La lucha por el control de las rutas del narcotráfico y la minería ilegal ha concentrado la disputa y presencia de las bandas criminales en al menos ocho departamentos del país.
En esa cifra coinciden los reportes de las ONG y del Ministerio de Defensa sobre la presencia real o activa de estos grupos armados, que en este año se han hecho sentir por su violencia.
«Esas bandas, que eran prácticamente ejércitos que dominaban buena parte de territorios completos con un único mando y control, ya no quedan. Eso es lo que está ocurriendo en varios municipios. Se estima que en el 90 por ciento del país no hay bandas criminales», dijo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el sábado pasado.
La Corporación Arco Iris, que le hace seguimiento al conflicto en varias regiones, asegura en un reciente estudio que en 228 municipios de ocho departamentos las bandas tienen presencia directa.
«Pero no se puede decir que solo están allí. Lo que hay que identificar es la presencia pasiva que tienen en distintas regiones y en ciudades capitales, como Cúcuta, Medellín y Santa Marta, donde la situación se puede calificar como crítica», afirma Ariel Ávila, uno de los investigadores de Arco Iris.
«Todos nos equivocamos si nos ponemos a cuantificar la presencia. Por ejemplo, en un municipio como La Dorada (Caldas) no hay estos grupos, pero las visitas de campo demuestran la vigilancia y sistemas de información que tienen para identificar a víctimas de extorsión o posibles enemigos», indica Jorge Restrepo, director del Centro de Estudios para Análisis de Conflictos (Cerac).
La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha advertido al Ministerio de Defensa sobre la necesidad de combatir a las bandas como grupos armados ilegales «que tienen estructura y mando unificado», como lo ha dicho el defensor, Jorge A. Otálora.
Lo cierto es que el ministro Pinzón insiste en que «el país ya no tiene este tipo de bandas criminales que delinquen bajo la unidad».
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