Lo que hace falta ahora es que el Gobierno no se deje amilanar, y muestre más determinación, inclusive apelando a emergencias para resolver los problemas que no resisten espera.
La tormenta perfecta a la que hacía referencia la revista Semana, refiriéndose a la situación política que enfrentaba el Gobierno, hubiera sido una descripción más precisa de lo que ha tenido que enfrentar este la semana en curso. Siete días antes, la coyuntura se asemejaba más a una tempestad en un vaso de agua que a una tormenta. Los gobiernos pasan siempre por períodos de baja popularidad y reciben golpes de la oposición, pero difícilmente estaba este gobierno en una situación crítica o en peligro de perder el control.
A todos les hacen marchas campesinas y paros que paralizan el transporte. En un país con tres carreteras, eso no tiene dificultad. La rebelión cafetera, hábilmente secundada por dos fuerzas de oposición al Gobierno opuestas entre sí, ha resultado más difícil de manejar porque afecta a un mayor territorio, por la vehemencia de la protesta, que no es inusual en peleas de familia (el Presidente y los ministros que asisten al comité de cafeteros provienen del riñón del gremio). Pero no difiere mucho de las protestas de campesinos que tuvo que soportar el expresidente Uribe cuando, con megáfono en mano, los enfrentaba desde un puente en algún lugar del Valle. Nadie dijo entonces que el Gobierno estaba en crisis o que los ministros no tenían contacto con el pueblo, sino que eran viceministros.
Vale la pena analizar qué está haciendo el Ejecutivo para haber provocado semejante andanada, primero de la prensa y los medios de comunicación, y ahora de la base popular de un gremio amigo, que ya no reconoce a quienes tradicionalmente la representaban.
Al presidente Santos no se le puede atribuir directamente la decadencia de la caficultura y de sus instituciones, mucho más débiles ahora que en el pasado. Como ya no cuentan con los activos y la riqueza que no supieron conservar sus directivos, dependen ahora del Estado para financiar las aspiraciones y demandas de sus agremiados. Pero, a diferencia del Fondo Nacional del Café de antaño, el Estado debe atender muchas otras necesidades, y no tiene cómo dejar a todo el mundo incólume cuando inesperadamente sucede algo perjudicial, ni le puede poner un subsidio a cada sector por justificadas que sean sus demandas.
Aunque el Gobierno ha sido lento en la ejecución, no ha sido inoperante. Lo hemos criticado por no tomar decisiones rápidamente y por haber sido demasiado obsecuente con la clase política y con los jueces, como sucedió en la fallida y mal concebida reforma de la justicia o en la ley que les permite a los congresistas votar impunemente medidas que los favorecen. Pero no se puede desconocer que ha tomado grandes riesgos políticos y que, valerosamente, ha asumido la responsabilidad de resarcir parcialmente a los campesinos y a las víctimas de la barbarie y la violencia. También ha emprendido importantes reformas con relativo éxito y está a punto de emprender otras.
Esta administración se ha puesto deliberadamente del lado de los sindicatos, de las víctimas y de los campesinos y ha pisado muchos callos. Ha asumido el riesgo y la responsabilidad de negociar otra vez con la guerrilla, lo cual le ha costado la oposición feroz de quienes pensaban que no se atrevería a hacerlo y de los que le temen a un acuerdo sobre la tierra que los afecte. El deterioro de la seguridad que se le atribuye venía de atrás, muy notablemente por el narcotráfico y por el surgimiento de las bandas criminales residuales del paramilitarismo, que controlan varias regiones.
Lo que hace falta ahora es que el Gobierno no se deje amilanar y muestre más determinación, inclusive, apelando a emergencias para resolver los problemas que no resisten espera o demoras contractuales inexplicables.
