta situación va en detrimento de los derechos de los niños a una educación digna y, en este caso, oportuna, que se suma a otras problemáticas como la desnutrición.
“Últimamente se ha dicho que el principal problema de La Guajira es la sequía, y no, es que los recursos no se utilicen de la manera apropiada. Es muy triste que habiendo tantos recursos económicos, por la explotación minera, se presenten tantas calamidades”, enfatizó.
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