En el fallo de siete páginas, conocido por EL TIEMPO, el Tribunal revoca la decisión de primera instancia de un juez de Manizales, que negaba las pretensiones de la exdetective, y declara nula la resolución 129 de enero de 2010 con la que fue declarada insubsistente por el DAS.
“Condenar al DAS a reintegrar a la demandante al servicio activo en el cargo que ostentaba al momento del retiro”, se lee en el fallo con ponencia del magistrado Jairo Ángel Gómez Peña.
En su momento el organismo de seguridad usó la facultad discrecional para ordenar su despido acudiendo a informes de inteligencia reservados sobre las irregularidades en las que estaría incurriendo Flórez Gélvez y que terminaron poniéndola ante los jueces para responder por los delitos de concierto para delinquir y abuso de función pública.
El Tribunal acudió a legislación de las cortes sobre la necesidad de motivar el uso de la facultad discrecional y no dio crédito a las alertas internas que había sobre sus actividades ilegales.
Aunque el fallo obligó al Gobierno Nacional a expedir el pasado 17 de junio el Decreto 1117, en el que se reintegra en el cargo a la ‘Mata Hari’ y a otros cuatro exfuncionarios, lo cierto es que ella no se podrá posesionar porque en su contra pesa una sanción de la Procuraduría de destitución y 20 años de inhabilidad.
El abogado Víctor Velásquez, que representa a varias de las víctimas de las chuzadas, calificó la decisión de “vergonzosa e ilegal”.
Aunque no regresará al DAS, Flórez Gélvez sí conseguirá una indemnización por los sueldos que dejó de percibir tras su retiro del organismo, que terminó liquidado por el escándalo de las chuzadas a magistrados, políticos y periodistas.
Este diario conoció que el DAS no le pagará los más de cuatro años que la exfuncionaria estuvo fuera del organismo, sino que le dará el dinero de los sueldos y prestaciones desde el 2010, cuando se dio su despido, hasta el 2012, cuando la Procuraduría la destituyó.
La exfuncionaria, que negoció con la Fiscalía y se convirtió en testigo del ente acusador contra los demás enredados en las chuzadas, fue la encargada de infiltrar el Palacio de Justicia y, tras la fachada de vendedora, logró reclutar a un policía, al conductor de un magistrado y a dos empleadas de servicios generales, que llegaron incluso a grabar las sesiones de la Corte Suprema.