En el desarrollo de las ponencias, tanto Samper como Navarro coincidieron en que la militarización no ha dado los resultados esperados en materia de seguridad en Colombia: “Una de las cosas que nadie ha dicho, pero que es evidente, es la ineficacia del Estado para brindar seguridad. Toribío ha sufrido más de 400 ataques en los últimos 10 años, y todas las promesas de que va a haber seguridad no se han cumplido hasta ahora”, dijo el exsecretario de Gobierno de Bogotá, Antonio Navarro Wolff.
Y fue más allá: “Por ello, creo que el Estado debe aceptar un acuerdo para que la seguridad, especialmente en la cabecera de Toribío, la realice la Guardia Indígena. Que no haya Fuerzas Militares en esta cabecera”, lo que garantizaría, según él, dar un pequeño paso en concreto, antes de avanzar en una negociación de paz a nivel nacional. Por su parte, el expresidente Samper recordó que un primer paso fundamental es humanizar la guerra: “No estoy de acuerdo con el señor Fabián Ramírez, que dijo que hay que acabar la guerra pero no humanizarla. Hay que hacer las dos cosas”.
Samper fue contundente al decir que sería muy interesante que un proceso de reconciliación como en el que está empeñado el país comenzara por una región como el Cauca, “porque aunque la paz es un propósito nacional, su construcción tiene que hacerse regionalmente”. Así mismo señaló que se debe establecer una agenda humanitaria para sacar a la población civil del conflicto. Según el exmandatario, cuatro puntos resumen dicha agenda frente al tema del conflicto en el Cauca:
En primer lugar indicó que no cree que la conducta de los dirigentes indígenas que participaron en el desalojo de la base militar del cerro Berlín, en Toribío, sea judicializable. “Me aparto de los conceptos del procurador, que sostiene la teoría de la criminalización de la protesta social, porque hay unos factores de diversidad cultural que son reconocidos por la propia Constitución y que les dan a ellos la condición de no imputables. Ayer hablé con el fiscal general y él está comprometido con la tesis de que la conducta de los indígenas no es imputable y va buscar una fórmula dentro de los establecimientos legales para poder establecer esta condición”, reveló Samper.
El expresidente considera además que, respetando las normas del derecho internacional humanitario o utilizando los buenos oficios de una misión internacional, se podrían establecer áreas de protección humanitaria para que en ellas —las zonas de conflicto, que son nueve municipios, unos 4.000 kilómetros cuadrados— se lleve a cabo una experiencia piloto de centros urbanos con escuelas y hospitales, donde no se pudieran construir instalaciones militares ni establecer campamentos. “Los hechos de violencia de los últimos años prueban que de manera irresponsable se han construido en zonas que afectan a la población civil”.
“Habría que hacer un esfuerzo para que las Farc se comprometan a sacar a los niños de la guerra, porque está claro que seis de cada diez combatientes son indígenas y de ellos por lo menos la mitad son menores de edad”, agregó Samper. Finalmente, el expresidente se refirió al tema de los desminados y dijo que es responsabilidad de las dos partes: “No se pueden seguir utilizando las minas en los campos como un instrumento de guerra”.
Samper incluso propuso apoyar a las autoridades ancestrales para llevar un proyecto al Congreso que permita reglamentar la jurisdicción indígena que quedó pendiente desde la Constitución de 1991: “Hoy en día lo que tenemos es una especie de campo franco, que debe existir por razones étnicas, pero no está establecido cuáles son las competencias, las reglas de juego dentro de esas zonas, hasta dónde llegan las autoridades, cuál es el alcance, cuál es la jurisdicción indígena en estas zonas”, concluyó.
Frente a los planteamientos del expresidente y de Navarro Wolff, Aida Quilcué, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), insistió en que la desmilitarización de sus territorios, tanto de la Fuerza Pública como de las guerrillas, es para ellos un punto fundamental y recordó que el artículo 246 de la Constitución de 1991 delimita la jurisdicción indígena en Colombia: “Tenemos un reconocimiento donde los territorios indígenas son entidades territoriales. Y hay un reconocimiento en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas. Lo que hay que hacer es recoger esas herramientas jurídicas para reafirmar los derechos que exige la Constitución”, enfatizó Quilcué.
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