Según la información recibida por la ONU y la Defensoría, las amenazas provendrían de personas relacionadas con la maquinaria pesada.
”Los líderes y sus comunidades han dialogado con las autoridades sobre este tipo de minería, y han adelantado acciones para proteger los territorios y sus derechos. A pesar de ejercer exigencias legítimas, todas estas personas están en peligro, porque se han multiplicado las amenazas de muerte, tanto a nivel colectivo como individual”, señala un comunicado.
La Defensoría y la Oficina para los Derechos Humanos informaron que han seguido con preocupación una serie de situaciones relacionadas con actividad minera realizada con maquinaria pesada, sin títulos y sin haber realizado procesos de consulta previa, libre e informada, con consejos comunitarios y cabildos indígenas, en particular, en la zona norte del departamento del Cauca.
La actividad minera está generando graves afectaciones como la vulneración de los planes de vida de las comunidades, la contaminación ambiental; la ruptura del tejido social, y riesgos para quienes ejercen barequeo.
Además han sido denunciados casos de violencia sexual y explotación infantil.
El organismo internacional y la Defensoría recordaron que en el 2009, el consejo comunitario de La Toma, que desde época ancestral practica minería de tipo artesanal, fue amenazado de desalojo debido al otorgamiento a privados de concesiones, sin consulta previa.
La Corte Constitucional, por medio de su sentencia 1045-A del 2010, y basándose en el derecho a la consulta previa, libre e informada, ordenó a las autoridades competentes, abstenerse de otorgar o suspender (según el caso) las licencias de explotación minera hasta tanto se realizara, de manera adecuada, la consulta previa.
La ONU y la Defensoría calificaron como grave que pese a la decisión de la Corte, se esté realizando minería con maquinaria pesada, creando tensiones muy altas que ya produjeron amenazas y desplazamientos forzados de miembros de la comunidad.
No obstante, reconocen varias medidas adoptadas por autoridades locales, como la declaratoria del estado de emergencia ambiental en las zonas hidrográficas Cauca y Patía.
“Recordamos que en esta resolución se ordena la suspensión de la expedición de permisos, concesiones, licencias, autorizaciones o conceptos ambientales, para el desarrollo de proyectos, obras o actividades de minería en el departamento del Cauca, a fin de constatar que ellas no estén produciendo afectaciones ambientales”, agrega el comunicado.
La Defensoría y la Oficina llamaron la atención por la necesidad de que todas las autoridades competentes adopten e implementen medidas integrales para la protección de los derechos de las comunidades afectadas y del medio ambiente.
Asimismo, solicitaron a la Unidad Nacional de Protección adoptar medidas “individuales y colectivas, con enfoque diferencial y de género, para las comunidades y sus representantes”
Finalmente, la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU y la Defensoría instaron a Fiscalía General de la Nación a que investigue las intimidaciones y amenazas en contra de los líderes de esta comunidad así como exigieron a la Procuraduría General de la Nación investigar posibles acciones y omisiones de las autoridades competentes en la región.
