En un plazo de 48 horas la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio de Relaciones de Exteriores deberán cumplir con lo establecido en la medida judicial.
El juzgado primero administrativo de oralidad del circuito de Bogotá le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio de Relaciones Exteriores restablecer el esquema de seguridad al abogado Jorge Molano Rodríguez en un plazo de 48 horas después de la notificación del fallo. (Ver Defensa de familiares de desaparecidos del Palacio denuncian falta de garantías)
En la decisión judicial se avalaron los argumentos esgrimidos por el jurista, quien hace parte de la Corporación Sembrar, frente a los hechos que hacen referencia a su seguridad personal y profesional. El pasado 1 de octubre el personal que le había sido asignado le manifestó que la empresa que había sido contratada para su protección finalizó el contrato para la labor.
En su solicitud se indica que no existió una respuesta oficial para el desmonte de su esquema de protección, la cual había sido solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 2001. “Adelantando la representación judicial de víctimas de crímenes de Estado en Colombia son difíciles regiones del país, actividades que le ha granjeado hostigamientos y amenazas en su contra”.
Igualmente se cita el estudio realizado por la Unidad Nacional de Protección el pasado 24 de mayo en el que se determinó el nivel de riesgo del abogado como extraordinario, hecho por el cual se le designó un esquema de protección. Sin embargo, argumentó el profesional del derecho, se presentaron una serie de irregularidades mediante el desmote gradual de dicho esquema afectando así su desplazamiento a otras ciudades del país ya que no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para ejercer su labor.
En el mes de septiembre las audiencias por ejecuciones extrajudiciales en las que están vinculados miembros del Batallón Contraguerrillas No. 57 ‘Mártires de Puerres’ tuvieron que ser aplazadas puesto que el jurista manifestó que no contaba con las garantías para su desplazamiento. Molano ha hecho además representación de la parte civil en procesos contra un grupo de militares por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas en la toma del Palacio de Justicia, así como la defensa de sindicalistas que fueron amenazados y víctimas de persecución por parte de agencias del Estado.
“Los hechos y las pruebas sumarias allegadas se puede inferir válidamente que existen indicios que indican que la amenaza que se cierne sobre los derechos fundamentales invocados es real y cierta, al punto que las mismas autoridades administrativas encargadas de su protección ha determinado que su nivel de riesgo es extraordinario”, resalta uno de los apartes del fallo. Igualmente las dos entidades demandadas tendrán que entregar un informe sobre los hechos descritos en la acción judicial.
