War Child investigó el conflicto armado en la ciudad portuaria más importante del país durante 2013. Encontró que el descuartizamiento de animales es una práctica que tiene origen en el asesinato y desmembramiento de personas por parte de las bandas criminales los Urabeños y la Empresa.
No sólo han sido prácticas de terror infundadas en los niños, sino que el conflicto ya forma parte de la vida cotidiana: “Cuando hay un enfrentamiento los niños no corren: juegan con armas de palo, juegan a enfrentamientos, a corretear por debajo de las casas. Antes hacían barquitos o lanchas, ahora hacen armas de palo. Esto se presenta en niños de 4 a 5 años”, dice una líder comunitaria.
La fundación comprobó que existe reclutamiento por parte de las bandas criminales en los barrios de bajamar: “Se les hace un pago que oscila entre $200 mil y $700 mil. También les dan ropa, zapatos y les enseñan a manejar motos. En estos adolescentes se presenta un alto consumo de sustancias psicoactivas, relacionado con las actividades que deben asumir para ejecutar asesinatos y descuartizamiento de personas”.
Las zonas de riesgo de reclutamiento que han identificado las autoridades son el barrio Caldas, Seis de Enero, Unión de Vivienda, Vista Hermosa, Independencia Nayita, El Triunfo, Nueva Granada y Punta del Este. En estos lugares es común encontrarse con “chancleteros”, como son conocidos los niños entre los 9 y los 13 años que hacen “mandados” para las bandas criminales o “campaneros”: los niños que vigilan los barrios desde las esquinas.
Un niño de 9 años admitió ante la ONG que hacía parte de las bandas: “Mi tío es Urabeño, él me ha mostrado las municiones, a veces me presta las armas, pero yo no sé dispararlas. Lo que no me gusta es que me lleve a la casa de ‘pique’, me da miedo”. Sin embargo, son muchas las familias que prefieren irse de la ciudad; según el Registro Único de Víctimas, desde 1999 hasta noviembre de 2013, 129.981 personas salieron desplazadas de Buenaventura. El 40% de esta población corresponde a niños y niñas.
El director general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Marco Aurelio Zuluaga, le dijo a El Espectador que desconoce los casos denunciados por War Child y que la entidad “está invirtiendo $100 millones diarios en Buenaventura. Hoy atendemos el 70% de la población entre 0 y 5 años. que vive en la ciudad. Ante la crisis actual vamos a empezar a trabajar con los adolescentes para reconstruir los tejidos familiares. Estamos definiendo $3.900 millones para el proyecto”.
En lo corrido de 2014 el ICBF ha reportado 766 casos de violencia infantil, en donde 437 tienen que ver con problemas de cuidado (ver infografía). La entidad invirtió $30.586 millones el año pasado para la atención de 68.302 niños, niñas y adolecentes. De la población atendida por la entidad, 27.495 son niñas y niños menores de 5 años.
Las denuncias durante 2014 han ido en aumento. Desde el 1° de enero hasta el 6 de marzo se han presentado 88 denuncias, de las cuales 25 están relacionadas con maltrato y 8 con abuso sexual. Durante 2013 fueron registradas 381 denuncias, 110 correspondieron a maltrato. Además, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, hasta el 18 de marzo de este año, tres niños entre 0 y 14 años perdieron la vida.
Otra consecuencia del conflicto es el desplazamiento intraurbano, que como lo contó este diario en la edición del domingo, es un escenario que toma fuerza por los megaproyectos que adelanta el Distrito en las zonas de bajamar. Cuando suceden desalojos, explica el informe, “la población infantil y adolescente se enfrenta a un espacio físico diferente al que habitaba antes, y debe compartir habitaciones o casas temporales con su núcleo familiar y otras familias en condiciones de hacinamiento. Los espacios que han sido representativos para recrearse o desarrollarse se ven reducidos o desaparecen por completo”.
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