Sin mayores contratiempos y con una votación amplia a su favor, la Cámara de Representantes eligió el pasado martes a Jorge Armando Otálora nuevo Defensor del Pueblo para un período de cuatro años. El ex vicefiscal asume así el reto de darle nuevos bríos a una institución que a las claras necesita un revulsivo.
Para nadie es un secreto que en estos últimos años la Defensoría del Pueblo estuvo ausente de debates en los que su misión constitucional la obligaba no solo a tener un rol protagónico, sino la voz cantante.
La razón fue el papel en exceso prudente que asumió el defensor precedente, Vólmar Pérez, actitud que muchos atribuyen a ataduras partidistas que perjudicaron a una entidad obligada a construir su credibilidad precisamente sobre una independencia que la blinde contra los vaivenes políticos.
Fueron muchos los episodios en los que brilló por su ausencia la Defensoría. Durante escándalos como el de los ‘falsos positivos’ o el de las interceptaciones ilegales, hizo falta quién llevara la batuta en la defensa de los derechos humanos, razón de ser del organismo.
Por eso, no son de poca monta los retos que enfrenta el nuevo Defensor. Pero antes que a los escenarios puntuales que exigen su intervención, hay que referirse al que hoy se alza como el principal de sus desafíos.
Hablamos del liderazgo moral que tendrá que edificar desde el primer día para que sus intervenciones tengan eco, trascendencia y, sobre todo, la credibilidad necesaria para jugar un rol protagónico cada vez que sea necesario.
Recordemos que esta institución no tiene más herramientas que la persuasión -cuya efectividad está ligada a las virtudes morales de quien la dirija-, que debe utilizar tanto para orientar debates como a la hora de las denuncias.
Y si quiere que su voz recupere la resonancia perdida, Otálora deberá desde el primer día demostrar independencia de la politiquería y marcar sana distancia, en particular, de la coalición mayoritaria que lo eligió. Por el bien del Estado de Derecho, no puede estar en la misma órbita de otras ramas y debe servir de contrapeso efectivo que garantice el equilibrio de poderes. Es claro que una Defensoría con camiseta puesta, sea cual sea el color, es una Defensoría estéril. Su única militancia debe ser la de las causas de los más necesitados, la de la defensa inquebrantable de los derechos humanos.
Además de recomponer el funcionamiento interno de la entidad según denuncias presentadas el mismo día en que se produjo su elección, Otálora tiene un buen número de tareas. Por ejemplo, frente a las licencias mineras y a las consultas previas con las comunidades, deberá velar para que se cumplan los términos que fija la ley y existan plenas garantías para todos. En materia de ley de víctimas y restitución, también será vital el apoyo que pueda dar en las reclamaciones de quienes en su momento fueron despojados. Las reivindicaciones de los pueblos indígenas son otro reto que no da espera y en el que tiene mucho que aportar para continuar por la senda de la conciliación y el entendimiento.
De igual forma, deberá garantizar que los funcionarios que han cumplido una buena tarea en las dependencias regionales puedan continuar.
Pero nada de esto será posible si Otálora no procura desde el primer día ser fiel al espíritu de su cargo. Debe saber que su orilla es la de la gente y que si algo esperan los colombianos de su gestión es que sus prioridades y sus causas sean las mismas que las del pueblo. Que estas no pueden verse en ningún momento opacadas por la sombra de sus propias ambiciones.
