La ONG Somos Defensores alerta en su más reciente informe sobre el creciente número de amenazas, atentados y hurtos de información contra defensores en todo el país.
Durante 2014, decenas de defensores de derechos humanos y líderes sociales fueron agredidos en Colombia. Las constantes amenazas y hostigamientos, casi siempre provenientes de grupos armados posdesmovilización, se vieron agravadas por los escándalos de corrupción y la crisis presupuestal que atravesó la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de garantizar la vida de defensores y líderes sociales en riesgo. Según la ONG Somos Defensores, que brinda apoyo a esa población, el año pasado se incrementaron las agresiones en 71%, alcanzando los 626 casos. Entre ellos se encuentran homicidios, amenazas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y robos de información, que impactan negativamente la vida de los defensores y sus familias, pero también los procesos organizativos que lideran en distintas zonas rurales y urbanas del país.
De manera particular, la entidad llama la atención sobre el incremento de las amenazas, que según sus archivos pasaron de 209 en 2013 a 488 en 2014. El aumento del registro se debió, en parte, a la recepción de 15 panfletos masivos entre septiembre y diciembre del año pasado, con los cuales fueron amenazados líderes de organizaciones de mujeres, afrodescendientes, indígenas, sindicalistas, víctimas, desplazados y abogados defensores de derechos humanos, estos últimos seriamente afectados en la costa Caribe. También fueron incluidos funcionarios de las unidades de Víctimas y de Restitución de Tierras, periodistas, líderes políticos de izquierda y algunas de las víctimas que viajaron a La Habana (Cuba) para reunirse con las delegaciones del gobierno y las Farc.
Entre las modalidades registradas por la ONG figuran los panfletos, con 55%; los correos electrónicos, con 25%; los hostigamientos, con 9%; los mensajes de texto, con 7%, y las llamadas telefónicas, con 4%. De las más de 480 amenazas registradas, las Águilas Negras firmaron 291 y los Rastrojos, 46. En opinión de Somos Defensores, “durante los últimos nueve años las autoridades no han podido o no han querido descubrir quien está vinculado a la dirección electrónica aguilasnegrasbloquecapital@gmail.com y otras direcciones electrónicas usadas por este grupo”, que ha puesto a circular múltiples panfletos en Bogotá y en el norte del país. Aunque en distintas oportunidades la Fiscalía y la Policía han declarado que no existe ninguna estructura criminal con esa denominación, aún no se han identificado los autores de esos mensajes intimidatorios.
Por otra parte, los homicidios se redujeron significativamente, pasando de 78 a 55. Cauca, con 10 casos, fue el departamento donde se produjo el mayor número de ellos, seguido de Chocó, con cinco, y de Atlántico, Meta, Valle del Cauca y Putumayo, cada uno con cuatro. En Arauca, Meta y Norte de Santander, fueron asesinadas seis defensoras de derechos humanos, la mayoría de las cuales “lideraban juntas de acción comunal o procesos comunitarios de base en territorios de explotación petrolera y minera”. Otros 30 líderes indígenas y comunitarios, cuatro dirigentes sindicales y dos reclamantes de tierras fueron asesinados. Respecto a los responsables de estos crímenes, Somos Defensores aseguró que las Farc y el Eln habrían acabado con la vida de siete defensores en los departamentos de Cauca y Chocó, respectivamente.
Varios de esos hechos ocurrieron aun cuando la UNP había valorado el nivel de riesgo de las víctimas como extraordinario y, por tanto, les había otorgado medidas de protección. Tal fue el caso de Jesús Adán Quinto, líder de desplazados y reclamantes de tierras del Chocó; de Luis Carlos Cervantes, periodista de Tarazá (Antioquia), y de Juan Alberto Causado Priolo, líder de reclamantes de Barranquilla, todos ellos asesinados por sicarios. En los casos de Quinto y Cervantes, sus esquemas de protección habían sido parcial o completamente retirados, toda vez que la Unidad consideró que el peligro para sus vidas había disminuido o cesado. Causado, por su parte, contaba tan solo con un chaleco antibalas y un celular, pese a que la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional habían alertado sobre el peligro en que se encontraban las 500 familias desplazadas que lideraba.
Aunque el hurto de información se encuentra en el último renglón de las agresiones, con 10 casos, el informe señala que “esta situación se convierte cada vez más en una tipología en crecimiento”. Ejemplo de ello es el caso de Alberto Yepes, integrante de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, a quien le fue robado un computador portátil en el que “se encontraba gran parte de la información que dio vida al libro ‘Falsos Positivos en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos’”, que abordó la presunta responsabilidad de altos mandos militares en el asesinato de civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate entre 2000 y 2010, y se preguntó por la posible influencia del Whinsec, antes Escuela de las Américas, en la ejecución de esos crímenes.
Otro de los robos ocurrió el pasado 20 de enero, cuando una persona sin identificar sustrajo “abundante información de las investigaciones y trabajos que adelanta la ONG Corpovisionarios”, fundada por el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Antanas Mockus. En este caso, también fue retirada información de la Marcha por la Vida, una iniciativa del exalcalde que fue cuestionada la semana pasada por cuenta de un contrato que firmó su organización con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, cuyo objeto era hacer “pedagogía sobre el proceso de paz”. Otros tres casos similares se presentaron en la capital.
Respecto a la UNP, el informe reitera las dificultades que atraviesan los protegidos para la asignación de los esquemas de protección, el suministro de combustible para los vehículos blindados y el pago de peajes y viáticos de los escoltas. Asimismo, “varios defensores amenazados rechazaron la protección estatal por el miedo que les genera tener personas armadas junto a ellos mientras tratan de dar un mensaje de paz, lo que puede ser calificado como un sinsentido por las comunidades”. Por eso, proponen crear mecanismos alternativos de protección y le piden a la Fiscalía que acelere las investigaciones para dar con los responsables de las amenazas y los hostigamientos. Ya a finales de enero, el presidente Juan Manuel Santos le ordenó al director de la Policía, general Rodolfo Palomino, crear un comando especial en compañía del ente investigador con el fin de indagar estos hechos.
