Nueve días después del inicio del paro nacional agropecuario, el Gobierno se juega hoy su carta más importante. A la una de la tarde, después de un diálogo extenso con los propulsores de la protesta, volverán a sentarse en Tunja los negociadores oficiales con los representantes de los productores de leche y cultivadores de papa y cebolla de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, para poner el tan esperado punto final a las protestas, los bloqueos en las carreteras y los enfrentamientos con la fuerza pública.
La agenda del encuentro, revelada por el propio presidente Juan Manuel Santos, tratará dos temas álgidos: la posibilidad, en conjunto con el Banco Agrario, de revisar los créditos concedidos a los campesinos para reestructurarlos y otorgar condonaciones; la segunda, consultada con la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), podría llevar a una intervención en el mercado de fertilizantes para disminuir sus precios de venta al público.
Ella fue convenida durante las cuatro horas de reunión a puerta cerrada que mantuvieron anoche, en la capital boyacense, el Gobierno y los representantes de la protesta. Allí, tal y como lo reveló Santos, se ventilaron nuevas denuncias por agresiones de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios a los manifestantes y los incumplimientos, por parte del Ministerio de Agricultura, en dos acuerdos previos con los cultivadores de papa, que sumarían alrededor de $40.000 millones.
Según el titular de esa cartera, Francisco Estupiñán, el Gobierno incumplió “porque no hubo acuerdo en la forma en que se iba a distribuir ese apoyo”.
“Es inaceptable incumplir los compromisos adquiridos”, resaltó el mandatario, quien reveló que, como condición a la reunión de hoy entre las partes, los campesinos hicieron un pacto de no agresión a las autoridades. “Estamos totalmente decididos a afrontar los problemas y a trabajar de la mano con ustedes para salir de ellos, para que ustedes tengan un ingreso digno, puedan mantenerse en el campo y puedan ver el futuro con más esperanza y optimismo”, agregó.
Pero esa promesa debe ir más allá del anuncio de nuevos subsidios. Ayer, antes de la reunión con el Gobierno, representantes del movimiento Dignidad Papera insistieron en políticas de fondo para dar un giro a la mala situación del campo colombiano, mejores precios para los agroinsumos y control a las importaciones de productos como papa, cebolla y leche en el marco de los acuerdos de libre comercio que el país tiene vigentes.
No son los únicos que le han hecho propuestas concretas al Ejecutivo. Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y cabeza del Consejo Gremial Nacional, sugirió decretar el Estado de conmoción interior contemplado en el artículo 213 de la Constitución Política.
Así, el presidente podría expedir decretos con poder de ley para adoptar medidas durante un período de 90 días, extendible por otros dos períodos de similar extensión, en caso de grave perturbación del orden público que atente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía.
“El presidente Santos debe moverse para tomar decisiones y ser prudente en sus declaraciones”, señaló el dirigente gremial, quien reveló que durante sus encuentros con el Ministerio de Agricultura “se propusieron mesas de trabajo para concretar temas como la reducción de costos para los agricultores, investigación y asistencia técnica, institucionalidad y seguridad jurídica”.
Y mientras se suceden las propuestas y el Gobierno busca llegar a un acuerdo macro para conjurar la situación, los efectos de nueve días de paro, manifestaciones y bloqueos comienzan a sentirse entre los campesinos, que decidieron desatender el llamado a la protesta. “Un millón de litros de leche se quedan sin recoger a diario en las cuencas lecheras de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Caquetá, con un grave impacto en los ingresos de los ganaderos”, indicó Jorge Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche).
Martha García, presidenta del Comité Intergremial de Boyacá, reiteró que en lo transcurrido desde el inicio de las protestas se han visto perjudicados sectores estratégicos como el turismo y la construcción: “Un 50% del comercio trabaja de forma intermitente. Tratamos de decir al Gobierno que busque soluciones de fondo. Que no se haga de manera parcializada”.
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