Con sus excesivas aspiraciones, las Farc no pueden llevar la negociación a un callejón sin salida. El único camino es el que se ha trazado en la hoja de ruta.
Tras los vientos optimistas que soplaron luego del anuncio del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las Farc sobre el punto crucial de las tierras, la tensión ha pasado a ser el rasgo predominante en el proceso, al retomar ayer la discusión del segundo tema de la agenda: la participación política y ciudadana.
El nuevo ambiente –que no debe sorprender, pues es natural y perfectamente predecible en contextos de negociación como este– ha surgido del ambicioso conjunto de aspiraciones que planteó la organización guerrillera. De atenerse a sus diez pretensiones, la negociación de este punto supondría una profunda reforma del Estado colombiano y sus instituciones. Elección popular de Fiscal, Contralor, Procurador y Defensor del Pueblo, transformación de la actual Cámara de Representantes en una cámara territorial y modificar el carácter presidencialista del vigente sistema político del país son solo tres de las cartas que esperan jugarse los negociadores de las Farc, quienes, además, insisten en la necesidad de una asamblea constituyente como instancia de refrendación popular de lo acordado.
Pero el Gobierno ha sido enfático en que nada de esto será tema de discusión. El jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle Lombana, fue muy claro en su declaración de ayer. Luego de precisar los temas que se van a discutir, expresó: “Así, pues, hay unos parámetros claros para las conversaciones de este punto, que se pactaron el año pasado. Eso es lo que el Gobierno está dispuesto a discutir. Y nada más”.
Y tiene razón. Además, hay un argumento sencillo y preciso: los pilares del actual Estado de derecho son intocables, asunto que desde el primer día del primer contacto para sentarse a dialogar estuvo claro. Se suma algo no menos importante, que ya se ha dicho, pero que no está de más repetir cuantas veces sea necesario: la negociación no puede salirse de los cauces fijados por el acuerdo inicial. Este solo habla de derechos y garantías para que la guerrilla haga el tránsito a la arena política, así como de ampliar y optimizar los canales de la participación ciudadana, incluido el sistema electoral.
De la Calle agregó también sobre un punto intocable para el Gobierno: “Lo que aquí acordemos solo se aplicará si hay dejación de las armas y reincorporación a la vida civil de las Farc”.
No es, pues, de poca monta el nudo que ahora surge en La Habana. De ahí que diversos observadores coincidan en que se ha llegado al que bien puede ser el momento crucial del proceso. En el entendido de que todo el país aguarda que este intento llegue a feliz término, es de esperar que las excesivas aspiraciones de la subversión hayan sido planteadas en función de una estrategia de negociación que termine en una posterior flexibilización. La peor noticia que podríamos recibir es que estos diez puntos son inamovibles.
Con tal actitud, no pueden las Farc llevar la negociación a tal callejón sin salida. Sería un error craso cerrarse de esta manera terca a la banda. No están en capacidad de aspirar a tanto. Sus negociadores deben ser realistas, ahora más que nunca, si aspiran a recuperar algún respaldo ciudadano y a llegar realmente a la reconciliación.
Es claro, pues, que para los representantes del Gobierno no queda otro camino que el de mantenerse firmes en su posición de que el proceso no puede desbordarse, y que solo se puede negociar lo contemplado en la hoja de ruta. Aceptar los nuevos vericuetos que las Farc plantean sería tomar el mismo camino de fracasos anteriores.
