El panorama coincide con las múltiples advertencias sobre variaciones de los ciclos de lluvia como resultado del cambio climático con potencial para desencadenar prolongadas sequías. Una realidad que bien podría, luego de un análisis ligero, concluir que los pronósticos más fatalistas comienzan a cumplirse.
Por eso es mejor separar el trigo de la paja y establecer hasta qué punto estas crisis son responsabilidad de los designios de la naturaleza y hasta dónde estamos ante el resultado de una deficiente gestión estatal.
En el caso de Yopal, vemos que si bien la crisis fue generada por una contingencia climática, un derrumbe, todo lo que vino después han sido pasos en falso de las autoridades locales en medio de una región donde no es difícil acceder al agua. Al derrumbe le siguió la compra de una planta modular, inutilizable luego del colapso de uno de sus tanques. Esto obligó a que la Procuraduría acortara la rienda y ajustara el engranaje del gobierno local, que, con el acompañamiento del Gobierno Nacional, finalmente abriera la licitación del anhelado acueducto.
En la capital del Magdalena, por su lado, buena parte de la crisis obedece a la acelerada deforestación de la cuenca de los ríos Piedras y Manzanares. Aquí, la falla debe atribuírsele a la autoridad ambiental, que ha permitido la tala de árboles. También tiene su cuota el que las diferentes administraciones no hayan previsto que el acelerado crecimiento de la ciudad en los últimos años implicaría una mayor demanda de agua potable. En este sentido, no se dispuso de una fuente alterna de abastecimiento.
Como se puede ver, la combinación de adversas condiciones naturales y mala gestión de las autoridades locales es fatal. Alcaldes y gobernadores deben entender que su responsabilidad va mucho más allá de enterrar tubos y construir plantas de tratamiento, sin demeritar, ni más faltaba, la importancia de estas obras. Frente a los retos que plantea el cambio climático, es necesario responder en diferentes terrenos, sobre todo en el de la planeación; asegurarse de que los planes de ordenamiento territorial contemplen las reservas naturales, garantizar la protección de los acuíferos subterráneos y vigilar que las autoridades ambientales no bajen la guardia en la salvaguarda de las cuencas superficiales, comprar predios en estas zonas con lo que provenga del 1 por ciento del recaudo por concepto de impuesto predial que debe destinarse a este fin.
Tan decisivo como lo anterior es darles la importancia debida a los planes de contingencia, que obligan a identificar potenciales riesgos y las debilidades de los sistemas de abastecimiento y disponer de las mencionadas fuentes alternas. Aquí la responsabilidad recae sobre las empresas prestadoras del servicio, que tienen que trabajar en llave con las autoridades de cada municipio.
Es hora de que mandatarios locales entiendan que en estas circunstancias debe ser prioritario pensar el futuro de sus municipios en clave de adaptación. Esto quizás no dé grandes réditos a corto plazo, pero les dejará la tranquilidad de haberles cumplido a las nuevas generaciones.
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