La pobreza y la desigualdad son los principales obstáculos para que las mujeres de los países en desarrollo decidan el número de hijos que quieren tener.
El informe “Sí a la opción, no al azar”, publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), muestra que de 867 millones de mujeres que están en edad de procrear en el mundo, 645 millones tienen acceso a métodos de planificación familiar, pero el resto (40 millones más que en 2008) están en riesgo de tener embarazos no deseados o de recurrir a abortos en condiciones poco salubres.
Babatunde Osotimehin, director ejecutivo del Unfpa, afirmó durante la presentación del informe que estas cifras son “inexcusables” y que “la planificación de la familia no es un privilegio, es un derecho humano que se niega a demasiadas mujeres y a demasiados hombres”.
Pese a esto, las mujeres pobres, las minorías étnicas, los refugiados, los migrantes, los afectados por el VIH/sida y las niñas vulnerables a la violencia sexual en zonas de conflicto son los grupos más afectados por la ausencia de políticas de salud reproductiva que las beneficien.
Aún así, Colombia muestra grandes avances. Según el informe, el conocimiento sobre métodos es universal en todos los estratos socioeconómicos, en zonas rurales y urbanas. En total, el 73% de las mujeres de 15 a 49 años emplean anticonceptivos modernos.
Sin embargo, la desigualdad se convierte en una barrera para la planificación familiar del país. El 75% del acceso a métodos anticonceptivos es para las mujeres con mayor riqueza, mientras el 67,5%, para las de menor.
Tania Patriota, representante del Unfpa en Colombia, atribuye esto a la falta de información, a barreras culturales en las familias, a condiciones geográficas que dificultan el desplazamiento hacia centros de atención y, en menor medida, al costo de los métodos que, según la funcionaria, deberían ser gratuitos.
Patriota sostiene que aumentar el acceso a la planificación es una gran inversión: “se logra una reducción de la pobreza, ya que las familias pueden adaptar el número de hijos a su nivel económico; mejora la salud de las mujeres y su probabilidad de ingresar a la fuerza laboral es mayor”.
El Informe sugiere que es necesario agregar US$4.100 millones para satisfacer las necesidades actuales y muestra preocupación porque han disminuido los recursos financieros destinados a la planificación.
Lo anterior abre el dilema de si un aumento de recursos para promover el uso de métodos anticonceptivos es la estrategia más idónea para promover el desarrollo de los países.
Luisa Cabal, directora del programa internacional del Centro de Derechos Reproductivos, dice que los gobiernos no deben basar sus políticas de desarrollo en proveer más servicios de planificación familiar. “El empoderamiento de las mujeres mediante el acceso a la educación, al mercado laboral y a la posibilidad de tomar decisiones sobre sus vidas reproductivas tiene un efecto mucho más positivo”, sostiene.
El informe plantea que los gobiernos deben eliminar los obstáculos que se oponen a la planificación voluntaria, reducir la cantidad de embarazos no deseados y de abortos, incluir la anticoncepción de emergencia y motivar la participación de los hombres en la planificación de la familia.
Por su parte, Luis Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia, dice que Colombia debe promover la educación sexual de forma más temprana y disponer de personas jóvenes que presten asesoría a los adolescentes en temas reproductivos.
Cabal, en cambio, cree que el Gobierno tiene que monitorear las condiciones en que se da la oferta de métodos. “La clave es cómo el Estado invierte recursos en garantizar el acceso a las poblaciones con mayor vulnerabilidad, particularmente a las adolescentes”, concluye.
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