Organismo sentó su voz en uno de los peores dramas del conflicto colombiano: las minas antipersona.
Este martes, al recibir una donación de la embajada de Japón en Colombia, Carl Case, Coordinador del Programa Contra las Minas Antipersonal de la Organización de Estados Americanos (OEA), le pidió a las Farc que digan dónde están los campos minados que han dejado sembrados en el país.
“Yo creo que ese es un aspecto bien importante de cualquier diálogo con los grupos al margen de la ley, antes o después de algún acuerdo es muy importantes que ellos contribuyan al conocimiento de las aéreas minadas que ellos han sembrado. Creo es un aspecto sumamente importante en ese proceso”, dijo Case.
El evento, en el que participó el Ministerio de Defensa y el director del Programa Presidencial para la Acción Integral Contra las Minas Antipersonal, Daniel Ávila, la OEA recibió la donación de 2 vehículos y siete máquinas pesadas que la embajada de Japón entregó para que avancen el desminado humanitario en las zonas críticas, como Antioquia y Norte de Santander, donde las minas dejan a diario víctimas, sobre todo civiles.
Pero más allá de los equipos, el mensaje de los organismos fue sellar una alianza con la comunidad internacional para denunciar y poner los ojos del mundo en el caso de Colombia, que por su situación, no alcanza a cumplir los objetivos de la convención de Ottawa para 2020, que busca que el país no tenga minas para esa fecha.
“Consideramos que el tema de la seguridad humana es muy importante. Nosotros recién hemos tenido una gran tragedia causada por un desastre natural. Pero por otra parte yo veo que ustedes aquí en Colombia siguen teniendo un problema a causa de minas antipersonales. Japón y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés) hemos extendido una cooperación técnica”, aseguró el embajador nipón, Kazuo Watanabe.
Desde hace tres años, el país asiático se ha preocupado por contribuir a las víctimas de las minas. En Valle del Cauca y Antioquia funcionan programas de educación para campesinos sobre cómo detectar los artefactos, prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario. También, con los dineros de las donaciones se han logrado fortalecer los programas de rehabilitación para los heridos, obligados a usar prótesis.
“La entrada de organizaciones civiles en el proceso de desminado va a aumentar la capacidad nacional porque estamos hablando de organizaciones civiles que trabajan con colombianos”, agregó Carl Case.
REDACCIÓN JUSTICIA
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