Como es por todos conocido, el antecesor de Juan Manuel Santos es hoy la cabeza más visible y beligerante de la oposición, algo que en sí mismo no tiene nada de reprochable. Al contrario, cualquier democracia debe evitar unanimismos, y para esto es preciso fomentar espacios y reglas para que permanentemente tenga lugar una sana confrontación de opiniones, para que existan contrapesos dentro, pero también fuera del Estado.
Y aunque desde estos mismos renglones se le ha reprochado la forma como ha lanzado sus dardos, con un tono y unos términos que lesionan la dignidad del cargo que ocupó, nada le impide a Uribe -al contrario, la Constitución lo faculta- ser un pugnaz contradictor del actual gobierno. Es de su albedrío asumir los costos tanto como los beneficios de desmarcarse de tan radical forma del rol que tradicionalmente habían desempeñado los exmandatarios en el país.
Pero tal postura no puede estar exenta de reglas, las que fija la Carta Política y que se aplican para cualquier ciudadano, y otras tantas, no escritas, por cuenta del sentido común. Revelar información confidencial de las Fuerzas Armadas y utilizarla para atizar ánimos políticos es un proceder inaceptable, y más viniendo de alguien que, por haber ocupado la máxima magistratura, es plenamente consciente de lo neurálgico de estos datos y de las consecuencias que puede acarrear su filtración.
Desde luego que habrá que investigar y sancionar a quien en el Ejército, cometiendo grave falta, haya transmitido información secreta. Pero hay que ser claros en que el expresidente traspasó un límite. Un líder como él, que goza de notable popularidad, que sigue siendo referente de millones de colombianos cercanos a sus ideas, no puede permitir que la pasión con la que enarbola su visión de país empañe su sentido común y enviar, con sus actos, el peligroso mensaje de que en la política todo vale.
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