El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, denuncia que no le han entregado la plata para pagar los defensores públicos.
El 27 de septiembre del 2010, cuando el Gobierno radicó el proyecto de la Ley de Víctimas, el presidente Juan Manuel Santos hizo una de sus grandes confesiones. “Lo digo claramente: si logramos pasar esta ley, y cumplirla, en beneficio de todas nuestras víctimas, ¡si sólo hacemos esto!, habrá valido
la pena para mí ser presidente de la República, y para ustedes ser congresistas”.
Hoy, casi dos años y medio después de la histórica declaración, la Defensoría del Pueblo advierte que no tiene dinero para pagar a los abogados que representarán a las víctimas. La entidad señala que la anterior administración de la Defensoría cometió fallas, pero asegura que el Ministerio de Hacienda busca los recursos financieros.
Semana.com habló con el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, sobre lo que él considera “un retraso en la aplicación de la Ley de Víctimas”.
Semana.com: ¿Qué está pasando con los abogados defensoresde las víctimas del conflicto?
Jorge Armando Otálora: Estoy pegando el grito en el cielo porque no se nos ha girado el presupuesto para los 350 funcionarios de planta que se vincularían por nómina y los 1.300 defensores que asesorarían en la aplicación de la Ley de Víctimas y representarían a cada una de esas personas.
Semana.com: ¿ y qué le ha dicho el Gobierno?
J. A. O.: El Ministerio de Hacienda dice: ‘Ustedes no han cumplido la primera etapa, pues no les vamos a dar la segunda’. La Ley de Víctimas estableció tres etapas para la Defensoría: en la primera (2011) se contratarían 255 funcionarios de planta, en la segunda (2012 y 2013) serían 355 empleados más y 1.300 defensores públicos, y en la tercera, en el próximo año, se habilitarían 250 funcionarios.
Semana.com: ¿Y qué falló en la primera etapa?
J. A. O.: Hay varias responsabilidades. No voy a señalar personas, pero la misma Defensoría incurrió en no saber cómo plantear el tema presupuestal y de ahí los graves problemas que estamos denunciando. A la entidad se le creó una planta de 255 funcionarios, pero no se cumplió con ese presupuesto, no se vinculó ese número de personas. Mejor dicho, no se cumplió con la ejecución del dinero.
Semana.com: ¿y entonces dónde están esos recursos?
J. A. O.: La plata está ahí, no se gastó ni se perdió. Es una plata con destinación exclusiva. Si no se vinculan personas, no se gasta y hay que devolverla, y la sanción es que lo que se devuelve no se da a la entidad para el próximo año.
Semana.com: ¿Qué ocurrió durante la administración de Vólmar Pérez?
J. A. O.: Algunos de los nombramientos de los 255 funcionarios se hicieron pero no. Es decir, sí se creó un cargo grado 19, pero lo que hicieron fue ascender a un cargo de grado 17, pero abajo quedó el hueco. No se cumplió con la tarea de nombrar a los 255 funcionarios. Tiempo después de llegar a la Defensoría, en diciembre, alcancé a contratar a 130 personas, para podernos gastar la plata.
Semana.com: Si falta por contratar a los 1.300 abogados de las víctimas, el proceso está retrasado…
J. A. O.: Sí. Esa es la gran preocupación. Las entidades nos exigen que les pongamos un número de defensores públicos. Es el caso del Ministerio de Agricultura, que requiere defensores públicos para que se desempeñen como representantes en el tema de tierras. No tenemos ese número de abogados porque no se han vinculado, porque no tenemos el presupuesto. Lo mismo ocurre con el tema de víctimas.
Semana.com: ¿A dónde ha llegado su denuncia?
J. A. O.: Al Congreso y a los ministerios de Hacienda y Defensa. Han sido receptivos.
Semana.com: ¿Está en marcha una solución?
J. A. O.: Tengo que reconocer que el Gobierno ya entendió la problemática. El Ministerio de Hacienda está mirando cómo se generan los recursos, si no es la totalidad, porque entendemos que el presupuesto del año ya fue aprobado. Ojalá que, por lo menos, se encuentren los recursos mínimos para generar una primera vinculación de personal.
Semana.com: ¿Cuánto dinero necesita la Defensoría?
J. A. O.: Estoy reclamando permanentemente por un déficit de 72.000 millones de pesos. Es para ya cuando se necesitan los defensores públicos.
Semana.com: ¿Cuánto dinero se le entregó a la administración de Pérez?
J. A. O: 5.000 millones de pesos. En ese monto no venía el paquete de defensoría pública.
Semana.com: ¿Se ha tomado alguna medida frente al caso?
J. A. O.: La Contraloría le hizo control de advertencia al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por el tema presupuestal para la Defensoría, en lo que se refiere a la Ley de Víctimas.
Semana.com: ¿Qué opina de que este retraso se esté dando en el que era el proyecto de ley bandera de Santos?
J. A. O.: Tengo entendido que la Ley de Víctimas tiene una inversión de 55 billones de pesos. De ahí la ambición del proyecto, que generó una convocatoria de 44 entidades. ¿Cómo lograr la administración de una iniciativa en la que se juega el rumbo de tantas víctimas?
Semana.com: Se puede decir que la Defensoría es la cenicienta del paseo…
J. A. O.: En comparación con los otros organismos de control, presupuestalmente la Defensoría se ha quedado congelada. En todos los escenarios en los que debería crecer se quedó estática. Llegó el momento de pensar en ese tema porque los derechos humanos son la columna vertebral de un Estado decente.
La Defensoría solo tiene 1.296 funcionarios para atender el tema de los derechos a nivel nacional, y 2.800 abogados para suministrarlos a las personas que no tienen recursos y están vinculados a un proceso penal.
El 16 de marzo presentaremos un proyecto de facultades extraordinarias para que el Gobierno Nacional modernice y reestructure esta entidad. La idea es que en junio esa ley esté aprobada.
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