Frecuentes actos criminales están golpeando a esa región agroindustrial antioqueña.
La Diócesis de Apartadó lanzó la alarma sobre el progresivo deterioro de la seguridad y el avance de los grupos armados ilegales, con sus acciones criminales en un amplio territorio de Urabá, esa extensa franja del departamento de Antioquia, sobre el litoral atlántico, rica en producción agrícola, ganadera.
La Iglesia católica advirtió que en esa subregión antioqueña poco a poco se ha estado consolidando la presencia paramilitar a través de diversos grupos delincuenciales o pandilla, pero sobre todo es muy grave el continuo accionar de la banda criminal conocida como el Clan del Golfo, una agrupación que ha recibido distintas denominaciones a lo largo de su existencia desde la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y sus diferentes bloques.
El llamado de atención de la Iglesia centró su análisis en el hecho de que esos grupos, de cualquier denominación, están hoy ejerciendo “control bélico de tierras que son corredores estratégicos para el narcotráfico y la explotación de minería ilegal”, y ello lleva al incremento de la violencia y la inseguridad, la erosión de la tranquilidad en esa rica región agroexportadora.
Delitos como los homicidios, el desplazamiento, las extorsiones y amenazas, el narcotráfico y el microtráfico, el reclutamiento de jóvenes son la principal preocupación de las comunidades, de los estamentos e instituciones sociales, como la propia Iglesia.
Alerta eclesial
El obispo de Apartadó Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, denunció que ese deterioro de orden público en Urabá se configura con la presencia de grupos paramilitares y los ataques a la comunidad, y precisó que los asesinatos de los líderes sociales, que han ocurrido en Antioquia y Córdoba, no son de un país democrático, al tiempo que consideró “inaudito que reaparezca este fenómeno que se creía ya superado".
Advirtió que hay un "reagrupamiento acelerado del paramilitarismo", con el objetivo de ingresar a las zonas abandonas por las Farc. Por lo que advirtió que hay un control bélico de tierras que son corredores estratégicos para el narcotráfico y la explotación de minería ilegal.
"El control bélico de las tierras vinculadas con el fenómeno de las rutas del narcotráfico, unido a todo un sistema de delincuencia organizada alrededor de los cultivos ilícitos y el apoderamiento, a la vista de todo el mundo, de las regalías y del pago de impuestos. Control que sirve de aprestamiento para la explotación de la minería ilegal, la extracción de las riquezas de nuestros suelos y subsuelos y el arrasamiento del ecosistema. De esto último es ejemplo el desplazamiento de pobladores y comunidades en la zona de Ituango, frente a lo cual no hay una toma de posición humanitaria por parte del Estado", advirtió en el comunicado monseñor Torres Marín.
Calificó como atroz la forma en que silencia a los reclamantes de tierras, quienes son amenazados de muerte por parte de bandas criminales.
Denunció que la seguridad en los cascos urbanos también es lamentable, donde advirtió el aumento de bandas criminales juveniles.
"El incremento de las pandillas juveniles, que están invadiendo los grandes centros urbanos en Urabá, como Turbo, Apartadó, Nueva Colonia y Currulao, índice inequívoco de que estamos entrando en una macabra dinámica de delincuencia organizada que gira en torno al microtráfico y la extorsión a comerciantes, empresarios, personas de a pie y que acude a la justicia particular, al asesinato y a la limpieza social, generando desconcierto y pánico en todos los pobladores urabaenses", describió en el comunicado de prensa.
Ante este panorama el líder la Iglesia Católica, cuestionó al gobierno nacional sobre el futuro de las comunidades campesinas, quienes siguen viviendo el conflicto armado, porque no hay un control institucional del Ejército.
"¿Hay anuencia del Estado o es simplemente un descuido de las autoridades responsables de dar cumplimiento a lo pactado? ¿Hay simpatía estatal con estas formas ilícitas de dominio y manipulación de unos territorios de ancestrales dueños que el Estado no admite como poseedores legítimos? ¿Dónde queda lo de "pacta sunt servanda («lo pactado obliga»)?" No entendemos por qué se da esta situación, estos lamentables vacíos de autoridad. El gobierno nacional debe pronunciarse con claridad sobre estos asuntos que tanto daño hacen y que son causa fundante del descrédito que viene en aumento vertiginoso. Por lo menos la sospecha salta de inmediato", cuestionó Monseñor Torres Marín.
Por último le pidió al gobierno nacional que explique: "¿cuál es el papel de la sociedad civil en la subregión?, ¿qué es lo que nos toca hacer en medio de una situación cada vez más desconcertante? No podemos olvidar lo que ha ocurrido en el pasado y que amenaza con repetirse: la historia trágica del asesinato sistemático de tantas personas que se comprometen en un cambio social y político que, bien sabemos, se debe llevar adelante".
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