En un comunicado público fechado el 2 de abril en La Habana, en el que Iván Márquez, jefe de la delegación de las Farc en los diálogos de paz con el gobierno Santos, dice que “la política no puede reducirse a la práctica de sacarse los trapos al sol, ni a disparar contra la reconciliación”, en referencia a las críticas de los expresidente Álvaro Uribe y Andrés Pastrana al proceso, se hace referencia a un tema fundamental que hasta el momento ha estado a la sombra pero que todos en la mesa saben que tarde o temprano habrá que abordar: el papel de Estados Unidos en el punto de negociación sobre el narcotráfico.
“Debemos reconocernos recíprocamente como partes de un conflicto. Resolvámoslo sin el plomo de las palabras, sin injerencias extranjeras, y si las hay, que sean para ayudarnos a alcanzar la paz, no para incendiar el país o imponerle trabas jurídicas a la posibilidad de acabar con la guerra. La fuerza irresistible de la movilización social por la paz, será fundamental para tener patria”, escribe Iván Márquez, en una primera puntada sobre el espinoso asunto. De hecho, lo que se dice es que desde el inicio mismo de los diálogos, el Gobierno sabía que debía contar con el aval o al menos mantener al tanto a Estados Unidos sobre los avances o eventuales acuerdos.
Y las razones pasan, precisamente, por el tema del narcotráfico y los posibles delitos cometidos por la guerrilla contra ciudadanos estadounidenses, como por ejemplo el secuestro de los contratistas que fueron liberados en la Operación Jaque, e inclusive la muerte de los indigenistas asesinados en febrero de 1999. “De nada sirve adelantar un proceso de paz con las Farc y hablar de narcotráfico y justicia, sin enterar a los norteamericanos. Su palabra es importante en esto. Y qué ganamos con desmovilizar a la guerrilla si al otro día sus jefes son susceptibles de ser extraditados”, le dijo a El Espectador una fuente cercana al proceso.
Asimismo, se sabe que son muchos los procesos judiciales que cursan en las cortes federales contra la cúpula de las Farc. Por eso, la Fiscalía General de la Nación ya ha comentado en Estados Unidos aspectos relacionados con estos temas y, a través de su embajada en Bogotá, se mantiene permanentemente informado al gobierno norteamericano de las incidencias del proceso. Eso sí, el gobierno Santos les ha hecho saber a los negociadores de la guerrilla que desde ningún punto de vista es negociable la extradición ni una eventual legalización de la droga, como han pretendido algunos sectores.
Lo cierto es que se siguen buscando salidas jurídicas. Ya las Farc advirtieron que no están dispuestas a pagar ni un día de cárcel si firman la paz. “Es entendible —dijo la fuente— que digan eso. Las autodefensas también lo expresaron. Pero la extradición es un arma muy fuerte y la guerrilla lo sabe, sobre todo por los casos de Simón Trinidad y Sonia, que siguen siendo cartas en la negociación”. Por eso hay voces cercanas al proceso que han hablado de una amnistía general (incluyendo a miembros de la Fuerza Pública) para subsanar el tema, de tal manera que los jefes guerrilleros puedan evitar la extradición.
Por supuesto, todo ese esfuerzo jurídico tendría una contraprestación y sería que las Farc se comprometan efectivamente a la sustitución de cultivos en las zonas de su influencia —punto que al parecer hace parte de la propuesta de desarrollo agrario que aún se concerta—; una opción susceptible de debate y que no es nueva, pues en los diálogos del Caguán ya fue puesta sobre la mesa por parte de Fabián Ramírez, uno de los jefes guerrilleros al que se le atribuyen nexos con el narcotráfico. Lo que queda claro es que los acuerdos a que lleguen Gobierno y Farc siguen estando bajo la lupa de Estados Unidos.
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