En el documento, conocido por EL TIEMPO, se destaca que la ley representó un acontecimiento jurídico y político sin precedentes en la historia del país, dado que reconoció la existencia de un conflicto armado y de todas las víctimas, independientemente del agente perpetrador.
Señala que, de acuerdo con las cifras de la Red Nacional de Información (RNI) que administra la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con fecha de corte a primero de mayo del 2014, Colombia tiene un universo de 6’431.981 víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) del Gobierno Nacional. Además, se tienen registros de 7’364.378 hechos victimizantes y de 5’576.168 víctimas de desplazamiento forzado.
La CSML señala que «persisten los problemas de coordinación Nación-territorio en la mayoría de los municipios y departamentos del país, especialmente frente a los requerimientos de las víctimas ya que no siempre está garantizado el acceso a la información; las administraciones locales no entregan la información solicitada por las víctimas; no hay acompañamiento de los entes territoriales y los Comités de Justicia Transicional sesionan sin convocar al delegado de las mesas departamentales».
En cuanto al RUV, el informe advierte que este registro es una de las «mayores dificultades presentadas a lo largo del 2012 y parte del 2013 en cuanto ha sido el represamiento en las valoraciones», que todavía no se ha superado.
Otro de los puntos sobre los que muestra preocupación es sobre el tema de la educación. Allí señalan que hay «obstáculos que impiden brindar una educación incluyente y de calidad a toda la población, y en especial a las víctimas, y que aún no han sido superados».
«Es fundamental revisar que los requisitos para acceder a los créditos educativos no se conviertan en obstáculos infranqueables para las víctimas; así como que la oferta no se concentre en las capitales de departamento, sino que tenga en cuenta las necesidades de las zonas apartadas del país», dice el informe.
Sobre la garantía de no repetición, a la Comisión le preocupa la dificultad para alcanzar garantías de no repetición en el actual contexto colombiano, dada la presencia de actores armados que amenazan, intimidan e incluso siguen asesinando a las víctimas. Sin embargo, destaca que «el eventual éxito del proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional y la consiguiente firma e implementación de un acuerdo de paz, constituiría la principal y mayor garantía de no repetición».
Acerca de la política de restitución de tierras, advierten que para materializarla se requiere del avance de la política de desminado humanitario. «El Estado ha realizado un esfuerzo importante para poner en marcha la acción integral contra minas pero el desminado humanitario requiere de un diseño especial que busque optimizar los procesos operativos en apoyo de la política integral a víctimas», se lee en el documento.
Además el texto señala que existe preocupación porque existen diversas zonas rurales y urbanas en las cuales, grupos armados ilegales como ‘los Urabeños’ y ‘los Rastrojos’ serían los responsables de desplazamientos forzados, intimidaciones y de homicidios en contra de reclamantes de tierras y sus líderes.
El informe destaca que en los tres últimos años se han logrado avances en la atención a las personas y familias víctimas de desplazamiento forzado, pero reitera que no ha sido suficiente.
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