Jorge Eduardo Londoño dijo no estar de acuerdo con la petición hecha por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
Luego de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, solicitara reactivar la aspersión aérea con glifosato para erradicar los cultivos ilícitos, el que el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, dijo no estar de acuerdo.
En respuesta a la carta, Londoño dijo hoy que "la aspersión aérea no soluciona nada".
La posición del ministerio, aclaró, "es no estar de acuerdo" con la petición del fiscal porque "en 2007 se asperjó de forma aérea con mucha intensidad y fue el año que más cultivos ilícitos hubo".
Además, precisó, "jurídicamente es imposible" debido a que "la Corte Constitucional, en una de sus sentencias fue clara en que por el principio de precaución no era posible este tipo de aspersión".
En mayo de 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó la suspensión del uso del glifosato en las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos ya que parte del herbicida era arrastrado por el viento, contaminando cultivos legales y fuentes de agua, lo que incluso fue motivo de un litigio con Ecuador.
La decisión cumplía con una orden de la Corte Constitucional de detener el uso del herbicida bajo el principio de precaución por posibles daños a la salud por ser potencialmente cancerígeno, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Néstor Humberto Martínez aseguró en la carta que "la dinámica reciente de los cultivos ilícitos constituye una amenaza efectiva para la paz en el territorio" tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y las Farc en La Habana para terminar el conflicto armado.
Entre los argumentos que presentó el fiscal se destaca el que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), los cultivos de coca se incrementaron en un 39 % durante 2015 hasta alcanzar una extensión de 96.084 hectáreas frente a las 47.788 hectáreas de 2012, año en el que se alcanzó el más bajo nivel de esta clase de plantaciones.
Esta circunstancia, precisó, "pone de presente el gravísimo riesgo de que, como resultado de la desmovilización acordada en el proceso de paz (con las FARC) se dé inicio a una nueva forma de perturbación del orden público, resultado de la lucha de otros actores armados ilegales" por "apropiarse del combustible del crimen en Colombia".
