El viceministro de Defensa defiende el proyecto que reforma Código Penal.
El viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Jorge Enrique Bedoya, asegura en entrevista con EL TIEMPO que el proyecto que acaba de presentar el Gobierno –que reforma el artículo sobre quienes insisten o participen en bloqueos en medio de manisfestaciones– tiene como prioridad combatir el microtráfico y la extorsión.
¿Cómo responde a las críticas de que van a criminalizar la protesta social con este proyecto?
Lo que buscamos, por el contrario, es mayor protección para los ciudadanos y mayores elementos para luchar contra la criminalidad. También nos enfocamos en el tema del microtráfico, en el tema de la microextorsión, en el tema de la creación de jueces y fiscales para los delitos y las capturas en flagrancia, en el tema del contrabando de combustibles y en el de la minería ilegal. Este proyecto va mucho más allá de un pequeño inciso, de unas cosas que seguramente se discutirán y se debatirán en el Congreso.
Pero, partidos como el Polo incrementaron las críticas…
Si se lee bien el proyecto, quienes hacen estas críticas se darán cuenta que aquí no se está criminalizando la protesta, que el Gobierno la protege, por supuesto la permite porque es una manifestación lógica de nuestra democracia. Pero una cosa muy distinta a la protesta social es obstaculizar las vías y vulnerar derechos fundamentales de los colombianos como la vida, la salud, la alimentación y la movilidad. Aquí lo único que se está haciendo es tener nuevas herramientas para cuando se generen hechos delictivos, que ya son considerados así por la ley colombiana, el Estado tenga más y mejores herramientas para proteger a los ciudadanos.
¿Por qué decidieron quitar la palabra ilícito en el artículo que habla sobre los bloqueos?
Lo menos relevante en esta discusión es ese tema. Lo más importante es cuáles son las preocupaciones de los colombianos. Hoy tenemos el fenómeno de la microextorsión, del microtráfico, de la venta de estupefacientes.
¿Cómo los van a combatir?
Tenemos dos herramientas la primera es que estamos cambiando el delito de la microextorsión proponiéndole al Congreso que deje de considerarse como un delito al patrimonio económico y sea un delito contra la autonomía personal. Eso implica que el ciudadano de a pie, desde el momento mismo que lo empiezan a llamar o lo visitan en su tienda para extorsionarlo, ya están vulnerando su autonomía personal. Eso quiere decir que la tentativa de extorsión se elimina y los delincuentes que se dediquen a este delito van a recibir todo el peso de la ley y de las autoridades. Y en el tema del microtráfico hay tres agravantes: si se llega a vender estupefacientes dentro o cerca a colegios, si se utilizan fachadas comerciales para la venta de estupefacientes en estas mínimas cuantías y tercero si se simula la adicción o si simula la dosis mínima. Porque hoy la misma persona va y viene diez o quince veces diciendo que lleva la dosis mínima.
REDACCIÓN JUSTICIA
juamer@eltiempo.com
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